Isabel Díaz Ayuso ha puesto su punto de mira en el dinero de las grandes fortunas de Latinoamérica. Su intención es atraer esos capitales a Madrid con importantes desgravaciones tributarias, es decir, que incrementa la sensación de que Madrid se va a convertir en el nuevo paraíso fiscal dentro de la Unión Europea.
Durante años, en la OCDE y el FMI, se está luchando para evitar una guerra de políticas fiscales entre los países a la hora de intentar llevarse las domiciliaciones de grandes multinacionales que sólo buscan obtener beneficios sin aportar nada al estado del bienestar de la ciudadanía. Países como Países Bajos, Luxemburgo, Portugal, Malta o Irlanda han conseguido atraer a grandes corporaciones tecnológicas o petroleras gracias a un régimen tributario que tiene elevadas exenciones y que funciona como un verdadero paraíso fiscal.
Sin embargo, la OCDE, un organismo al que no se puede denominar como comunista, aprobó, con la firma de la gran mayoría de sus países miembros, una tasa fiscal mínima del 15% para esas compañías. Lo que se pretendía con esta medida era, precisamente, evitar lo que está haciendo Ayuso con Madrid: que los países compitan con políticas fiscales que sólo benefician a los poderosos pero que tienen un impacto muy negativo en la ciudadanía.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, cargada de sectarismo y de ignorancia, afirmó querer atraer «un gran patrimonio harto de las políticas de acoso y derribo y de la asfixia fiscal al que es sometido en su país de origen». Si esos inversores, según la visión de Ayuso, quieren salir de sus países «se instala en Madrid, e invierte un millón en adquirir una participación minoritaria de una empresa madrileña, también se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal, que podrá repartir a lo largo de seis años».
Evidentemente, no es una referencia toda Latinoamérica, sino que las palabras de Ayuso se dijeron pensando en un país concreto: Venezuela. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ignora por completo la realidad de muchos miles de millones de euros que han llegado a Madrid de ese país y que son resultado de la corrupción y que esas operaciones de inversión inmobiliaria o compra de participaciones en empresas de Madrid han servido, en muchos casos, como elementos para el presunto blanqueo de capitales.
Ayuso ignora que, según indican multitud de informes policiales, el dinero que salió de Venezuela pasó primero por paraísos fiscales como Hong Kong y que fueron movidos a través de países como Irlanda, Liechtenstein, Portugal, Andorra, Belice, Luxemburgo, Panamá, Suiza o Rusia, por citar algunos, antes de terminar en cuentas bancarias domiciliadas en Madrid.
Ayuso ignora, como hacen determinados jueces españoles, que ese dinero procedía, según se insiste en diferentes investigaciones policiales y judiciales, de presuntas comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ayuso ignora que muchos de estos venezolanos, o familias venezolanas, llegaron a España después de haber trabajado para el régimen del país, es decir, que no salieron de Venezuela por una cuestión de oposición política, sino para vivir del dinero saqueado tanto de PDVSA como de otras actividades.
Ayuso ignora que hay múltiples procedimientos judiciales contra algunas de estas familias por estafa, blanqueo de capitales o administración desleal interpuestas por empresarios que tenían sus sociedades domiciliadas en la Comunidad de Madrid. Estas querellas están motivadas por, precisamente, la entrada de ese capital venezolano en empresas de distintos sectores que vieron cómo los acuerdos alcanzados con estos ciudadanos de Venezuela no se cumplían o que, directamente, una vez tomaban el control accionarial de las sociedades, estos venezolanos cambiaban el domicilio fiscal de Madrid a Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos o Liechtenstein, países miembros de la Unión Europea pero que funcionan como paraísos fiscales.
Por otro lado, Ayuso ignora que para la entrada de ese capital venezolano en España varias empresas españolas, domiciliadas en Madrid, intermediaron con esos empresarios, acción por la cual también están siendo investigados por diferentes órganos judiciales para, entre otras cosas, conocer el origen del dinero con el que cobraron sus servicios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede pretender que todos los que han salido de Venezuela lo han hecho por razones políticas. Muchos de los que ahora se pasean en coches de lujo, viven en las zonas más exclusivas de Madrid o alardean de una riqueza obtenida de la corrupción y del blanqueo de capitales fueron parte del régimen que ella tanto critica. Isabel Díaz Ayuso debería saber que ahora, para salvaguardar esas riquezas, muchos de esos ciudadanos se están acercando o están financiando a la oposición a Maduro para, de este modo, poder medrar si hay un cambio de régimen político.
No se trata de una cuestión ideológica, como lo plantea Ayuso, se trata de saber que poner como ejemplo a determinados ciudadanos o familias venezolanas emponzoña las medidas de atracción de capital extranjero. Antes de hablar, antes de exponer políticas económicas desde el populismo y el sectarismo, tanto Isabel Díaz Ayuso como sus asesores deberían informarse de la realidad y, desde luego, todo lo que ha entrado en España procedente de Venezuela no es limpio. Ahí están los procedimientos judiciales y los informes policiales que lo atestiguan.