Isabel Díaz Ayuso es una política defensora de la acumulación indiscriminada de riqueza. Ella lo llama libertad, aunque la realidad es que el fenómeno está teniendo unas consecuencias tan crueles para las clases medias y trabajadoras que podría calificarse de crimen contra la humanidad. Sin embargo, Ayuso, al más puro estilo de Donald Trump, aprobará una ley en la que prácticamente se eliminará el tramo autonómico para las rentas más altas que se establezcan en Madrid e inviertan en empresas de la Comunidad.
Lo que se sabe hasta ahora de esa nueva bajada impositiva demuestra que Madrid cada vez está más cerca de convertirse en un paraíso fiscal para ricos. El funcionamiento sería el siguiente: si un millonario traslada su residencia a la Comunidad e invierte en empresas de Madrid, esa inversión quedará prácticamente exenta del tramo autonómico del IRPF.
Sin embargo, ¿qué tipo de inversión será premiada? Los millonarios, además de utilizar de manera recurrente estrategias para declarar menos ingresos de los que realmente tienen, podrían utilizar esa herramienta que Ayuso les regala para desgravarse impuestos por inversiones en grandes empresas.
Por ejemplo, un norteamericano se muda a Madrid, declara unos ingresos de 500 millones de euros e invierte 100 millones en acciones de empresas del IBEX35 con domicilio social en Madrid. Esos 100 millones, además de beneficiarse de la desgravación, le supondrán una rentabilidad a través de dividendos. Es decir, doble ganancia. Esto no es libertad, es hacer negocios a costa del dinero de todos los ciudadanos.
La codicia de millonarios y grandes empresas es la culpable de la situación que se vive, no sólo en Madrid, sino en todo el mundo. La subida de los precios que está ahogando a las familias de clase media y trabajadora es de tal calibre que una compra de alimentos que hace cinco años costaba 50 euros, ahora supone casi el doble.
Las grandes corporaciones y los defensores de la acumulación criminal de riqueza afirman que las políticas y las cadenas de suministro son las culpables del aumento de los precios. En cambio, la historia es muy diferente porque son los millonarios, los altos ejecutivos y las políticas de las grandes empresas las verdaderas responsables de una inflación que vino para quedarse.
Ha sido, precisamente, un informe oficial el que ha descubierto el verdadero negocio que las grandes corporaciones están haciendo a costa de la supervivencia de la ciudadanía. Y, además, se ha publicado en la cuna del capitalismo. Según un documento de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, al que Diario16 ha tenido acceso, las grandes empresas del sector de la alimentación, de la agricultura, las industrias cárnicas y la distribución, entre las que se encuentra multinacionales que operan en España, utilizaron la pandemia como excusa para aumentar los precios en todos los ámbitos.
Estas grandes compañías saben que cuando los ciudadanos tienen menos opciones, ellas tienen la capacidad y el poder para obligar a pagar precios más altos. Esto, evidentemente, es especialmente cruel con la comida.
Estos enormes imperios empresariales afirman que si ellos consiguen crecer sus beneficios, entonces podrían estudiar una bajada de precios. Esta es la falsedad que políticos como Díaz Ayuso compran para justificar estos crímenes económicos. La realidad es que sí tienen capacidad, sobre todo porque los salarios de los altos ejecutivos se están disparando, lo mismo que los dividendos de los principales accionistas, es decir, los que se beneficiarían de la rebaja de impuestos de Ayuso.
Las grandes compañías multinacionales, además de domiciliarse en paraísos fiscales, están obteniendo beneficios récord cinco veces por encima de las tasas de inflación y eso lo están logrando con subidas indiscriminadas de los precios. Los costes salariales no suben. Lo único que se incrementa es la brecha entre los sueldos de los altos ejecutivos y los trabajadores.
La estrategia de Ayuso es la misma que la de Donald Trump, que rebajó los impuestos de las grandes fortunas y los gigantes corporativos con la promesa de que eso iba a generar empleos. Todo fue falso, tal y como reconocieron en 2019 los propios asesores económicos de la Casa Blanca ante el Senado.