Esta semana, Isabel Díaz Ayuso ha estado en Ecuador. En la semana en la que su pareja ha declarado ante el juez acusado de presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha disfrutado de una semana en la que, a pesar de haber puesto 9.000 kilómetros de distancia con la Plaza de Castilla, no ha olvidado ni la política nacional ni, por supuesto, a su némesis, Pedro Sánchez.
A medida que pasa el tiempo, Ayuso está cruzando líneas que su propio partido tiene perfectamente marcadas para que no se superen. Sin embargo, va por libre porque, al fin y al cabo, ella es una «libertaria» que confunde la libertad con el libertinaje, que no distingue entre el liberalismo y la anarquía.
Sus palabras, en las últimas semanas, han hecho referencia a elementos perfectamente asimilables a la extrema derecha con la que ella afirma no congeniar. No obstante, Ayuso cada vez está entrando en el peligroso territorio del populismo ultra y supremacista de la Heritage Foundation. Da la sensación de que pretende que la inviten a la próxima CPAC en Washington, como ya han hecho con otros líderes de partidos tradicionales del centro derecha que se han pasado al lado oscuro de la política. El último ejemplo ha sido la ex primera ministra británica Lizz Truss (la de la lechuga).
En Ecuador, Isabel Díaz Ayuso, se acercó a la asimilación de las posturas antiglobalistas de la extrema derecha. «Estamos en contra de colectivizar para invisibilizar, para dirigirla, para apagarla, para tutelar, para hacerla dependiente y también para multiplicar el agravio, que es un grandísimo negocio, para que algunos se perpetúen desde lo público, para vivir de lo público sin que lo público funcione. Y obviamente no me estoy refiriendo a los funcionarios de carrera, que son excelentes profesionales, bomberos, médicos… No son esos de los que estamos hablando. Estamos hablando de los aprovechados de última generación que a través de agendas internacionales se cuelan en todas las democracias liberales y en todas las administraciones que siempre tienen conexiones bolivarianas».
Estas palabras se parecen mucho a las que se han escuchado a los líderes de la extrema derecha europea sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los partidos y movimientos de extrema derecha han convertido la Agenda 2030 en un símbolo de lo que consideran la pérdida de soberanía nacional y la imposición de una «agenda globalista».
Por un lado, trasladan a la ciudadanía una especie de narrativa del terror globalista. La extrema derecha y sus canales de comunicación a través de las nuevas tecnologías difunden la idea de que la Agenda 2030 es un instrumento para instaurar gobiernos autoritarios que destruyan las culturas y valores tradicionales. Se utilizan términos alarmistas y metáforas apocalípticas, hablando de la «dictadura global» y la «amenaza a la identidad nacional». Además, esta retórica extrema simplifica complejos problemas sociales en teorías de conspiración, culpabilizando a élites internacionales y organismos multilaterales. Este discurso polarizante no solo desinforma, sino que también divide a la sociedad, dado que asimilan las agendas multilaterales con la izquierda.
La posición de la extrema derecha frente a la Agenda 2030 se nutre de afirmaciones sin base empírica en las que alegan vínculos secretos entre gobiernos y organizaciones internacionales con la finalidad de imponer controles insidiosos sobre la población, sin aportar pruebas verificables que sustenten estas afirmaciones. Exactamente lo que afirmó Ayuso en Ecuador.
Los discursos de la extrema derecha extraen datos fuera de contexto para alimentar un panorama negativo de la cooperación internacional, dejando de lado los avances sociales logrados en las últimas décadas gracias a políticas coordinadas. Por otro lado, al cuestionar la credibilidad de organismos como la ONU o la Unión Europea, estas narrativas pretenden invalidar cualquier crítica hacia las posturas autoritarias, confundiendo a la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la Agenda 2030 y el papel de las instituciones democráticas.
En contra de lo que afirma la extrema derecha, la soberanía no es incompatible con la cooperación internacional. Cada Estado participa en el multilateralismo de forma soberana, optando por cuáles normas adoptar y en qué áreas colaborar. Los acuerdos multilaterales están diseñados para complementar la soberanía nacional, permitiendo que países de diferente tamaño e influencia tengan oportunidades para negociar en igualdad de condiciones.