La extrema derecha mundial idolatra al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su política de seguridad que ha derivado en la detención de cerca de una decena de miles de pandilleros y en una reducción de los delitos. En la cumbre ultra de la CPAC fue recibido como una verdadera estrella del rock.
Durante los años que lleva en la Presidencia de la república centroamericana, Bukele se ha ganado el apoyo de la práctica totalidad de los salvadoreños gracias a los resultados de esa política de seguridad, en la que se están violando de manera sistemática los derechos humanos y en la que se está aprovechando para encarcelar a opositores a activistas, y a una supuesta guerra contra la corrupción que no es tal.
Según indica un informe del Institute for Policy Studies, al que Diario16 ha tenido acceso, en El Salvador de Bukele existe una corrupción generalizada en torno a los préstamos externos que llegaron al país.
«El Salvador recibió un préstamo de emergencia de 389 millones de dólares del FMI para el alivio inmediato de la pandemia. Luego de ese préstamo, el entonces Fiscal General de la República, Raúl Melara, inició una investigación criminal que se conoció como Operación Catedral. Esta reveló una compleja red de prácticas fraudulentas en varios departamentos de la administración de Bukele que fueron supervisadas por tres de los hermanos de Bukele; Karim, Ibrajim y Yusef, así como su primo y jefe de Nuevas Ideas, Xavier Zablah. Cuando el bloque legislativo pro-Bukele reemplazó a Melara el 1 de mayo de 2021 por Rodolfo Delgado, este último rápidamente disolvió la investigación. La Asamblea Legislativa controlada por Bukele más tarde aprobó una ley que bloquea cualquier escrutinio de las compras relativas a la pandemia por parte de las agencias gubernamentales y otorga inmunidad a los acusados de malversar fondos de ayuda para el Covid 19», afirma el informe.
El gobierno salvadoreño declaró el estado de emergencia en marzo de 2020 por la pandemia de Covid19. Esto provocó que las instituciones retuvieran toda información pública de manera indefinida. Precisamente, El Salvador fue uno de los países con menor acceso a la información pública durante la pandemia, lo que obstaculizó el control de la respuesta de Bukele a la crisis sanitaria y el gasto de emergencia.
Fue aprobado un préstamo de 2.000 millones de dólares para responder a la pandemia, lo que fue aprovechado por Bukele para manejar de manera indiscriminada el presupuesto. A finales de 2020, se detectaron gravísimas irregularidades en dos tercios de todas las adquisiciones de contratación pública, según señalaron los informes de los fiscales de corrupción pública que fueron destituidos posteriormente por Bukele.
En concreto, la Fundación Nacional para el Desarrollo registró 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia en el uso de los recursos públicos en 2020. Bukele fue acusado de distribución partidista de ayuda financiera de emergencia, de eliminar los registros públicos de gastos, de impedir las inspecciones a los gastos de emergencia y de no presentar informes a la Asamblea Legislativa.
Mientras Fiscalía investigaba estas irregularidades, el gobierno se protegía de la inspección suspendiendo el acceso a la información pública. En noviembre de 2020, la creciente sospecha sobre malversación de fondos llevó a la Fiscalía General a iniciar una investigación para determinar si esas irregularidades constituían delitos de corrupción.
El gobierno de Bukele eludió la rendición de cuentas gracias a las elecciones legislativas de febrero de 2021. El partido del presidente obtuvo entonces la mayoría absoluta, lo que aprovechó para imponer su poder autoritario.
En la primera sesión de la Asamblea Legislativa, celebrada en mayo de 2021, se destituyó al fiscal general, alegando sus vínculos con un partido de la oposición. Todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por una sentencia dictada contra el Ministerio de Salud.
La Asamblea Nacional nombró entonces a nuevos magistrados y fiscales generales afines a Bukele. Meses después, en agosto de 2021, promulgó una reforma que jubilaba de manera forzosa a todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. La nueva Corte Suprema de partidarios de Bukele designó a 98 jueces para reemplazar a los salientes, sin seguir el procedimiento legal establecido para tal fin.
Así, el gobierno salvadoreño también gozó de impunidad completa, hecho que se reforzó con la aprobación de una ley que prohibía la auditoría de las compras gubernamentales relacionadas con la pandemia y otorgaba a los funcionarios públicos protección frente a sus responsabilidades civiles y penales.
Por su parte, Rodolfo Delgado, el fiscal general puesto a dedo por Bukele cerró todas las investigaciones. A pesar de las acusaciones de esquemas y tramas de corrupción multimillonarias relacionadas con la pandemia, el presidente salvadoreño logró imponer la impunidad.
Una de las investigaciones que fue cerrada por el fiscal general de Bukele fue el caso «Catedral». Ahí se descubrió una red arraigada dentro del gobierno involucrada en prácticas fraudulentas con los hermanos del presidente.
Según la investigación, se crearon registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con los líderes de las maras. La destitución del fiscal general, destinada única y exclusivamente a detener estas investigaciones sobre los hermanos de Bukele, sacó a la luz tanto las cuestionables actividades criminales llevadas a cabo por el entorno familiar del presidente como el intento de eliminar cualquier control judicial que los amenazara.
Finalmente, en junio de 2021, Bukele eliminó todas las restricciones de supervisión y controles. La OEA denunció los intentos del gobierno de «impedir el avance en las investigaciones sobre las denuncias de corrupción de la actual administración» e «inducir a investigar exclusivamente las acciones de los políticos de la oposición».
Bukele, además, está contando con la complicidad de las potencias económicas del continente americano: Estados Unidos y Canadá. En la actualidad ni el gobierno de Biden ni el de Trudeau se están oponiendo a un préstamo de 1.300 millones de dólares que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional.
Tanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el propio FMI expresaron serias dudas sobre todo por la falta de transparencia presupuestaria y por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
El cambio de actitud estadounidense hacia Bukele, un mandatario que viola la Constitución salvadoreña, suspende las libertades civiles y socava los controles democráticos del poder ejecutivo, ha coincidido con las declaraciones de importantes miembros del FMI en favor de la concesión de ese préstamo.
Sin embargo, con los precedentes existentes, hay gran preocupación en El Salvador porque es más que probable que ese dinero sea malversado o mal utilizado. Por ejemplo, en 2021, recibió un préstamo de 600 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar alivio a las pequeñas empresas afectadas negativamente por la pandemia de Covid19. Una investigación del Proyecto de Denuncias de Crimen Organizado y Corrupción encontró que Bukele desvió 200 millones de dólares de ese préstamo para pagar la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.