«Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para un país que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud». Esta frase de Francisco de Miranda resume a la perfección lo que está sucediendo en las sociedades democráticas actuales. La ética está siendo asesinada por los intereses políticos de todos los pelajes ideológicos. Da igual que se sea de derechas o de izquierdas, en todos los ámbitos se pretende eludir la responsabilidad política del modo que sea.
La destrucción de las democracias en el siglo XXI, más allá de los intereses de las élites económicas, financieras y empresariales, se fundamenta en la pérdida absoluta de la ética como factor clave de asunción de las responsabilidades políticas de los gobernantes. La justificación de la inmoralidad se ha convertido en lo habitual. Nadie asume sus responsabilidades hasta que el gobernante o dirigente de turno se halla totalmente acorralado y sin margen de maniobra. Hasta entonces los ciudadanos contemplan estupefactos un espectáculo lamentable en el que se pasa de la negación, a la declaración de enemigos externos (o inventados) y, finalmente, al culpar al de enfrente mostrando sus trapos sucios del pasado. Esta táctica no es otra cosa que la estrategia de pretender que los errores del de enfrente sirvan de justificación a los propios.
En España hemos visto casos en los últimos años con un calibre de inmoralidad de nivel premium. Tras saltar el Caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció acompañado de toda la plana mayor del Partido Popular y afirmó que «algunos han pretendido convertirlo en una causa general contra el Partido Popular, se han publicado un sinfín de grabaciones en las que se involucra a muchos dirigentes de nuestro partido […] Casos como este podría contarles decenas, pero todos tienen una característica común, todos, el 100%, para que ustedes lo entiendan: afectan al Partido Popular, nunca afectan al Partido Socialista».
Ahora, con los casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez se afirma más o menos lo mismo. Desde la izquierda se dice que se trata de un intento de golpe de Estado de falsa bandera protagonizado por jueces de derechas, que desde los juzgados se pretende dar un vuelco al resultado de las urnas, y un largo etcétera. Es decir, el discurso es igual. Conspiraciones judiciales de carácter político por las que se pide la dimisión al contrario por lo mismo por lo que se niegan a dimitir.
Si ambos partidos tuvieran el valor democrático que se espera de ellos no se focalizarían en cuestiones de la ideología de los jueces sino en investigar, por ejemplo, las redes societarias o los patrimonios de esos mismos jueces para determinar si ocultan dinero o tienen sociedades/fundaciones fuera de España.
Ahora es el Caso Begoña Gómez que afecta directamente al presidente del Gobierno. Más allá del recorrido judicial que pueda tener, si es que lo tiene, hay que hablar de ética política, uno de los valores fundamentales de cualquier régimen democrático. Tanto la ética como la responsabilidad política son pilares básicos que sustentan la confianza de la ciudadanía respecto a las instituciones públicas.
Un régimen democrático se establece en una gobernanza justa y equitativa que se sustenta sobre la ética. A ello se suma que la responsabilidad política es la que garantiza la rendición de cuentas. En el Caso Begoña Gómez aún están pendientes las explicaciones de Pedro Sánchez, que tendrá que darlas ante un juez porque, como testigo, estará obligado a responder a todo cuanto se le pregunte, sea por parte de las acusaciones, sea por parte de las defensas formadas por el abogado de la esposa del presidente y por una Fiscalía que está actuando con Begoña Gómez exactamente igual que con la Infanta Cristina.
La integridad es uno de los pilares sobre los que se sostiene la confianza ciudadana porque los políticos éticos actúan en base al compromiso de adoptar sus decisiones en base a principios morales sólidos que priorizan los intereses colectivos por encima de los beneficios personales. Con Pedro Sánchez, esto no es posible, puesto que ha demostrado durante toda su carrera que su manual político está cimentado sobre cambios de opinión en función de sus propios intereses.
Por otro lado, el Caso Begoña Gómez está demostrando la falta absoluta de transparencia de Sánchez, un valor en el que no cree, dado que, si en vez de haber montado el numerito de sus «cartas a la ciudadanía», hubiese sido transparente y dado todas las explicaciones, tal vez ahora se estaría en otro escenario. Sin embargo, se ha decidido callar cuando hay asuntos que, más allá de lo que decidan los juzgados, muestran una absoluta carencia de ética política y personal.
Un líder político que base su actividad en la ética, la limpieza y la responsabilidad tiene la obligación de identificar y gestionar de manera proactiva los conflictos de interés que le puedan surgir. Es obvio pero, para algunos, no lo es tanto. Es absolutamente inmoral que la esposa de un presidente esté trabajando con empresas que son contratistas del Estado o que cuente entre los patrocinadores de su Máster con compañías que reciben subvenciones o ayudas públicas. Esto ni el más sanchista radical lo puede negar.
El Caso Begoña Gómez es una muestra más de un tipo de corrupción ética y de perversión moral que puede que no tenga repercusión penal, pero que en política es inadmisible. Pero, evidentemente, si quien está al frente de todo es alguien que ha demostrado a lo largo de su carrera que es un amoral profesional, entonces se entienden muchas cosas.