A pesar de que Pedro Sánchez ha reiterado su intención de agotar la legislatura y convocar elecciones generales en 2027, diversos factores políticos, sociales y económicos podrían forzarle a reconsiderar esta postura y anunciar un adelanto de los comicios en septiembre de 2025. La posibilidad de que el presidente del Gobierno convoque a los españoles a las urnas no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de una confluencia de factores internos, externos y estratégicos que apuntan a un momento político crítico.
Crisis interna del PSOE
La reciente crisis interna del PSOE, exacerbada por los presuntos escándalos de corrupción de Santos Cerdán, Koldo García o José Luis Ábalos y por las cesiones indiscriminadas al independentismo catalán, ha puesto en evidencia las tensiones existentes dentro del partido. Sin embargo, otro factor que ha generado un profundo malestar entre los barones socialistas es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, conocido como el "cupo catalán". Este pacto ha provocado un rechazo contundente en varias federaciones regionales, incluso las afines a Sánchez, que consideran que favorece a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido uno de los más críticos con el acuerdo. Ha instado a que las elecciones generales se celebren antes que las autonómicas y municipales para evitar que el descontento nacional se descargue nuevamente sobre alcaldes y presidentes autonómicos socialistas, como ocurrió en 2023. Page responsabiliza a las decisiones del Gobierno, especialmente sus pactos con partidos independentistas como Junts, por aquella debacle electoral.
Javier Lambán, expresidente de Aragón, también ha expresado su rechazo al modelo de financiación acordado, señalando que no se ha producido una reforma del sistema, sino una "repartición de las migas". Lambán considera que este acuerdo perjudica a su comunidad y ha exigido una revisión del modelo de financiación autonómica.
Por su parte, Adrián Barbón, presidente sanchista de Asturias, ha registrado una proposición no de ley en la Junta General del Principado para rechazar el acuerdo de financiación singular para Cataluña. Barbón ha señalado que el pacto es "injusto" y "discriminatorio" para las comunidades autónomas que no gozan de un trato similar.
Ante esta creciente oposición interna, Pedro Sánchez convocó al Comité Federal del PSOE para abordar la situación. En este foro, apeló a la unidad del partido y exigió a los críticos que respetaran la disciplina interna. Sin embargo, la libertad se ha impuesto sobre la autarquía sanchista y las críticas no han cesado, y los críticos libres del PSOE han advertido de las gravísimas consecuencias electorales negativas para un Partido Socialista que no para de perder elecciones salvo, precisamente, en los territorios de los díscolos con el sanchismo.
La división interna del PSOE en torno al "cupo catalán" o a la ley de amnistía ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre la dirección federal y las federaciones regionales. Este desacuerdo podría debilitar la cohesión del partido y afectar su rendimiento en las próximas elecciones generales. Además, la falta de consenso sobre cuestiones clave como la financiación autonómica podría generar incertidumbre política y económica, lo que podría influir en la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas.
Debilitamiento de la coalición con Sumar
El Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar atraviesa una crisis que amenaza su estabilidad, por más que se quiera dar una imagen de relación sólida a pesar de discusiones puntuales. A esto hay que añadir el posicionamiento duro de Podemos.
La escalada del conflicto en Gaza ha generado discrepancias dentro de la coalición. Mientras que el PSOE ha condenado la ocupación israelí de Gaza y ha instado a un alto el fuego permanente, Sumar ha adoptado una postura más radical, exigiendo sanciones y un embargo de armas a Israel. Esta divergencia ha puesto de manifiesto las diferencias en la política exterior de ambos socios y ha exacerbado las tensiones internas. Además, la propuesta de Comuns de que una fuerza internacional bajo el mandato de Naciones Unidas bombardee posiciones militares israelíes ha generado controversia y ha complicado aún más la unidad del Gobierno.
Los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE también han tenido repercusiones en Sumar. El informe de la UCO sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, vinculado a una trama de adjudicaciones irregulares, ha generado indignación en los socios de gobierno. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha calificado de "insuficientes" las explicaciones del PSOE y ha exigido medidas de regeneración democrática. Además, tres partidos de Sumar han amenazado con romper con Yolanda Díaz si no se adoptan medidas contundentes contra la corrupción.
Por su parte, Podemos, que ya no forma parte del Gobierno, ha adoptado una postura muy crítica hacia la gestión del PSOE y Sumar. Ione Belarra, líder de Podemos, ha declarado "muerto" al actual Gobierno de coalición y ha exigido un cambio de rumbo. Esta postura ha aumentado la presión sobre Pedro Sánchez y ha complicado la gobernabilidad del Ejecutivo
¿El fin de la era Sánchez?
Las encuestas políticas publicadas en los últimos meses reflejan una tendencia clara: el Partido Popular (PP) y Vox consolidan su posición en el espectro político español, mientras que el PSOE enfrenta un desgaste significativo. Este cambio en el panorama electoral podría tener implicaciones profundas para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y para la configuración política del país.
El PP, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, ha experimentado un crecimiento sostenido en las encuestas. Según un sondeo de Ipsos para La Vanguardia, el PP alcanzaría los 145 escaños, mientras que Vox lograría 43, sumando un total de 188 diputados, lo que les permitiría formar una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Este ascenso del PP se ha visto reflejado en diversas encuestas, consolidando su posición como la principal fuerza política en España. La combinación de una estrategia política coherente y un liderazgo consolidado ha permitido al PP capitalizar el descontento de una parte significativa del electorado con la gestión del gobierno actual. La cuestión es quién está cimentando ese liderazgo, porque en determinado asuntos Feijóo está perdido y se ha dejado ganar por la incoherencia más absoluta, mientras que la presión interna de un posicionamiento más cercano a un trumpismo reformista sigue creciendo, por más que en el PP se pretenda dar una imagen de unidad.
Vox, por su parte, ha experimentado un crecimiento notable en las encuestas. Según datos de Ipsos, Vox alcanzaría los 43 escaños, consolidándose como la tercera fuerza política en el Congreso. Este crecimiento se ha visto reflejado en su capacidad para atraer a votantes jóvenes, en muchos casos que anteriormente votaron a los partidos de la extrema izquierda y en su posicionamiento firme en temas de inmigración y seguridad. Además, Vox ha logrado mantener una fidelidad de voto elevada, lo que le ha permitido consolidar su base electoral y ampliar su influencia en el panorama político español.
En contraste, el PSOE ha experimentado un desgaste significativo en las encuestas. Según la última encuesta de SocioMétrica publicada por El Español, si hoy se celebraran elecciones generales, los socialistas obtendrían apenas 99 escaños y el 25% del voto. Se trata del peor dato proyectado desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018. Este declive se ha visto exacerbado por escándalos de corrupción que han afectado la imagen del partido y por la fragmentación interna en el bloque progresista, con tensiones entre Sumar y Podemos.
La falta de unidad en la izquierda ha dificultado la capacidad del PSOE para movilizar a su base electoral y presentar una alternativa sólida al bloque de derechas.
El ascenso del PP y Vox, junto con el desgaste del PSOE, podría conducir a un cambio significativo en la configuración política de España. Si las tendencias actuales se mantienen, es probable que el bloque de derechas obtenga una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, lo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo formar un gobierno en minoría sin necesidad de apoyos adicionales.
Este cambio en el panorama político podría tener implicaciones profundas para las políticas nacionales e internacionales de España, así como para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. La capacidad del PSOE para recuperar apoyo y unidad será crucial para determinar su papel en el futuro político del país.
Precipitar el adelanto electoral
La posibilidad de que Pedro Sánchez anuncie un adelanto de las elecciones generales en septiembre se ve influida por una creciente presión tanto desde la oposición política como desde la Iglesia Católica. Ambos actores han intensificado sus demandas en un contexto de crisis interna en el PSOE y debilitamiento de la coalición de gobierno.
El Partido Popular (PP) y Vox han coincidido en exigir un adelanto electoral, argumentando que la situación política y económica del país requiere un cambio de gobierno. Esta unidad en la oposición ha aumentado la presión sobre Sánchez, quien se enfrenta a cada vez mayores dificultades para mantener la estabilidad de su gobierno. La fragmentación del bloque progresista y de los aliados parlamentarios ha dificultado la capacidad del Ejecutivo para presentar una alternativa sólida al bloque de derechas.
Por otro lado, en un giro sin precedentes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha solicitado públicamente un adelanto electoral. El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, defendió esta postura como una medida necesaria para permitir que la ciudadanía exprese su voluntad, calificando la corrupción como un "cáncer" que mina la democracia.
Esta intervención provocó una respuesta del Gobierno, que, a través del ministro Félix Bolaños, acusó a la Iglesia de abandonar su neutralidad política y alinearse con la oposición. Bolaños destacó que la CEE no se pronunció en situaciones similares cuando el PP enfrentó casos de corrupción.
Contexto internacional y necesidad de estabilidad
En medio de una creciente presión interna y externa, Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario internacional que exige una estabilidad política que su administración es incapaz de garantizar. La combinación de desafíos globales y la percepción de debilidad interna refuerzan la hipótesis de un adelanto electoral en septiembre.
España ha buscado posicionarse como un actor clave en la política internacional, sobre todo intensificando su presencia en los momentos en que había puestos de relevancia a los que Sánchez podría optar como salida. Ahora la agenda internacional se utiliza como huida porque el presidente del Gobierno no puede ni pisar la calle a tomarse un café con porras.
En febrero de 2025, Sánchez participó en una cumbre internacional en Kiev, destacando la importancia de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea como un símbolo de apoyo a la democracia frente a la agresión rusa. Además, en junio, España acogió la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla, reafirmando su compromiso con el multilateralismo y el desarrollo global.
Sin embargo, esta postura activa contrasta con una creciente percepción de España como un "verso suelto" en Europa. Su acertado enfoque hacia Palestina y el acercamiento a China ha generado tensiones con otros países de la UE, que perciben a España como menos alineada con las políticas comunitarias.
Las embajadas de países europeos en Madrid están evaluando la situación política interna de España, considerando escenarios posibles para los próximos meses. Esta atención refleja la preocupación por la estabilidad del gobierno de Sánchez y su capacidad para mantener el rumbo en un contexto internacional incierto.
A nivel nacional, España enfrenta importantes desafíos económicos y sociales a los que no está dando respuesta efectiva porque requieren una gobernanza estable. Aunque ha experimentado un crecimiento económico, persisten problemas como el acceso a la vivienda, el crecimiento de la pobreza, la precariedad laboral, la mejora de la productividad y la estabilidad política, que podrían verse exacerbados por una crisis de gobernabilidad.