El cupo catalán, la tumba del sanchismo

Los nacionalistas vascos no van a permitir que su sistema fiscal, reconocido por la Constitución Española, sufra ningún tipo de modificación por más que Sánchez intente paliarlo con más cesiones de competencias que son exclusivas del Estado

17 de Julio de 2025
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Sanchez cupo catalán
Pedro Sánchez en un acto de la Internacional Socialista | Foto: PSOE

El “cupo catalán” que Pedro Sánchez pretende aprobar, tras ceder una vez más a los chantajes del independentismo catalán, no es más que un brindis al sol que expone la quiebra de la arquitectura autonómica y desprecia la igualdad entre españoles.

Bajo el eufemismo de atender “la singularidad” de Cataluña, el PSOE de Sánchez ha configurado un proyecto inviable que solo puede sostenerse a base de ajustes inasumibles para el resto de las comunidades y del desmantelamiento parcial de derechos forales que Navarra y el País Vasco han conquistado en virtud de sus propios convenios históricos. Esto supondrá la oposición del PNV y, posiblemente, de EH-Bildu, lo que llevará al proyecto de ley al fracaso y, por consiguiente, la retirada de los apoyos parlamentarios que sostienen a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha dejado al descubierto lo que ya muchos sospechaban: no existe magia financiera que permita conceder a Cataluña un trato privilegiado sin someter al conjunto del Estado a un profundo rediseño de obligaciones y solidaridad. Para apuntalar el pacto con Esquerra Republicana, Moncloa pretende que las regiones más prósperas (incluida la propia Cataluña) aporten cientos de millones extras a un fondo común, mientras que forzar a Euskadi y Navarra a renunciar a una parte sustancial de su cupo anual (alrededor de 6.000 millones de euros) provocaría el hundimiento político de Sánchez en el Parlamento.

Este escenario evidencia, una vez más, la incapacidad de Pedro Sánchez para diseñar soluciones equilibradas. En lugar de reformar el sistema de financiación con la ambición de suprimir privilegios anacrónicos y garantizar la igualdad de acceso a servicios públicos, opta por una maniobra de parcheo que sacrifica la cohesión territorial y sitúa a la Moncloa al borde del precipicio: o contenta a los independentistas catalanes con cifras exageradas, o traiciona sus promesas de “no agravar” el resto de autonomías.

La reivindicación de un “trato singular” para Cataluña no hace sino alimentar la demagogia y azuza el enfrentamiento entre territorios. Si las comunidades forales han de participar del mismo esfuerzo que el resto, ¿por qué no exigir al resto de autonomías una contribución proporcional a su capacidad fiscal? ¿Por qué Pedro Sánchez se muestra tan diligente para satisfacer a ERC, pero tan remiso a equilibrar ventajas históricas? La respuesta es clara: Sánchez ha convertido la financiación autonómica en moneda de cambio político, vulnerando de paso el principio constitucional de igualdad.

En realidad, el “cupo catalán” no busca corregir desequilibrios: persigue perpetuarlos bajo otro nombre. El Ivie advierte que, aun cumpliendo las condiciones impuestas, los cálculos de mejora para Cataluña quedarían muy por debajo de las expectativas infladas por los independentistas. Y, lejos de generar un efecto expansivo de bienestar, sólo ahondarían el resentimiento entre españoles cansados de ver cómo Sánchez regala privilegios exprés al socio parlamentario que sustenta su sillón.

La supuesta defensa de la “autonomía” catalana se torna así en un ataque frontal a la solidaridad interterritorial. Satisfacer las reivindicaciones de una minoría de diputados a cambio de hipotecar el futuro financiero de decenas de millones de ciudadanos de otras regiones revela la verdadera prioridad del Ejecutivo: sobrevivir al desgaste político inmediato, pese a sacrificar la viabilidad del Estado de las autonomías.

Pedro Sánchez ha pasado de proclamar la unidad de España a fragmentarla en función de cálculos políticos. Su “cupo catalán” será recordado no como un gesto de reconocimiento, sino como el mayor desprecio a la igualdad y al pacto constitucional del Estado autonómico. En la imperiosa necesidad de sobrevivir en su trono, como Cersei Lannister en Desembarco del Rey, Sánchez está dispuesto a romper las reglas del juego, demostrando que, al final, para este presidente la solidaridad no es un principio, sino un arma de negociación.

Quiebra del sanchismo y del socialismo

Sánchez ha desatado una auténtica rebelión entre el conjunto de las comunidades autónomas, sin matices de siglas ni colores partidistas. Asturias y Castilla‑La Mancha, dos regiones gobernadas por el PSOE, han alzado la voz con el mismo clamor que los ejecutivos presididos por el PP: nadie aceptará un trato a medida que rompa la igualdad de oportunidades ni socave la solidaridad interterritorial.

En Oviedo, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, avisó de que el Principado no tolerará “privilegios” ni “perjuicios para Asturias”. Insistió en que la reforma del sistema de financiación debe abordarse “en un plano de igualdad” y de forma multilateral, dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Todas las comunidades de régimen común, incluida Cataluña, tienen que concurrir en igualdad de condiciones a la negociación”, subrayó Peláez.

La alerta partió también del propio seno del PSOE. En el último Comité Federal, Luis Ramón Fernández, secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, advirtió de que “reconocer la diversidad territorial no puede traducirse en privilegios ni en territorios que se sientan menos escuchados, menos visibles o menos prioritarios”. Fernández reclamó al partido un mensaje claro: la igualdad entre españoles es “ineludible” en cualquier pacto de modernización autonómica.

El hecho de que el Principado de Asturias se haya revuelto contra los planes de Pedro Sánchez es importante. Ya no se trata de Emiliano García-Page o Javier Lambán, es un sanchista el que pone los puntos sobre las íes y dice lo que nadie en Ferraz se atreve a decir.

Por su parte, el presidente castellano‑manchego, Emiliano García‑Page, se manifestó con similar contundencia. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante lo que considero el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles”, advirtió García‑Page. Para el líder regional, el verdadero objetivo debe ser “mantener el concepto de redistribución del esfuerzo colectivo, para que lo que genera cada territorio revierta en todos”. Y lanzó una advertencia: “Ojalá me equivoque, pero si esto sucede será, probablemente, lo más triste que he visto en toda la democracia”.

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