Donald Trump, el "rey Donald I", ha demostrado un talento inquietante para dirigir la atención pública hacia donde más le conviene, desviando el foco de sus propias polémicas y fracasos hacia temas sensacionalistas. Su más reciente despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la toma de control temporal del departamento de policía de la capital es solo el último capítulo de una estrategia que mezcla espectáculo, alarma social y cálculo político.
A primera vista, la movilización de tropas estadounidenses en la propia capital plantea un riesgo inédito: el uso de la fuerza contra ciudadanos en sus propias ciudades. Pero el despliegue no puede entenderse de manera aislada. Se inserta en un patrón probado y recurrente de distraer al público con alarmismo urbano, un recurso empleado por los republicanos desde Nixon para dirigir la narrativa política hacia la seguridad y el miedo, en lugar de hacia problemas estructurales o escándalos del propio gobierno.
Porque los hechos contradicen la histeria del rey Donald: en los últimos meses, la delincuencia en Washington D.C. alcanzó su nivel más bajo en tres décadas. Mientras tanto, Trump se enfrentaba a noticias que preferiría ignorar. Su vínculo con los archivos de Jeffrey Epstein generó fricciones con su base, mientras que la economía mostraba signos de alarma: precios de los alimentos al alza, revisiones a la baja del crecimiento del empleo y aranceles que podrían costarle al ciudadano promedio más de 2.400 dólares en un solo año.
Pero la estrategia de distracción no se limitó a la prensa o a las redes sociales. La llamada “Gran y Hermosa Ley” republicana, firmada por Trump este verano, representa un giro profundo en la política fiscal del país, con implicaciones devastadoras para las clases más vulnerables. Esta legislación, que busca reducir impuestos y aumentar el gasto militar, introduce recortes históricos en programas esenciales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectando directamente a millones de estadounidenses.
La ley contempla una reducción de aproximadamente 930.000 millones en Medicaid y 268.000 millones en SNAP. Estas medidas implican la pérdida de cobertura médica para más de 11 millones de personas y la eliminación de la asistencia alimentaria para hasta 250.000 individuos, incluidos 50.000 niños . Además, se imponen requisitos laborales más estrictos para acceder a estos programas, lo que podría excluir a trabajadores informales, personas con discapacidades y adultos mayores.
Los recortes en Medicaid y SNAP no solo afectan a los beneficiarios directos, sino que también tienen consecuencias económicas amplias. Se estima que, para 2029, estos recortes podrían resultar en la pérdida de 1.2 millones de empleos a nivel nacional, lo que representaría un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de desempleo . Además, se proyecta una disminución de 154.000 millones en el Producto Interno Bruto (PIB) de los estados y una caída de 12.200 millones en los ingresos fiscales estatales y locales.
La implementación de esta ley exacerba la desigualdad económica en Estados Unidos. Según datos del Banco Mundial, el índice de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos, ha alcanzado su nivel más alto desde 1976 . Mientras tanto, el 60% inferior de los hogares estadounidenses enfrenta una creciente distancia entre sus ingresos y los recursos necesarios para cubrir una vida básica .
Los recortes en Medicaid y SNAP también tienen repercusiones directas en la salud y el bienestar de la población. La pérdida de cobertura médica y asistencia alimentaria aumenta el riesgo de enfermedades prevenibles, malnutrición y empeoramiento de condiciones de salud existentes. Además, la inseguridad alimentaria afecta principalmente a niños, personas mayores y comunidades de color, exacerbando las disparidades existentes en el acceso a la salud y los recursos.
Este patrón que está utilizando el "rey Donald" no es nuevo. En las elecciones de mitad de mandato de 2018 y 2022, oleadas de anuncios sensacionalistas sobre delincuencia urbana, caravanas migrantes o crisis fronterizas desviaron la atención de los escándalos económicos y políticos que afectaban a los ciudadanos de a pie. Cada narrativa de alarma funcionó como cortina de humo, permitiendo que las políticas que aumentaban la desigualdad y debilitaban la seguridad social pasaran casi desapercibidas.
El efecto tangible de estas tácticas es devastador. Por cada soldado desplegado, por cada historia alarmista en los medios, miles de familias se enfrentan a carencias reales: pérdida de cobertura médica, inseguridad alimentaria y una sensación creciente de abandono por parte de quienes deberían protegerlas. La política del espectáculo convierte la indignación ciudadana en espectáculo mediático, mientras la gestión de la desigualdad y el saqueo de recursos públicos continúa sin ser cuestionada.
En última instancia, la estrategia de Trump revela una lógica perversa: mientras él moviliza tropas y genera titulares incendiarios, los problemas estructurales de Estados Unidos (la creciente desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos y la erosión de la protección social) permanecen invisibles para el público general. Su habilidad para hacer que la gente hable de lo que él quiere distrae de lo que realmente importa: el vacío que dejan sus políticas en la vida de millones de ciudadanos comunes.
Trump, en suma, no solo gestiona la política; gestiona la percepción de la política, convirtiendo la crisis económica y social en un espectáculo que beneficia a los poderosos mientras los vulnerables pagan el precio. La verdadera historia de Estados Unidos bajo su administración no está en las calles vigiladas por la Guardia Nacional, sino en los hogares donde faltan comida, atención médica y esperanza.