Pedro Sánchez anunció ayer desde Tirana, capital de Albania, que su gobierno abordará a partir de otoño una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y el objetivo está en que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, es decir, en diciembre de 2023.
Una de las medidas de las que está haciendo bandera progresista el Ejecutivo de coalición son los diferentes incrementos del SMI que ha ido aprobando. En concreto, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el salario mínimo se ha incrementado un 33,5% y ha pasado de los 735 euros de los gobiernos de Rajoy a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas vigentes (1.166,67 en 12 pagas).
Nada que objetar, todo lo contrario, Pedro Sánchez y sus diferentes gobiernos han hecho lo que tenían que hacer. Colocar el salario mínimo en el 60% del salario medio es una medida de justicia y de dignidad para las clases medias y trabajadoras.
Tomando como referencia el actual salario medio, 27.642 euros anuales, el objetivo que anunció Pedro Sánchez llevaría el SMI a 16.585,20 euros por año de trabajo y en jornada completa, es decir, 1.182,66 euros mensuales en 14 pagas.
Sobre el papal es, ciertamente, una cifra más digna que acerca a España a los salarios mínimos que se esperan de la cuarta potencia económica de la Unión Europea.
Sin embargo, el SMI no es lo que resuelve gravísimos problemas salariales que tiene España. Para empezar, aún siguen existiendo convenios colectivos con categorías que mantienen sueldos por debajo del salario mínimo y, a pesar de que hay un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva firmado entre la patronal y los sindicatos para que los convenios se ajusten al SMI, la realidad es que aún existe un 40% de dichos acuerdos sectoriales que continúan pagando menos de 14.000 euros anuales.
Las subidas del salario mínimo son, insistimos, las adecuadas y correctamente calculadas. Sin embargo, los problemas salariales están en otros factores. Los empresarios de determinados sectores clave para la economía española continúan con prácticas medievales de abusos laborales y salariales. Además, se reiteran vulneraciones muy graves de la ley que, por falta de recursos de la Inspección de Trabajo, hacen muy difícil que a los empresarios desaprensivos se les sancione de manera muy grave. En algunos sectores que son clave en la creación de empleo, sobre todo en época estival, las conculcaciones de derechos y de las leyes laborales son de tal gravedad que una inspección adecuada determinaría la inhabilitación de miles de personas para administrar empresas.
La reforma de un organismo fundamental como la Inspección de Trabajo es fundamental para completar las subidas del SMI, con un incremento de recursos, tanto materiales como humanos, además de sistemas de control digitales, que existen, que permitan una reacción en tiempo real para los inspectores se personen en las empresas cada vez que se detecten vulneraciones graves de la legislación laboral, incluso en tiempo real. Ahora mismo, los trabajadores de la Inspección saben perfectamente los sectores en los que se estén incumpliendo las leyes pero no tienen recursos suficientes, más bien están desbordados, hecho de lo que se benefician aquellos que obtienen beneficios incumpliendo la ley.
Reformas para incrementar las vulneraciones salariales
La subida del SMI es una medida que va directamente hacia las clases medias y trabajadoras, pero este año se ha producido un hecho que ha trastocado a la clase empresarial española que sólo busca la competitividad en el mundo global a través del «low cost» en vez de dar valor añadido.
Varios sectores importantes del mapa empresarial español han visto cómo en 2022 los trabajadores han comenzado a negarse a aceptar las condiciones indignas y precarias que se les ofrecían para poder acceder a un puesto de trabajo. La construcción y la hostelería han visto cómo, en un momento de expansión, muchos trabajadores se negaban a aceptar ofertas de 60 horas de trabajo semanales por 800 euros al mes.
Ante la falta de mano de obra de estos sectores, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una reforma del reglamento de extranjería que, aunque pudiera parecer que tuviera otras intenciones, la verdad es que parece realizado a la carta para que estos sectores puedan contratar a personas de otros países que no se quejarán por las condiciones laborales precarias ofertadas. Esto no hace más que dar más argumentos a la extrema derecha para criminalizar a los extranjeros que ya están en España y hablar de «mareas» que vienen a España a quitar el trabajo a los españoles, sobre todo cuando aún hay una tasa de desempleo del 12,48%.
En consecuencia, la subida del SMI a un 60% del salario medio, es una medida justa, digna y progresista. Sin embargo, ha de ir acompañada de otras importantes reformas que, en algunos casos, son tan profundas que se podría hablar de revolución.