La llegada de Mónica García al Ministerio de Sanidad ha puesto en alerta máxima a más de 2 millones de familias, dado que uno de los puntos del programa electoral de Sumar trataba sobre la supresión de los sistemas de mutualidades de los funcionarios.
En concreto, el proyecto de Sumar indicaba en el punto 14 del bloque dedicado al derecho la salud: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Hay que partir de la base de que la existencia de esas mutualidades no es ningún privilegio respecto al resto de la población, puesto que, en primer lugar, el hecho de pertenecer a las mismas no obliga a la pertenencia a una compañía privada y, en segundo término, los funcionarios adheridos a las mutualidades pagan durante su periodo activo una cuota, no todo el presupuesto de las mismas corresponde al erario público.
La adscripción a Muface, Isfas o Mugeju, por citar las mencionadas en el programa de Sumar, es un modo de pago en especie, es una parte del salario de los funcionarios que éstos destinan a su salud. Por tanto, de llevarse a efecto esta medida, se produciría un choque entre ministerios, puesto que Hacienda es de quien dependen las mutualidades y, además, estaría obligada a cambiar las tablas salariales y las pensiones, lo que supondrá un incremento del gasto público.
Por otro lado, las mutualidades tienen una serie de prestaciones para, por ejemplo, la compra de gafas, prótesis, gastos odontológicos, etc. que no están incluidas en el Sistema Nacional de Salud. ¿Lo va a eliminar Sumar?
Más grave aún son las prestaciones por hijo a cargo que cobran las familias con hijos con discapacidad. ¿También va a eliminarlas Sumar con la supresión de las mutualidades?
Una cosa es querer potenciar y fortalecer el Sistema Nacional de Salud y otra muy diferente eliminar por una cuestión de sectarismo ideológico un elemento clave que durante décadas ha aliviado las listas de espera y la atención primaria de la sanidad pública. ¿Qué va a ocurrir si se meten en ese sistema, de golpe, a millones de personas?
Por otro lado, el caos sanitario que se puede producir si Mónica García y Sumar llevan a efecto su amenaza contra las mutualidades de funcionarios tendrá una magnitud apocalíptica puesto que habrá que realizar un volcado de los historiales médicos de todos esos millones de personas afectadas por el sectarismo de unos pocos.
La existencia del modelo aplicado en Muface, Isfas o Mugeju no le quita recursos a los presupuestos sanitarios, más bien al contrario, provoca una mayor eficacia en la implementación de la inversión pública en la sanidad.
Otro elemento que parece que Sumar no ha tenido en cuenta a la hora de analizar el impacto de una medida tan drástica es el impacto emocional que tendrá en millones de personas el verse obligadas a cambiar de médico, tanto en lo referente al profesional de familia como en las especialidades. Todo ello, sin contar con el impacto negativo de un cambio cuando se estén realizando determinados tratamientos o terapias.
El sectarismo en la defensa del derecho de la salud confunde las mentes del mismo modo que los libros de caballería a don Alonso Quijano. La sanidad privada no es enemiga de la pública y, por supuesto, no se puede erradicar por imposición gubernativa. Otra cosa muy diferente es luchar en contra de la privatización de lo público. Sin embargo, el modelo de las mutualidades no es ni una cosa ni la otra.
Si Sumar y Mónica García quieren mejorar y blindar el derecho a la salud a través de un sistema nacional digno, el primer paso que tienen que dar es luchar contra Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero para que se quintupliquen o sextupliquen las partidas presupuestarias. Pero, claro, eso es más complicado que atacar a millones de personas cuyo único delito es que son funcionarios y pagan por tener una mutualidad que les da la libertad de elección.
Los presupuestos de Muface, Isfas o Mugeju no son el problema que provoca la saturación de la sanidad pública. La cuestión es presupuestaria y si se quieren alcanzar los objetivos de excelencia lo que hace falta es poner dinero, no quitarlo de un lado para poner un parche en otro que nada va a solucionar.
Por otro lado, los sindicatos están enfurecidos con la nueva ministra de Sanidad porque no entienden cómo un modelo que está ahorrando cerca de 1.000 millones de euros al año al Sistema Nacional de Salud, según cifras del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, se pueda poner en cuestión o amenazar con su desaparición. La defensa de la sanidad pública es perfectamente compatible con la defensa de Muface, Isfas o Mugeju. No entenderlo es sectario.
Los representantes de los trabajadores ya han advertido de que se enfrentarán a quien haga falta para defender el modelo de las mutualidades.