La Constitución Española se encuentra en una situación crítica, en cuidados paliativos. La democracia está amenazada y no es sólo por la acción de la extrema derecha, sino que es mucho más grave que eso, dado que el Estado social y democrático de Derecho que se señala en el artículo 1 de la Carta Magna es una utopía. Ya no existe y los ciudadanos se han dado cuenta de ello.
La democracia está siendo asaltada por la incompetencia y la incapacidad de la clase política. Los derechos y libertades reconocidas en la Constitución son vulnerados por los políticos y los diferentes gobiernos, tanto autonómicos como el central, permiten y utilizan la Carta Magna como arma mientras, eso sí, la están desmantelando.
Hay varios elementos que confirman que la Constitución está en cuidados paliativos. El primero de ello es consecuencia de la atomización de las mayorías parlamentarias. Lo que hace 15 años parecía una buena idea y el único modo por el que se salvaría la democracia del bipartidismo, ahora se ha demostrado que es una de las principales causas de la crispación.
Según la teoría política, un parlamento fragmentado es el reflejo de una sociedad plural. Sin embargo, la teoría no tiene por qué ser positiva, sobre todo cuando está en juego el bienestar de los ciudadanos. Desde el año 2015 apenas ha habido grandes reformas legislativas, y las que ha habido han estado protagonizadas por la imposición ideológica entre bloques. Es decir, no han beneficiado a la totalidad de la ciudadanía, sólo a una parte.
Además, la falta de un gobierno estable provoca que desde 2015 hasta estos días se hayan celebrado el 50% de las convocatorias electorales que las celebradas en los 38 años desde la aprobación de la Constitución. Entre 1977 y 2015 se convocó a los ciudadanos a elegir a su presidente del gobierno en 10 ocasiones. Desde 2015 a 2023, es decir, lo que, en teoría supondría dos ciclos electorales, ha provocado 5 elecciones generales.
Precisamente, esa parálisis política provocada por la falta de estabilidad derivada de la atomización, es la que está generando la muerte de la Constitución, porque la Carta Magna precisa reformas profundas que son imposibles, además, en un escenario de crispación y de enfrentamiento absoluto entre los dos principales partidos. Los dos líderes están demostrando su incapacidad para regir los destinos de los españoles porque no se atreve a hacer lo que están obligados, por contrato, a hacer: gobernar juntos y terminar con los extremismos a través de los hechos. De eso se trata la democracia, de llegar a acuerdos con los que no piensan igual y, sobre todo, sin estar dispuestos a pagar lo que haga falta por mantenerse en el poder.
En una situación como la actual, con la concatenación de crisis económicas globales, que están generando el incremento radical de las brechas de desigualdad y que los índices de pobreza se estén disparando, la gestión de gobierno debe ser la prioridad, por encima de intereses políticos particulares. Esa es la mejor forma de afrontar las reformas radicales que precisa España, empezando por la propia Constitución.
La amenaza no viene por una cuestión patriótica, como afirman desde la extrema derecha. España no se está rompiendo. La cuestión es que los españoles están gobernados por coaliciones en las que los extremos, tanto de ultraderecha como de ultraizquierda, tienen poder para aplicar programas maximalistas que generan división. Es un hecho contrastado por lo sucedido en otros países que este tipo de coaliciones son un fracaso. El único modelo que funciona es, precisamente, el que desde una visión puramente ideológica no es considerado por los grandes partidos españoles: la gran coalición entre PSOE y PP.
Como los líderes de ambas formaciones son dos mediocres con titulación, se anteponen los intereses particulares al de la ciudadanía en general. En Alemania funcionó, por más que la realidad del país teutón sea muy diferente a la española. Pero en Italia, siempre golpeada por la atomización, cuando se juntaron los partidos de centro izquierda y centro derecha tras el fracaso absoluto de la unión de la extrema derecha con la extrema izquierda, los parámetros económicos que afectan directamente al pueblo mejoraron. Quedan tres años de legislatura, es la hora de gobernar dejando a extremismos y a nacionalismos de lado. Es la hora de la democracia.
Las reformas hay que aplicarlas desde ya, no se puede esperar ni un día porque la crisis democrática está derivando en una crispación más propia de una nación al borde de una guerra civil que de la cuarta economía de la Unión Europea.
La Constitución, que hoy se conmemora, no puede ser arma arrojadiza, como pretende un sector del PP liderado por Isabel Díaz Ayuso. La Constitución no es un texto muerto, intocable, como se pretende desde un importante sector del PSOE. A la Constitución hay que darle una vuelta radical para adaptarla al mundo del siglo XXI. Los derechos fundamentales de las personas deben blindarse. Sin embargo, ¿cómo se puede hacer cuando la Abogacía del Estado durante el gobierno Sánchez justificó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la vulneración de los mismos para proteger los intereses de los sectores empresariales y financieros? Esa reforma radical de la Constitución sólo puede lograrse a través del consenso y un gobierno de gran coalición PSOE-PP o PP-PSOE.
Por otro lado, es fundamental tener en cuenta un elemento clave. Una democracia jamás podrá ser un Estado social y democrático de Derecho si no hay justicia, si los tribunales se convierten en arma política para derribar gobiernos, si los jueces son los albaceas de los intereses del 1% pasando por encima del 99% restante.
No se trata, como se ha repetido en muchas ocasiones en este Ágora, de una cuestión de la ideología de los jueces. Es algo mucho más grave. Las leyes actuales blindan y generan la impunidad de quienes, en teoría, tienen la obligación de impartir justicia. Sin embargo, lo que hacen es repartir injusticia con total impunidad porque los jueces no van a ir en contra de otros jueces, por más que tengan ideologías distintas. El «perro no come perro» es evidente y, mientras esto siga así, no podrá haber jamás democracia en España.
Además, no existe ningún tipo de regulación sobre la actuación de los grandes despachos de abogados, ni de las puertas giratorias de la Justicia, que existen y son más dañinas para la ciudadanía que las de los políticos.
Por tanto, la Constitución que hoy se conmemora, está en cuidados paliativos y sólo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo (o Isabel Díaz Ayuso) pueden restaurar lo que desde la entrada en los parlamentos de las opciones extremistas se rompió.