Terminó el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo con el resultado previsto: el Congreso de los Diputados rechazó que el líder del Partido Popular fuera elegido nuevo presidente del Gobierno de España.
La presencia de la extrema derecha de Vox como factor clave para la investidura de Feijóo ha frenado cualquier posible nuevo apoyo que pudiera haber logrado, sobre todo del PNV. Aitor Esteban se lo dijo muy claramente: de la mano de Santiago Abascal, a ningún sitio.
Sin embargo, la situación política y los posibles pactos de Pedro Sánchez, arrastrando a todo el PSOE, con el independentismo catalán, pueden derivar en un escenario en el que, para conseguir la resolución de un conflicto, se provoque uno de mayor calibre y de una gravedad no conocida en España desde la década de los años 30 del siglo XX.
Por más que desde el PSOE intenten transmitir que cualquier pacto estará dentro de los límites constitucionales, la realidad es que un referéndum de autodeterminación no entra dentro de esos parámetros. Además, es muy dudoso que lo esté una amnistía para un territorio concreto y para delitos que no son de intencionalidad política.
Isabel Díaz Ayuso y algunos líderes del Partido Popular tienen razón cuando afirman que la amnistía colocaría a España en el nivel de las dictaduras más sanguinarias de la historia. Hay que recordar que hubo amnistías tras la caída de las dictaduras de Videla, de Pinochet, de Franco o de Hitler. En esos procesos se eliminaron los delitos de intencionalidad política.
Sin embargo, respecto al conflicto catalán, cuando las formaciones independentistas reclaman una amnistía total, una gran mayoría de los que se beneficiarían de la misma están encausados, imputados o condenados por delitos que nada tienen que ver con esa intencionalidad política. Es más, ninguno está encausado, imputado o condenado por pertenencia a un partido o por su ideología, por más que el independentismo catalán, y ahora el propio presidente del Gobierno en funciones o la líder de Sumar así lo defiendan.
Por otro lado, avanzar hacia un referéndum de autodeterminación, como exigen las formaciones independentistas para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez es, directamente, ilegal e inconstitucional, salvo que dicho referéndum se convoque y tengan derecho a votar en él todos y cada uno de los ciudadanos con derecho a sufragio que hay en España. Evidentemente, esta opción no es la que quieren los independentistas, pero es lo máximo que Sánchez podría ofrecer sin prevaricar.
La extrema derecha, tras la votación de ayer, no tendrá capacidad de influencia en el gobierno de España. Sin embargo, lo que viene puede ser más peligroso. Lo peor es que parece que Pedro Sánchez no lo ve…, o le es más rentable no verlo.
Fuera de Cataluña, País Vasco o Galicia, la práctica totalidad de los españoles están en contra tanto de la amnistía como del referéndum de autodeterminación. Hay una minoría que lo defenderá por sectarismo o por afanarse en una teoría política que está absolutamente alejada de las realidades del día a día que sí preocupan a la ciudadanía.
España no es un régimen dictatorial. Tiene una democracia disfuncional que, en algunos aspectos, acerca al país a ser un Estado fallido. De eso no cabe ninguna duda. España necesita reformas muy profundas de las que, por cierto, no se ha hablado en todo el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez afirmó que había que sacar del ámbito judicial lo que se encuentra en el escenario político y que nunca debería haberse judicializado. Este eufemismo no es otra cosa que la afirmación de que se va a aceptar la amnistía y que no se niega que se pueda avanzar hacia el referéndum.
El actual presidente en funciones tiene un escenario muy complicado porque no tiene margen de maniobra: o acepta los máximos de los partidos independentistas o no obtendrá su voto favorable. Es así y, evidentemente, las formaciones soberanistas están aprovechando para lograr lo que, en otro escenario, les habría sido imposible. Tienen una oportunidad única que no van a dejar pasar porque les refuerza la aritmética parlamentaria y, sobre todo, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos que Pedro Sánchez ha demostrado tener a lo largo de toda su trayectoria política.
Hay que ser realistas. No se abre una posibilidad de tener un gobierno progresista porque la suma de las formaciones que lo compondrían es menor que en la legislatura pasada. Además, hay que tener en cuenta que ese posible gobierno progresista dependería de manera absoluta de una formación a la que el bienestar de los españoles les da absolutamente igual.
Sánchez, en la legislatura pasada, tuvo margen de maniobra para obtener votos cuando alguno de los partidos que le apoyaron en la investidura le fallaban. Ahora no tendrá ningún margen. Siempre dependerá de todos los grupos que le podrían apoyar a cambio de la amnistía y del referéndum. Si no cumple con sus promesas, habrá bloqueo y, evidentemente, Sánchez no es de los que dimite, sino que se presentará ante los españoles como víctima, que eso se le da muy bien.
Por otro lado, de producirse esos pactos, hay decenas de millones de personas que están en contra, que no lo entienden y que no están dispuestas a dejar pasar a Sánchez ni una más, incluso dentro del propio PSOE, incluso dentro del sanchismo. La gente está harta del «todo vale» con tal de que tal o cual partido gobierne. Y, sobre todo, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los tres Ejércitos no se han pronunciado, aunque lo harán. Lo que no se sabe es cómo o en qué sentido, porque a un servidor público cuya función es la defensa y la protección del Estado no se le puede exigir que vaya en contra de sus juramentos y de su honor.
En consecuencia, más allá de la teoría política, más allá de aspectos puramente teóricos que no aplican a la vida de la ciudadanía como, por ejemplo, la plurinacionalidad del Estado, la realidad es que el escenario que se presenta es tan peligroso como el Mordor de Tolkien porque siempre habrá un «gran ojo» dispuesto a destrozarlo todo.