La situación de la Justicia en España es crítica. Además del crecimiento sin control de la corrupción judicial, sobre todo en las altas instancias, hecho que se demuestra en las decisiones adoptadas por determinados jueces con mucho poder, el control de quién ocupa tal y cual puesto provoca que los órganos judiciales están manejados de manera externa. Este hecho genera, además, la absoluta destrucción del principio de independencia, el que garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva y a que la ciudadanía reciba una justicia justa.
España es, junto con los países que pertenecieron a la órbita soviética, el único país de la Unión Europea que no ha acometido una revolución en sus órganos judiciales. Esto no se ha hecho porque a las clases dominantes les interesa que el sistema siga siendo manejado por los lobbies que representan los intereses de los poderosos.
Ningún partido político que haya gobernado en España desde la muerte del dictador genocida Francisco Franco se ha atrevido a aniquilar el actual sistema, a abrir las ventanas para airear toda la putrefacción que existe en los tribunales españoles, sobre todo en las instancias superiores y en los juzgados de lo Mercantil. Esto ha sido posible porque tanto el gobierno como el partido que acometa esa revolución de la Justicia sufrirá las represalias de quienes, en realidad, están controlando la acción de jueces y fiscales en contra de los intereses del pueblo.
No hay más que entrar en la base de datos del CGPJ y revisar sentencias para comprobar las injusticias que se están perpetrando desde hace décadas por parte de determinados jueces y en juzgados muy determinados. A medida que se va escalando en la instancia, el volumen de decisiones injustas y de irregularidades de jueces y fiscales se incrementan. ¿Esto es una democracia? Con las cifras en la mano, evidentemente, España se ha convertido en una dictadura judicial que sirve de correa de transmisión para la defensa de los intereses de los poderosos.
Además, se suele actuar con impunidad y, en muchas ocasiones, con decisiones que encajan a la perfección en la definición legal de la prevaricación. El mayor problema de esta situación es que jueces y fiscales que trabajan aplicando la ley quedan emponzoñados por los comportamientos espurios de quienes ocultan su ponzoña con el negro de la toga. No todos los jueces se corrompen, ni mucho menos. Es más, son mayoría los que tienen un expediente limpio de aplicación de la Justicia justa. En cambio, los que están "tocados" provocan una generalización injusta porque suelen ocupar puestos en los que una ponencia en una última tiene mucho valor.
Abuso y falta de transparencia
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha hecho pública una carta dirigida al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders en la que, entre otras cosas, denuncian cómo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está abusando de los nombramientos a través de las comisiones de servicios.
"Desde Juezas y Jueces para la democracia queremos expresar nuestra honda preocupación y rechazo por el uso abusivo del sistema de comisiones de servicio y refuerzos por parte del Consejo General del Poder Judicial, previa propuesta de las Salas de Gobierno, para la provisión de órganos judiciales.
" Se trata de un sistema excepcional para cuya concesión deben concurrir circunstancias de especial necesidad reguladas en la LOPJ, debiendo las Salas de Gobierno elevar motivadamente al Consejo, el candidato/a que resulte más idóneo para cubrir la comisión ofertada valorando para ello las circunstancias expresadas en el art 216 bis 3 de la LOPJ.
" No obstante, venimos detectando, un uso abusivo y no justificado de las mismas tanto, por la falta de transparencia en los criterios para seleccionar los órganos judiciales a reforzar, denegando la renovación de éstas a órganos judiciales con informes que justifican su necesidad, como en los criterios de selección de las personas candidatas, llegando, en ocasiones, una misma persona a desempeñar varias comisiones de servicios o refuerzos, o a ocupar una plaza en comisión o refuerzo, sin que dicha plaza sea ofertada en concurso a la carrera judicial.
" Todo ello supone un abuso y una arbitrariedad incompatible con los principios constitucionales de mérito y capacidad que desvirtúan además la naturaleza y carácter de este sistema de refuerzo y provisión."