Mientras el debate sobre el futuro de la atención médica en Estados Unidos alcanza su punto álgido, el reciente impulso de la secta MAGA para proteger los recortes de impuestos a las grandes corporaciones y los millonarios revela un beneficiario clave: la industria farmacéutica. En medio de la aprobación del paquete de reconciliación presupuestaria, se aprobaron exenciones y ventajas fiscales que permitirán a los fabricantes de medicamentos mantener precios elevados, justo cuando cerca de 17 millones de estadounidenses enfrentan la amenaza real de perder su cobertura de salud.
En el epicentro de esta controversia está el programa de negociación de precios de Medicare, una de las promesas centrales de la administración Biden. Desde su anuncio, las grandes farmacéuticas han gastado decenas de millones de dólares en campañas de lobby, donaciones a comités clave y demandas judiciales para bloquear o debilitar el mecanismo que obliga a los laboratorios a acordar precios más bajos con el gobierno federal.
Bajo la presidencia de Donald Trump y el control de MAGA del Congreso, gran parte de ese esfuerzo dio frutos: la ley aprobada en el Senado exime a los medicamentos indicados para múltiples enfermedades raras de la negociación, y concede una exención impositiva a los gastos de investigación y desarrollo.
El resultado es un doble triunfo para la industria farmacéutica, la misma que era la enemiga de Robert F. Kennedy Jr. Sin embargo, este hombrecillo negacionista de la ciencia, antivacunas y promulgador de terapias alternativas y de la homeopatía se ha quedado callado ante las decenas de miles de millones de dólares que las farmacéuticas van a ganar. Por un lado, se preservan márgenes de beneficio que, en los últimos años, han convertido a las farmacéuticas en algunas de las corporaciones más lucrativas del planeta; por otro, se envía un mensaje claro a los inversores: Washington sigue dispuesto a blindar a los grandes jugadores del mercado ante cualquier intento de reglamentación efectiva. La industria farmacéutica obtuvo dos sólidas victorias políticas con este proyecto de ley, pero la más importante fue esquivar la política de nación más favorecida.
Esta dinámica arroja una sombra sobre la seguridad económica y la salud de millones de familias estadounidenses. Con recortes inminentes en programas sociales, los pacientes mayores y las personas con enfermedades crónicas se encuentran en primera línea de un futuro donde las facturas por medicamentos podrían convertirse en una carga insostenible. La Ley de Salud para Huérfanos es una traición a millones de beneficiarios de Medicare y un regalo totalmente innecesario de 5.000 millones de dólares a la industria farmacéutica.
El contraste entre los generosos beneficios concedidos a las corporaciones y el recorte simultáneo de la red de protección social dibuja un retrato inquietante: un país cuyo aparato legislativo prioriza los intereses del capital por encima de la salud pública. Cuando la política pone al alcance de las grandes empresas un arsenal de exenciones fiscales mientras cierra el paso a medidas que abaratarían el costo de la atención médica, se profundiza la brecha entre quienes pueden pagar el precio de un remedio y quienes deben renunciar a tratamientos esenciales.
En un sistema democrático, el lobismo y las millonarias contribuciones de campaña están regulados para evitar la captura del Gobierno por parte de intereses privados. Sin embargo, la reciente ola de decisiones legislativas evidencia hasta qué punto las élites de la industria farmacéutica han calibrado sus influencias para dictar la agenda política, incluso si ello significa sacrificar la protección de los ciudadanos más vulnerables.
El desafío, entonces, es doble: por un lado, recuperar la capacidad de negociación de Medicare para garantizar precios justos y accesibles; por el otro, restituir el equilibrio perdido entre el poder corporativo y el bien común. Hasta que eso ocurra, la frase empleada por sus detractores resulta más certera que nunca: en lugar de iluminar el camino hacia una atención médica más asequible, el Congreso ha decidido intensificar la luz sobre los beneficios de unos pocos, dejando a la mayoría a merced de sombras cada vez más oscuras.