Cada verano, España arde, pero este año las escenas vistas en los diferentes medios de comunicación han superado todo lo anterior: montañas cubiertas de humo, brigadas agotadas en jornadas interminables, vecinos luchando para que el fuego no entrara en sus casas y pueblos enteros amenazados o destruidos por las llamas. Pero detrás de la tragedia medioambiental y humana, las investigaciones judiciales de los últimos años han revelado un engranaje mucho menos visible: el llamado “cártel del fuego”, una trama de empresas y funcionarios que, según distintos documentos judiciales, convirtió la extinción de incendios en un negocio multimillonario basado en la manipulación de contratos públicos.
La expresión cártel del fuego se popularizó tras las primeras investigaciones abiertas en Castilla y León y Galicia a mediados de la década de 2010. El nombre alude a un entramado empresarial en el que empresas de servicios forestales pactaban entre sí quién se adjudicaba contratos públicos de extinción de incendios y mantenimiento de montes, simulando competencia mientras en realidad fijaban precios y se repartían territorios. Hubo momentos en que 7 de cada 10 contratos públicos para helicópteros e hidroaviones se los repartieron entre cuatro empresas.
Según las investigaciones judiciales, durante años se amañaron licitaciones millonarias destinadas a la prevención y extinción de incendios, con la complicidad de algunos funcionarios. El Tribunal de Defensa de la Competencia llegó a sancionar a varias compañías por formar un cártel que “falseaba de manera sistemática” la contratación pública.
Incendios y dinero
El fenómeno pone en evidencia una paradoja dolorosa: mientras la sociedad percibe el fuego como una catástrofe ecológica y humana, para ciertas empresas significaba un flujo constante de ingresos. Cuanto más fuego, más horas de vuelo de helicópteros, más contratos de mantenimiento, más gasto público.
En este modelo perverso, la naturaleza se convierte en un rehén: la extinción de incendios deja de ser un servicio público esencial y se transforma en un mercado cautivo y un lucrativo negocio.
El mecanismo del cártel funcionaba con técnicas clásicas: reparto de zonas, elevación de precios artificiales y presentación de ofertas de cobertura para simular competencia. De este modo, las administraciones autonómicas, responsables en España de la gestión forestal, pagaban de más por servicios que se contrataban cada verano con carácter de urgencia.
El problema no era solo económico. Según los investigadores, esta dinámica de amaños y sobrecostes condicionaba también la propia planificación de la lucha contra incendios, con adjudicaciones que priorizaban intereses empresariales frente a criterios técnicos de eficacia.
Impacto social
España es uno de los países europeos más castigados por los incendios forestales. El verano de 2022, por ejemplo, ardieron más de 300.000 hectáreas, la cifra más alta en dos décadas, hasta este año en que se pueden llegar a superar las 500.000. En este contexto, la revelación de que parte del presupuesto destinado a proteger los montes se desviaba mediante prácticas fraudulentas es un escándalo.
Además, el modelo de extinción centrado en medios costosos (helicópteros, brigadas privadas, maquinaria pesada) ha sido criticado por expertos que reclaman más inversión en prevención: gestión forestal, limpieza de montes y apoyo al mundo rural. Si se sigue viendo el fuego como un negocio, nunca se abordará el problema estructural de los incendios en España.
Acciones judiciales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso multas millonarias a varias de las empresas implicadas. Algunas causas penales siguen abiertas en distintos tribunales, aunque las responsabilidades políticas han sido difusas.
Diversas organizaciones ecologistas y sindicatos forestales reclaman que se reforme la contratación pública en el sector, con mayor transparencia y control. También piden una auditoría sobre el uso de fondos europeos destinados a la protección forestal, ante el riesgo de que parte de esos recursos se pierda en entramados corruptos.
El fuego, un síntoma político
El cártel del fuego no es solo un caso de corrupción empresarial: es un síntoma de la fragilidad del modelo forestal español. Un sistema sometido a tensiones presupuestarias y con fuerte dependencia de la externalización de servicios se convierte en un terreno fértil para que los intereses privados se impongan sobre el bien común.
En un país cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático, la cuestión trasciende la mera gestión de contratos: ¿puede España permitirse que la protección de sus bosques esté condicionada por redes de colusión empresarial?
La respuesta no está en los tribunales únicamente, sino en la decisión política de replantear el modelo de gestión forestal: priorizar la prevención sobre la reacción, blindar la contratación frente a cárteles, y asumir que los incendios no son una fuente de negocio, sino una amenaza existencial para el territorio y la ciudadanía.