El artículo 155 de la Constitución Española señala que «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Sería paradójico que el Gobierno de España aplicara dicho artículo a una Comunidad Autónoma que se posicionó claramente para que se interviniera a Cataluña durante la crisis política derivada del procés y tras la declaración unilateral de independencia.
Desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha colocado constantemente en una posición de insumisión absoluta, de populismo extremo y de rebelión constante contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso, en realidad, es la dóberman que precisa el Partido Popular para hacer la oposición que sus líderes no son capaces de hacer, este tipo de oposición barriobajero que capta votos desideologizados y que darán la vuelta a su sentido una vez que los que han apoyado alcanzan el poder, es decir, el voto del «cuñao» que tanto hizo crecer a Ciudadanos.
El último Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez sobre ahorro energético, basado en lo aprobado por la Comisión Europea la pasada semana, ha vuelto a provocar un movimiento de insumisión y rebeldía por parte de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de su presidenta que ya ha anunciado que no va a aplicar lo aprobado por el Ejecutivo. De llevarse a efecto la amenaza, evidentemente, Pedro Sánchez estaría legitimado para aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Ayuso afirmó a través de sus redes sociales que «por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?».
Si alguien pensaba que Ayuso se iba a quedar ahí, es que no conoce a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ayer lanzó una nueva andanada como si ella fuera el capitán Jack Sparrow y Sánchez el capitán Barbosa a bordo de La Perla Negra: «Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios “con la UE”. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios». Ahí salió el espíritu chulapo y tabernario de Ayuso, haciendo populismo con datos que no se sabe de dónde han salido y volviendo con el «raca raca» de los 22 ministerios.
Sin embargo, el anuncio de supuesta rebelión no se ha quedado en Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha llegado a afirmar que si lo dice la Unión Europea, acatarán las medidas de ahorro de energía, pero que si lo hace Pedro Sánchez, no: «Somos plenamente solidarios con las decisiones de la Unión Europea. Y si la Unión Europea, ante el problema de la guerra de Ucrania, dice que hay que ahorrar energía, somos plenamente conscientes de eso. Lo que nos preocupa es un Gobierno que no afronta los problemas con seriedad, sino que adopta medidas que al final no consiguen los objetivos que se buscan, que es algo a los que nos tiene acostumbrados desde hace muchos años».
Además, vuelven a referirse a las medidas adoptadas durante la pandemia y a intentar colocar a los empresarios en contra del Ejecutivo, una vez más: «me parece una injerencia realmente descomunal que el Gobierno de España se ponga a decir cuál es la temperatura que debe haber en un lugar comercial, en un restaurante, en un cine, porque ya el comerciante y el empresario sabe que es la temperatura que debe poner para ahorrar energía por una parte, pero no para hundir el negocio». ¿Bajar el aire acondicionado en verano o la calefacción en verano va a hundir el negocio de alguien? ¿La gente entra en los comercios sólo a «estar más fresquito o calentito»? Con el calor que hace ahora en Madrid, la gente ni sale a la calle. ¿Apagar los escaparates a las 3 o las 4 de la mañana va a restar clientes a las grandes multinacionales del comercio, precisamente las que están hundiendo a los pequeños comerciantes?
Además, el consejero Enrique Ossorio ha querido taparse las espaldas y ha señalado que analizarán el Real Decreto para llevarlo al Constitucional y que «todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar».
Provocación del artículo 155
Isabel Díaz Ayuso ha llevado su guerra (no la del Partido Popular) contra Pedro Sánchez a unos niveles que la colocan, tanto a ella como a la Comunidad de Madrid, en una situación similar a la que en 2017 se vivió en Cataluña y, en algunos puntos, en un escenario de mayor gravedad.
Isabel Díaz Ayuso no ha colaborado con el Gobierno de España ni siquiera en la pandemia. Ahora, en un momento de crisis energética global que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania, Ayuso vuelve a mostrar que antepone intereses políticos a cuestiones de interés general, el mismo interés general que señala la Constitución para que el presidente del Gobierno, si tiene el valor, invoque en el momento en el que Madrid se niegue a aplicar el Real Decreto.
Sánchez, eso sí, tiene la ley y la Constitución a su favor, además de una mayoría suficiente en el Senado como para que Madrid sea intervenido y Ayuso destituida, decisión que no adoptaría el Ejecutivo, sino el Legislativo.
También es cierto que la propia Ayuso podría estar buscando esta situación para presentarse ante la sociedad madrileña como la víctima del gobierno social comunista que pretende meterla en un gulag en la estepa soriana.
Sin embargo, cuando Quim Torra fue inhabilitado por negarse a cumplir una decisión de la Junta Electoral, que tiene un rango muy inferior al Gobierno de España, llegó a afirmar que esa insumisión era una «ruptura democrática».
La doble moral del populismo, si lo hace Ayuso, está bien, si lo hacen los independentistas están rompiendo la democracia cuando, en realidad, la presidenta madrileña ha colocado a la Comunidad en la misma situación que el Govern de Carles Puigdemont.