Hoy es el Día de la Constitución. Hoy se escucharán por boca de los representantes políticos españoles mil referencias al diálogo y el consenso por el que fue posible la redacción de la Carta Magna y que posteriormente fue ratificada en referéndum por el pueblo español. Hoy se escucharán también ataques de los sectores denominados «constitucionalistas» a quienes ponen en duda la vigencia de la Constitución de 1978.
Sin embargo, ese sector político, liderado por el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el PSOE, no hará ninguna referencia al inmovilismo que ha impedido reformar la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales y, sobre todo, para blindar derechos fundamentales que son vulnerados todos los días en España, conculcaciones de derechos que benefician claramente a las clases dominantes.
El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se encargó de atacar a quienes piensan que la Constitución debe ser reformada. «Nuestra Constitución tenía y tiene plena vigencia, que es como en política se define a lo que está lleno de vida. Ante la situación que vivimos: ¿qué podemos hacer? Conocer la Constitución. Estudiarla, leerla, comentarla. Si los jóvenes supieran que muchas de sus aspiraciones ya están contenidas en sus artículos, no se dejarían convencer por quienes les dicen que ‘no les representa’ […] vamos a defender nuestra Constitución frente a cualquier ataque, venga de donde venga. Y no vamos a consentir que separatistas y populistas sigan vulnerándola, ni que asalten las instituciones que deben protegerla».
Ayuso, incluso, llegó a tratar de desleales a quienes creen que la Constitución debe reformarse. Sin embargo, quien está siendo desleal es la propia clase política al no reformar una Carta Magna que, en realidad, era el punto de partida de la nueva democracia nacida tras la dictadura represora, genocida y asesina de Francisco Franco. En cambio, el texto constitucional se ha dejado como si fuese un libro sagrado y, como tal, ha perdido vigencia porque no representa a la España del siglo XXI.
La función principal de una Constitución democrática es garantizar los derechos y las libertades del pueblo frente a los abusos del poder, sea cual sea y venga de donde venga. Durante los años inmediatamente posteriores a la Transición la Carta Magna tuvo una función muy importante de asentamiento del sistema democrático. Sin embargo, a partir de la década de los 90, con varias crisis económicas y un incremento de la inestabilidad política (por más que los defensores de la Transición afirmen lo contrario), se vio que la Constitución iba perdiendo su vigencia en relación con esa labor fundamental en cualquier Estado democrático.
El inmovilismo no genera solidez. Más bien al contrario, provoca rigidez, frustración, debilidad y desigualdad. Esto es algo que no entienden quienes defienden que «la Constitución no se toca», a pesar de las claras evidencias de que la Carta Magna se ha convertido en un texto vacío de contenido precisamente por la falta de reformas.
Evidentemente, continúa siendo la garantía de los derechos y las libertades democráticas. Sin embargo, las consecuencias de las crisis económicas, las diferentes revoluciones que está viviendo la sociedad, como la tecnológica o la de la igualdad real, por citar algunas, están dejando claro que España necesita una reforma integral de la Constitución para, en primer lugar, adaptar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía a los tiempos actuales, y, en segundo término, fortalecer a la democracia frente al crecimiento de la ultraderecha, el populismo y el trumpismo que, precisamente, lo que defienden es el inmovilismo.
El derecho al trabajo
El artículo 35 de la Constitución afirma que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Este derecho es vulnerado día sí y día también en España. Las propias cifras oficiales de desempleo muestran cómo las condiciones laborales impiden que la ciudadanía pueda trabajar, como es su deber y su derecho, pero el mercado de trabajo impide la libre elección de profesión. España cimenta su mercado laboral en la precariedad y en la temporalidad más absoluta y las distintas reformas laborales, incluida la de Pedro Sánchez, no hace nada para modificar la situación. Más bien, se genera un escenario que favorece claramente a la clase empresarial con el beneplácito de unos sindicatos mayoritarios entregados, sometidos y rendidos.
Por otro lado, la clase empresarial, con los salarios de miseria que se pagan en España, vulnera el derecho a una «remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Según distintos informes independientes, en España se está disparando la figura del trabajador que se encuentra por debajo de los umbrales de la pobreza. Las llamadas colas del hambre se engrosan cada vez más con personas que, aunque tengan un trabajo, el salario que cobran no les da ni para satisfacer las necesidades más básicas. ¿De verdad que no hay que reformar la Constitución?
Derecho a la vivienda
El artículo 47 de la Constitución dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Sin embargo, son los poderes públicos los que están permitiendo que en España se viva una crisis de vivienda como jamás se había visto. Además de los desahucios de la banca y por el impago de alquileres, sin alternativa habitacional, se está permitiendo que el mercado inmobiliario haga imposible que las clases medias y trabajadoras puedan acceder a una vivienda digna, tal y como indica la Constitución.
Esta situación de vulneración flagrante de derechos fundamentales tiene relación con el punto anterior, es decir, con los salarios de miseria que se pagan en España y que, por ejemplo, impiden que los jóvenes puedan iniciar proyectos de vida con su independencia del hogar familiar, que las familias tengan que destinar casi el 80% de los salarios a los gastos relacionados con la vivienda o que tengan que decidir entre pagar la hipoteca o el alquiler o comer.
Derecho a la salud
La Constitución Española señala en su artículo 43: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el paradigma de cómo incumplir la Constitución y vulnerar un derecho fundamental como es el de la salud. Sin embargo, esto es extensible al resto de comunidades autónomas. Los poderes públicos no están prestando «las prestaciones y servicios necesarios» porque, en realidad, lo que están poniendo en riesgo es la vida de millones de personas.
Hay una carencia sistémica de recursos. Faltan médicos, enfermeras y profesionales sanitarios de todas las ramas. No hay suficientes camas de hospital y la atención primaria se está abandonando. Ya ha habido muertos por falta de atención o por carencias de personal. Las listas de espera en la sanidad pública superan varios meses para que los ciudadanos sean atendidos por un especialista.
A esto hay que sumar las políticas neoliberales encubiertas bajo el eufemismo de «colaboración público-privada» que, en realidad, es una privatización encubierta para que unas pocas empresas de la sanidad privada hagan negocio.
Derecho a la Justicia
El artículo 24 de la Constitución Española afirma que «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».
Sin embargo, la Justicia es la única administración del Estado que no ha pasado por un proceso de transición y, además, está conquistada por los poderosos. En España, la ciudadanía tiene todas las de perder cuando se enfrenta en los tribunales a los poderes económicos, financieros o empresariales. No hay tutela judicial efectiva porque se permite que los grandes despachos de abogados actúen con total impunidad gracias a sus influencias en los altos órganos de la Justicia. Por eso llevan los litigios hasta las últimas instancias, precisamente, las que tienen controladas de un modo u otro.
Los ciudadanos españoles son los que más denuncias presentan ante las instituciones europeas por corrupción judicial porque aquí se dictan sentencias favorables o se archivan procedimientos dependiendo de quién es el acusado.
Por otro lado, cuando alguien poderoso, sea una persona o una gran empresa, está contra las cuerdas porque no hay forma legal de absolverlos, en vez de hacer justicia, se retuerce la ley o se crean doctrinas ad hoc para salvar a los poderosos. Además de esto, en los tribunales españoles se llegan a vulnerar preceptos procesales o se deja sin posibilidad de recurso a los ciudadanos que se enfrentan a las élites.
Además, cuando los litigios de esas élites se dirimen en los tribunales de la Unión Europea, ahí está la Abogacía del Estado para defender los intereses de los poderes financieros, empresariales y económicos. Incluso, quien debería estar al servicio del pueblo, ha llegado a justificar la vulneración de derechos fundamentales para que los beneficios de las élites no se vean afectadas por la aplicación de la justicia.
Estas son algunas de las vulneraciones de la Constitución que se producen día a día y que justifican claramente una reforma integral de la misma. Todo ello sin entrar en otros aspectos como la dudosa legitimidad democrática de la actual Jefatura de Estado.
La Constitución necesita reformas muy serias orientadas a blindar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos que se trasladan directamente a sus vidas, a la realidad del día a día porque, de otro modo, la Carta Magna está de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Ese inmovilismo es lo que deja abierta la puerta a que la extrema derecha, el populismo o el trumpismo alcancen el poder.
Una Constitución no puede dejar indefenso al pueblo ante los abusos de poder y esto es la consecuencia de la falta de reformas en estos 44 años. Por esta razón, se demuestra que todo está por hacer, que la democracia está en peligro por tener un texto obsoleto como ley fundamental y que hoy no hay mucho que celebrar porque los únicos beneficiados de este inmovilismo son, precisamente, las élites que crearon el actual régimen.