Pedro Sánchez va a acudir a la sesión de investidura con unos pactos logrados gracias a la «pólvora del rey». Para hacer efectivos los objetivos del secretario general del PSOE se han utilizado recursos públicos para cerrar acuerdos que, además de tener un más que dudoso encaje legal, cuentan con el rechazo de la gran mayoría de la ciudadanía española, votantes socialistas incluidos.
Además de la Ley de Amnistía, que coloca a España en la categoría de régimen autoritario, hay cesiones económicas que afectarán directamente a la vida de todas las familias españolas.
En concreto, el precio que Pedro Sánchez ha estado dispuesto a pagar con el dinero de todos supera los 166.000 millones de euros. En términos de PIB, Sánchez ha cedido un 11,7% del Producto Interior Bruto.
Hay voces en la izquierda que llegan a afirmar que, con tal de que no gobierne el PP, les parece barato y que si hubiera sido necesario pagar más, pues se paga. Todo un ejemplo de responsabilidad social y presupuestaria, valga el sarcasmo.
Hay dos cesiones clave en los acuerdos del PSOE con ERC y Junts: la condonación de un 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado, es decir, 15.000 millones de euros. En el acuerdo con Esquerra se afirma que lo mismo se aplicará al resto de comunidades autónomas. Eso supone 23.034 millones de euros. Por tanto, en este punto, Pedro Sánchez ha pagado 38.034 millones para ser investido presidente.
Sin embargo, el golpe más duro que dará Sánchez a las arcas públicas está en la cesión de toda la recaudación tributaria a Cataluña. Aquí se incluiría el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. En concreto, Cataluña gestionará durante los cuatro años de legislatura más de 116.000 millones de euros que no entrarán en la Agencia Tributaria de España. ¿Es eso un precio justo? Evidentemente, no, es una tragada en toda regla.
Con Cataluña no acaba la cosa, puesto que los acuerdos firmados con el PNV también incluyen la renuncia a gestionar los ingresos que corresponden a todo el Estado. En concreto, se trata de la Seguridad Social, que suponen más de 6.500 millones de euros al año, es decir, 27.148 millones en la legislatura.
Ya no se trata sólo de la amnistía, con todas posibles irregularidades jurídicas que supone, sino que Pedro Sánchez ha tenido la osadía de jugar con el dinero público para favorecer a dos comunidades autónomas de las que necesita sus votos para ser investido presidente del Gobierno.
Sánchez ha cruzado demasiadas líneas rojas. Son los españoles los que van a pagarle la fiesta, pero sus propias reformas legales le salvan de una acusación judicial, cuanto menos, por malversación de fondos públicos. Eso sí, de miles de querellas por prevaricación no le va a librar ni el Papa y tiene a los jueces contentos.