Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros pensaban que iba a salir indemnes de la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Hasta ahora, todo parecía indicar que iban a salir bien parados porque los jueces habían archivado las acciones legales iniciadas por los hijos de las víctimas del Protocolo por el que no se derivó a los hospitales a las personas mayores residentes en las residencias para ser tratadas.
Sin embargo, dos declaraciones judiciales han dado un vuelco a la situación. Los hechos relatados por el exconsejero Alberto Reyero y Carlos Mur, exdirector-gerente de coordinación sociosanitaria y firmante de las cuatro versiones del Protocolo, han sido tan contundentes que todo indica que el juez Arturo Zamarriego iniciará una investigación sobre lo ocurrido en las residencias. Esto no se lo esperaban ni Isabel Díaz Ayuso ni sus consejeros y abre una brecha importante en la impunidad que, hasta ahora, le estaban dando jueces, juezas, magistrados, magistrada y fiscales a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una bomba en la línea de flotación de Ayuso
Las declaraciones en calidad de testigos, es decir, con obligación de decir la verdad, se han producido a sólo dos meses de las próximas elecciones autonómicas. Según ha publicado Infolibre, Alberto Reyero señaló ante el juez que el Protocolo de la Vergüenza introdujo un requisito discriminatorio basado en el grado de dependencia y no en las necesidades médicas de los residentes.
El exconsejero afirmó ante el juez que el gobierno de Ayuso no aplicó otras alternativas de atención para las personas mayores que vivían en residencias, además de que los geriátricos no fueron medicalizados o que no se trasladó a ningún residente a hospitales privados salvo que tuvieran una póliza. Del mismo modo, tampoco fueron llevados al hospital de Ifema.
Por su parte, Mur apuntó a la línea de flotación del gobierno de Ayuso ya que afirmó que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dio su aprobación a los documentos en los que se contenía el Protocolo de la Vergüenza. Además, señaló que él no estuvo de acuerdo con el criterio del nivel de dependencia.
El hecho de que sean dos ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso quienes declararan con tanto detalle lo sucedido con las residencias de Madrid es un golpe a dos meses de las elecciones, sobre todo cuando la Comunidad y el aparato de propaganda político y mediático de Ayuso pretendió hacer creer que esos documentos no eran más que borradores.
Sin embargo, los testimonios de Reyero y Mur demuestran que se aplicaron y que fueron enviados a los hospitales.
Ayuso y su consejero de Sanidad, salvados por el aforamiento
Estos testimonios abren claramente la puerta a que el juez profundice en su investigación y que ponga en su foco tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Enrique Ruiz Escudero. Sin embargo, el consejero de Sanidad está blindado de cara a una imputación, dado que, en la actualidad, está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, próximamente, ante el Supremo por su nombramiento como senador.
Hasta ahora el tema de las más de 7.000 personas que fallecieron en las residencias no ha afectado al gobierno de Ayuso. Sin embargo, el giro que ha dado en los tribunales es un nuevo frente que se une al de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la problemática de las obras de Metro de San Fernando, y un largo etcétera.