Pues ya está, la Ley Sánchez de Amnistía ya fue aprobada por el Congreso. Según el procedimiento parlamentario, aún no entrará en vigor porque, en primer lugar, tiene que pasar por el Senado, donde dormirá el sueño de los justos antes de ser rechazada, y, posteriormente, volverá al Congreso donde se aprobará de manera definitiva, salvo que haya quien cumpla su palabra y vote sólo a favor de lo que estaba incluido en el programa electoral del PSOE. La amnistía fue ocultada de manera hartera.
Sin embargo, los que hoy celebran la aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía (el sectarismo hooligan que invade a la política española ha incapacitado la capacidad de análisis de muchos) no pueden cantar victoria porque, a pesar de que el PSOE se sometiera a la voluntad de Junts para adecuar la Ley Sánchez de Amnistía a la situación legal de un prófugo de la Justicia, son los jueces los que, finalmente, decidirán sobre su legalidad y aplicación. No los jueces españoles, sino los europeos y ahí no hay lawfare que valga.
El problema que tiene Pedro Sánchez es que su Ley de Amnistía es sólo el principio de un camino en el que, para poder seguir atornillado en La Moncloa, se le va a exigir que su partido continúe presentando proposiciones de ley que son ilegales, por mucha pátina jurídica e interpretaciones manipuladas que le quieran poner.
El próximo paso será la convocatoria de un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Esto no es ninguna interpretación o querer jugar a ser adivinos de la TDT. Son hechos.
Los socios prioritarios de Pedro Sánchez, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, han advertido que la Ley Sánchez de Amnistía es sólo el primer paso hacia la independencia. ERC ha sido muy clara: tras esta norma debe llegar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
La Ley Sánchez de Amnistía ha colocado a los independentistas en un escenario en el que se dan las condiciones para la reclamación del derecho de autodeterminación, algo que, para los independentistas, es el único modo de resolver el conflicto político.
A día de hoy, Sánchez no puede convocar lo que le reclaman sus socios prioritarios. Es ilegal la convocatoria de un referéndum de autodeterminación de un territorio. Sin embargo, la amnistía también es contraria a la constitución, tal y como se ha demostrado en múltiples informes jurídicos, incluido el del jefe de los letrados del Congreso. El Ministerio de Justicia también se pronunció en este sentido en la anterior legislatura cuando, por cierto, Pedro Sánchez ya era presidente.
Sin embargo, si a Sánchez le hace falta el referéndum de autodeterminación para seguir en La Moncloa, cambiará nuevamente de opinión y lo convocará, aunque sea ilegal. En la España actual, primero están los intereses de Pedro Sánchez, en segundo lugar, las necesidades de Sánchez y, en último término, el cumplimiento de la ley.