Tras la situación de la Justicia, quizá el mayor problema que existe en España es un mercado laboral basado en el fraude, la vulneración constante de la ley, la conculcación de los derechos de la clase trabajadora y la puesta en peligro de millones de vidas.
En España hay un mantra que es contrario a cualquier definición de sostenibilidad empresarial: el presentismo del que abusan los empleadores, un verdadero cáncer por el que se obtienen beneficios que, de otra manera, no se lograrían.
Si una empresa necesita abusar de los derechos de sus trabajadores, defraudando miles de millones de euros al Estado por el impago y la declaración de las horas extra no remuneradas, entonces esa empresa está en quiebra.
Son muchos los sectores que tienen el abuso y la explotación como base de su modelo de negocio. Se habla de la hostelería, donde la gran mayoría de los empresarios afirman que si no obligan a trabajar a sus empleados por encima de lo que le obliga la ley, entonces tendrían que echar el cierre. En consecuencia, todas esas empresas están quebradas.
Sin embargo, no se trata sólo de la hostelería. Los abusos están extendidos también en las grandes empresas. En el sector de la consultoría, por ejemplo, la patronal pretendió incluir en el convenio colectivo jornadas de 10 horas diarias y con trabajo, incluso, durante los fines de semana.
La gran mayoría de las grandes consultoras, corporaciones que obtienen miles de millones de euros de beneficios anuales, no ve con buenos ojos que un trabajador cumpla con su horario de trabajo y se marche a la hora del fin de la jornada, aunque sea un buen empleado que cumple con sus objetivos de producción.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo inició en el año 2022 una mega-inspección contra las Big Four, es decir, Deloitte, PwC, KPMG y EY, por las largas jornadas de más de 12 horas diarias que imponen a sus empleados y la presunta inexistencia de sistemas de control horario, como obliga la ley.
Lo mismo se puede decir de la banca. Los trabajadores de Banco Santander, por ejemplo, llevan denunciando desde hace años que, tras los ERE salvajes y los cierres indiscriminados de sucursales, todo el trabajo ha recaído en los empleados que han quedado, además de tener que hacerse cargo de la parte administrativa de las operaciones de la banca on-line.
En el caso de estas grandes empresas, el fraude y la explotación laboral no supondría su quiebra, evidentemente, sino que es un claro ejemplo de codicia corporativa para poder obtener más beneficios que se traducen en dividendos para sus grandes accionistas. Es decir, que una minoría se hace rica gracias a la explotación de seres humanos.
Un fraude muy rentable
Se calcula que en España se trabajan anualmente más de 500 millones de horas extras no remuneradas. Se han verificado más de 350 millones, con un crecimiento sostenido de más del 5% cada año. Estos supone que, como mínimo, se ha dejado de pagar a los trabajadores más de 3.000 millones de euros y más de 1.000 millones a la Seguridad Social.
Esas cifras son las que demuestran que la gran mayoría de las empresas en España están en quiebra, sobre todo en un país en el que el mapa empresarial está conformado por pymes, micropymes y autónomos.
Por otro lado, desde los sectores empresariales y los ámbitos políticos liberales se chantajea sin pudor afirmando que esa es la única forma de crear empleo y que es mejor tener un mal trabajo a estar en el paro. Esto es una falacia que lo único que provoca es que el fraude y la explotación sea sistémica.
Los empresarios provocan una pandemia
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han demostrado y denunciado que trabajar más de 9 horas diarias incrementa el riesgo de morir por ictus o por enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos.
Las largas jornadas de trabajo son ya la causa principal de las muertes y los problemas de salud ligados al ámbito laboral. En concreto, desde el año 2000 se han incrementado un 29% el número de muertes y el riesgo de fallecer a causa de un ictus o de que se genere una enfermedad cardiovascular mortal ha aumentado en un 42%. Esto supone que anualmente mueran casi 1 millón de trabajadores por las secuelas de tener una jornada continuada de más de 9 horas diarias.
Las personas que trabajan más de 9 horas diarias de forma continuada tienen un 35% más de riesgo de fallecer a consecuencia de un infarto que quien cumple con la jornada máxima estipulada en cada país. En España son 40 horas semanales y los datos de horas extras demuestran que apenas se cumple.
Otro aspecto que aumenta el número de horas lo encontramos en la constante vulneración por parte de las empresas del derecho a la desconexión que ya está estipulado dentro de la ley española.
El teletrabajo ha aumentado el volumen de mensajes que los trabajadores reciben de sus jefes en horario fuera de su jornada laboral. Sin embargo, el derecho a la desconexión establece que los empleados no están obligados a contestar llamadas telefónicas, videollamadas, emails, WhatsApp, Telegram fuera de su horario laboral.
El tiempo de descanso de los trabajadores es sagrado, tanto el diario como el de permisos y vacaciones. En concreto, la Ley Orgánica 3/2018, en su artículo 88.1, señala que: «Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar».
También los empresarios deberían recordar que la prolongación indebida de la jornada laboral es una infracción que conlleva sanciones, al igual que obligar a que el trabajador siga conectado de forma irregular durante los descansos o fuera de la jornada.
La vulneración de la desconexión digital por parte de los empleadores es un asunto muy grave que, evidentemente, afecta a la salud de los trabajadores. La conexión constante y la falta de descanso provoca un 56% de los casos de fatiga intelectual.