Que el mercado laboral español está gravemente enfermo y que perjudica seriamente a la salud y a las condiciones de las clases medias y trabajadoras ya es una obviedad. Sin embargo, el gobierno presuntamente progresista del PSOE y de Unidas Podemos no está aplicando ninguna medida realmente efectiva que termine con los verdaderos problemas provocados por los abusos de los empresarios.
La reforma laboral aprobada es un verdadero insulto a las clases medias y trabajadoras de este país. No va a terminar con la precariedad porque, y eso es algo que no explican, esa precariedad no está basada sólo en la duración total de los contratos o en si son temporales o indefinidos. Esa es sólo una parte, pero no acaba con los problemas del mercado laboral y, por supuesto, sigue permitiendo los abusos de la clase empresarial.
La España de Sánchez, líder europeo en trabajadores pobres
En medio de una inflación galopante provocada por diferentes factores, tanto internos como externos, se está demostrando que las clases medias y trabajadoras se están empobreciendo gravemente mientras que las clases privilegiadas se enriquecen a manos llenas. Esto son datos objetivos que no tienen contraargumentación de ningún tipo. Es así y ya está. Quien diga lo contrario miente.
Los niveles salariales españoles son los propios de un país en desarrollo. Los sueldos no se revalorizan al mismo nivel que suben los beneficios de las empresas mientras éstas aplican la práctica de «esto es lo que hay, si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta».
Esta actitud es la que ha colocado a España entre los líderes de la UE en trabajadores pobres, por encima de «potencias económicas» como Bulgaria o Rumanía.
Sin embargo, ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz están haciendo nada para revertir esta situación que es, cuanto menos, despreciable. Más aún, según Eurostat, la pobreza laboral sigue aumentando exponencialmente en la España de Pedro Sánchez, el hombre que se presentó a los españoles como el «Bálsamo de Fierabrás».
Abusos y expolio a la Seguridad Social
La precariedad laboral no se mide sólo en si las clases medias y trabajadoras tienen un contrato indefinido o temporal, sino en si se trata de jornada completa o parcial. Esta es la clave que ni siquiera la exsindicalista Yolanda Díaz quiere abordar.
Sin embargo, a pesar de que todo lo anterior es un hecho que demuestra que el mercado laboral español está en cuidados paliativos, hay otro aspecto en el que el gobierno de Pedro Sánchez está fracasando estrepitosamente: el abuso empresarial del incumplimiento de la jornada laboral y el incremento exponencial de las horas extraordinarias no remuneradas.
El empresariado español es el único de Europa que valora como un elemento fundamental de valoración de su plantilla el «presentismo», es decir, que los trabajadores den horas de más sin ningún tipo de remuneración. El problema está en que, como ocurre en multitud de compañías, tanto en pymes como en grandes multinacionales, ese puesto de trabajo esté condicionado a dedicar más horas de las legalmente establecidas.
Esto supone un verdadero «robo» para las clases medias y trabajadoras y, sobre todo, para la Seguridad Social que deja de ingresar 750 millones de euros al año que cubrirían un 70% de las pensiones de un mes.
El «robo» del siglo
En España están verificados 320 millones de horas extra sin remunerar cada año, un número que va creciendo a un ritmo del 6%. Esta cifra supone que los empresarios «están robando» anualmente 2.500 millones de euros a las clases medias y trabajadoras de este país.
Según indica la legislación española, los empresarios no pueden obligar a sus trabajadores a realizar estas horas. Sin embargo, el sistema «son lentejas» es el que realmente se está aplicando en prácticamente todos los sectores productivos. Ni siquiera la implantación del control horario ha frenado que los empresarios sigan abusando y dejando de pagar a sus trabajadores 2.500 millones y 750 millones a la Seguridad Social.
Miedo empresarial a una Inspección de Trabajo eficiente
Hay sectores, además, que se presentan como mártires porque Inspección de Trabajo les sancione y, lo que es más grave, que sean los propios trabajadores los que se pongan en contra y reivindiquen la explotación laboral, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, con los «caseteros» de la Feria de Sevilla.
La falta absoluta de control de los abusos laborales, por ejemplo, ha provocado que en el sector de la consultoría se haya planteado por parte de la patronal que se incluya en el convenio colectivo la extensión de la jornada laboral de lunes a sábado, dejando a los trabajadores sólo un día de descanso.
Sin embargo, cada vez que se habla de aumentar la plantilla y los recursos de la Inspección de Trabajo para adecuarla a los estándares exigidos por la Unión Europea, las confederaciones de empresarios ponen el grito en el cielo y amenazan con paros patronales. Evidentemente, no quieren que haya un control sobre sus abusos porque les sale muy rentable. Más beneficios a costa de la explotación de seres humanos. Ese es el mantra.
El problema no está tanto en que sean los empresarios los que no quieran que haya un mayor control, sino que un gobierno supuestamente progresista no apruebe ningún Real Decreto para que la Inspección de Trabajo alcance las ratios que hay en otros países.
En esto hay mucho de priorización de buenos resultados estadísticos que de anteponer las verdaderas necesidades de las clases medias y trabajadoras españolas. En este país hay sectores, como el de la hostelería, en la que se firman contratos de 10 horas semanales con sueldos por debajo de los 14.000 euros anuales que marca el salario mínimo interprofesional, pero con jornadas de más de 10 horas diarias. Aquí está el fraude que nadie quiere desenmascarar porque siempre está el chantaje sectorial de que si no se hace así no les es rentable o se perdería la competitividad del sector turístico.
Este es el gran fracaso de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, fracaso que podrían revertir en éxito si tuvieran el valor de afrontar la realidad como lo hubieran hecho los verdaderos referentes del socialismo y del sindicalismo español. Sin embargo, es mejor seguir en la política de «la puntita nada más» y que los empresarios sigan con sus abusos y su explotación mientras las clases medias y trabajadoras se empobrecen gracias a la inacción de un gobierno que les está traicionando.