La larga batalla que Irlanda está librando con la Unión Europea por los impuestos impagados de Apple en los países donde factura es la máxima demostración de la obstinada determinación del país de seguir facilitando niveles masivos de evasión fiscal empresarial.
Sin embargo, la presión hacia Irlanda está creciendo. El próximo mes de octubre, en Ginebra, las políticas fiscales del país volverán a ser el centro de atención cuando el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas estudie las pruebas presentadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil. La reunión se produce antes de la comparecencia de Irlanda ante el Comité a principios de 2023, en la que un panel de expertos de la ONU interrogará formalmente su cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este Comité de Naciones Unidas ya se ha fijado en los graves impactos en los derechos humanos del régimen fiscal de Irlanda, particularmente en lo que respecta a los países de bajos ingresos, y planteó el tema en noviembre de 2020. Este hecho es extrapolable a todos y cada uno de los paraísos fiscales del mundo.
Una coalición de organizaciones irlandesas y ghanesas que luchan por la justicia fiscal presentó un informe al Comité, al que Diario16 ha tenido acceso, que establece en detalle las múltiples formas en que Irlanda, como el resto de paraísos fiscales del mundo, desvía los ingresos de los países más pobres y los devastadores impactos en los derechos humanos que esto genera.
Quizás el aspecto más conocido del papel de Irlanda en el abuso fiscal internacional es su facilitación del traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales. Según se indica en el informe, las estructuras legales que ofrece el país para permitir tales prácticas han evolucionado con el tiempo, pero el progreso para poner fin al traslado de beneficios ha sido escaso. Los diferentes gobiernos irlandeses han usado reformas superficiales para argumentar que ha cerrado las lagunas, pero la notoria estructura de elusión fiscal «Double Irish» simplemente ha dado paso al «Single Malt» que permite a las empresas lograr el mismo resultado a través de canales alternativos.
La extensa red de Irlanda de 73 tratados fiscales bilaterales, en combinación con estas estructuras fiscales ignominiosas, lo convierten en un destino principal para las empresas que buscan trasladar sus beneficios fuera de otros países y así evitar pagar su parte justa de impuestos.
Además, el país ha estado apuntando específicamente a las economías africanas emergentes para tales acuerdos en los últimos años, a pesar de que sus agresivas tácticas de negociación han llevado a resultados nocivos para socios como Ghana. De hecho, una investigación realizada por Government Revenue and Development Estimations (GRADE) de la Universidad de Saint Andrew muestra que los ingresos perdidos por el cambio de beneficios corporativos del país de África occidental en un solo año habrían salvado la vida de 170 niños.
Ghana pierde 166 millones de dólares al año, el equivalente al 19% de su presupuesto sanitario, debido al abuso fiscal transfronterizo. En total, Irlanda provoca pérdidas de ingresos de unos 19.000 millones de dólares estadounidenses al año a otros países, según Tax Justice Network.
Cuando se le cuestiona sobre los impactos nefastos de su paraíso fiscal, el gobierno de Irlanda generalmente ha señalado un análisis indirecto de 2015 encargado por su Ministerio de Finanzas que, según argumenta el país, muestra que no tiene un impacto negativo en los países en desarrollo. Sin embargo, dicho análisis tiene serios defectos: sólo examinó 13 de los países en desarrollo que reciben flujos de inversión de Irlanda y solo el 4% de los datos disponibles sobre la inversión irlandesa en el extranjero.
Además, el papel de Irlanda en socavar los derechos humanos en otros países no se limita a su facilitación directa del abuso fiscal internacional. Como todos los estados que han suscrito los principales acuerdos de derechos humanos de la ONU, también está sujeto a obligaciones extraterritoriales de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos a través de su participación en instituciones internacionales.
Estos principios parecen haber sido ignorados cuando Irlanda luchó duramente para suavizar las propuestas de la OCDE para un impuesto de sociedades global y, por lo tanto, ayudó a garantizar que el acuerdo final, aparentemente destinado a poner fin a la «carrera hacia el abismo» en los impuestos corporativos, sería traer poco o ningún beneficio para las naciones más pobres.
De manera similar, el país continúa oponiéndose resueltamente a las propuestas para que las negociaciones fiscales internacionales se trasladen de la OCDE a la ONU, y para la creación de una nueva convención fiscal global bajo los auspicios de Naciones Unidas. Ambas medidas representan demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de todo el Sur Global, ya que los países de bajos ingresos podrían participar en la ONU en pie de igualdad.