En 2020, el último año completo del gobierno de Donald Trump, las familias con unos ingresos anuales de más de 1 millón de dólares sufrieron menos inspecciones fiscales que los hogares de clase media y trabajadora. Eso nunca había ocurrido antes.
Esto no es exclusivo de Estados Unidos, sino que es una pandemia que se extiende por todo occidente, porque la plutocracia que se está imponiendo al Estado del Bienestar no es algo que sólo sucede con los políticos liberales, ultraliberales, conservadores o socialdemócratas, sino que los parlamentos occidentales mantienen la impunidad de los ricos gracias a la precariedad económica de las distintas agencias tributarias. La falta de recursos redunda, principalmente, en que los inspectores o auditores se ven obligados a retirarse de las inspecciones a las grandes fortunas.
Sólo en Estados Unidos, entre 2010 y 2020, durante las administraciones de Obama y Trump, las auditorías de los millonarios cayeron un 92%.
Tras la crisis de 2008, los ricos se han aprovechado al máximo de su control sobre los políticos y, en muchos países, las familias con ingresos anuales superiores a 1 millón de euros, ni siquiera se molestan en presentar sus declaraciones de impuestos. Un ejemplo de ello está en Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, quien, en varios ejercicios fiscales, ni se dignó en presentar su declaración sin recibir sanción ni denuncia de ningún tipo.
Pero incluso si las distintas agencias tributarias contaran con capacidad de auditoría para realizar inspecciones a los millonarios, esos ricos tienen pocos motivos reales de preocupación. Todos los ultrarricos hacen trampa en sus impuestos. Sin embargo, la mayoría de ellos ni siquiera tienen que buscar atajos para evitar el pago de impuestos porque pueden eludir «legalmente» cualquier ley tributaria gracias a una amplia constelación de lagunas jurídicas que han logrado introducir en las leyes nacionales.
Esos mismos ricos que con su elusión o evasión fiscal, por más que se acojan a sistemas «legales», son los que se quejan de que los estados despilfarran el dinero en las pensiones de las personas mayores, en la sanidad o la educación pública, en los subsidios para las familias vulnerables o en la construcción de viviendas de protección oficial.
Estos sistemas de evasión fiscal es un robo a todas las ciudadanías del mundo. El Estado debe proteger a todas las familias. En cambio, al final, los países occidentales terminan por ofrecer su protección más radical sobre los que más tienen a través de la impunidad que otorgan las leyes que aprueban los políticos de todas las sensibilidades ideológicas.
Mientras esto sucede, mientras la desigualdad se ha disparado en los países que cuentan con constituciones que afirman de manera ampulosa que todos los ciudadanos son iguales, los que realmente despilfarran son esos millonarios. Mientras las colas para poder acceder a una comida digna al día porque la devaluación salarial es una plaga mundial, esas familias ricas son las que despilfarran de verdad. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda la instalación de piscinas con fondo transparente para que los millonarios tengan la sensación de estar flotando.
¿Hay que terminar con los millonarios? No, lo que los gobiernos y parlamentos occidentales están obligados a hacer es retirar la impunidad y las patentes de corso para que quienes más tienen, más aporten porque, finalmente, ellos también serán beneficiados, por más que sean tan cortos que no lo vean.