El tiempo de las revoluciones acabó hace muchas décadas. La violencia como expresión de la indignación ciudadana ante medidas injustas no sólo es condenable, sino también despreciable y contraria a los valores democráticos. No hay peros en esta apreciación. La violencia nunca es la solución y la condena de la misma debe hacerse sin ningún tipo de filtro en base a quién la ejerza. No se puede condenar a unos y blanquear a los otros porque los diferentes tipos de violencia no conocen de ideologías, sino que el proceso es otro.
La clase política, en general, siempre es la responsable del descontento ciudadano por una razón muy sencilla: son los que adoptan las decisiones que luego impactan en la vida de las personas. Si esas decisiones son beneficiosas para toda la sociedad por igual. Siempre habrá algún descontento, evidentemente, pero el ejercicio justo del gobierno y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los procesos electorales suelen ser sinónimo de paz.
Sin embargo, en España, tanto el PSOE como el Partido Popular son muy dados a presentarse a las elecciones con un programa que oculta lo que en realidad se va a hacer cuando alcanzan el gobierno. Es decir, tanto el PSOE como el PP mienten y han mentido a la ciudadanía, además de actuar de manera poco transparente para defender sus intereses partidistas.
La ley de amnistía que el PSOE ha pactado, de momento, con Esquerra Republicana de Catalunya, ha provocado el rechazo por parte de la gran mayoría de la población española, votantes del Partido Socialista incluidos. Nadie entiende que se quiera hacer borrón y cuenta nueva con el procés catalán y hay muchos elementos para esa oposición. No es un tema ideológico, como desde algunos sectores de la izquierda se pretende afirmar. No es una cuestión de la derecha o la extrema derecha.
Estar en contra de la amnistía de Pedro Sánchez es algo mucho más profundo que se sustenta en cuestionamientos políticos, económicos, legales, de sentimiento patriótico, del anticatalanismo latente en la gran mayoría de las regiones españolas, y un largo etcétera que no van en un solo paquete, sino que cada una de las decenas de millones de personas contrarias a la amnistía se opone por tal o por cual cosa. Pero la oposición existe y mucho más cuando el propio presidente del Gobierno en funciones se mostró contrario a ella sólo unos días antes de las elecciones.
Pedro Sánchez mintió a la ciudadanía española y eso tiene el coste del descontento social. En el programa electoral del PSOE, en el Bloque VII, titulado de manera rimbombante como «La España de las libertades y la convivencia», se señala al procés de Cataluña como la causa de «la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978».
En la página 222 del programa electoral del PSOE se indica que «la derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas».
A partir de este momento, ni una palabra sobre Cataluña y, por supuesto, ni una sola palabra sobre una posible Ley de Amnistía.
Cuando a militantes y dirigentes del PSOE se les pregunta que por qué Sánchez ocultó el tema de la ley de amnistía la contestación asusta: «Es que si lo dice en la campaña no nos vota ni 'el Tato'». Es duro escuchar algo así y pensar que se justifica una estafa al pueblo de este calibre por lograr una victoria electoral.
La política no es una afición deportiva. Pertenecer a un partido político no es hacerte socio de un club de fútbol donde se justifica el juego sucio de un defensa o el teatro de un delantero mientras el equipo gane. No, en la política es necesaria una mayor altura moral y no basar la actividad en el resultadismo. El todo vale mientras ganen los míos refleja un espíritu muy alejado de lo que exige un régimen basado en derechos y libertades.
Sánchez es el último, pero el problema que hay en España es que lo han hecho todos y cada uno de los gobiernos que ha habido desde la restauración de la democracia. Se pensaba que nadie podría superar lo que hizo Mariano Rajoy con su programa oculto de recortes sociales y de destrucción de Estado del Bienestar. Sánchez está ya en el mismo nivel de estafa política.
El Partido Popular se presentó a las elecciones de noviembre de 2011 con un programa electoral en el que no estaban reflejadas ninguna de las medidas que adoptó. Todo ello, además, impuesto a través de la dictadura parlamentaria que supuso una mayoría absoluta cruel para la ciudadanía.
Rajoy mintió a los españoles, como lo está haciendo Sánchez. Las consecuencias sociales y económicas aún se están viviendo. Las víctimas de las medidas que adoptó, que no estaban en su programa electoral, ya no podrán recuperar su vida y están apechugando con el dolor que provocó la estafa política del PP.
Pero las mentiras no son sólo por estafar a la ciudadanía con los programas electorales. El Partido Popular mintió con el 11M, el mayor atentado terrorista de la historia, con el Prestige, el mayor desastre ecológico de la historia, con la intervención de España en la Guerra de Irak o con el accidente del Yak42.
Todas estas mentiras, todas estas estafas políticas, tanto las del PP como las del PSOE, tanto las de Aznar, las de Zapatero (que derivaron en el 15M), las de Rajoy y las de Sánchez provocaron y provocan la protesta ciudadana y, en muchos casos, las protestas pacíficas degeneraron en violencia por parte de grupos minoritarios de extrema derecha y de extrema izquierda. Casualmente, el tono de la condena por parte de los principales partidos fue muy distinto dependiendo de quién ejerciera la violencia.
Ahora es el PSOE el que se siente atacado porque se están rodeando sus sedes. En el pasado lo fue el Partido Popular cuando sucedió tres cuartos de lo mismo. La estafa de Rajoy con los recortes llevó, incluso, a que se organizaran grandes manifestaciones bajo el lema «Asalta el Congreso». Las llamadas «Marchas de la Dignidad» terminaron con durísimos enfrentamientos entre la Policía y grupúsculos de extrema izquierda, con la misma tipología que los episodios vividos en Madrid esta semana.
La protesta es un derecho y un deber de la ciudadanía de un Estado democrático. No se puede censurar una concentración ante la sede de un partido político siempre que sea pacífica. No se puede afirmar que una manifestación pacífica sea un ataque a la democracia porque lo que la ciudadanía está ejerciendo es un derecho constitucional. El ataque se produce cuando hay violencia, entonces sí, es el momento de la condena sin ningún tipo de matiz.
¿Es culpable Pedro Sánchez de la violencia ejercida por grupos de extrema derecha y de corte nazi? No, rotundamente no.
¿Fue culpable Mariano Rajoy de la violencia ejercida por grupos de extrema izquierda y de corte anarquista? No, rotundamente no.
De lo que sí son culpables tanto Sánchez como Rajoy es de estafar a la ciudadanía, lo que genera el descontento social que tiene gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales.