El gobierno de Pedro Sánchez, o una parte de él, es un ejemplo del sectarismo ideológico que no tiene capacidad de análisis frío las realidades que afectan a millones de personas de clase media y trabajadora y, sobre todo, a pensionistas.
Mientras se ha estado dispuesto a entregar cientos de miles de millones a las regiones que representan los partidos asociados a Sánchez (no hay más que ver las concesiones que se le han dado al independentismo catalán), ese mismo gobierno está regateando unos pocos millones de euros que garantizan la salud de los funcionarios de MUFACE porque un trasvase a la sanidad pública supondrá que tratamientos en curso sean suspendidos y colocados en las listas de espera ya sobrecargadas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, que es médico, debería saber que la interrupción de un tratamiento contra el cáncer o de salud mental puede tener consecuencias mortales. Sin embargo, a pesar de la evidencia científica, se antepone el sectarismo a la humanidad. Desde que llegó al Ministerio no ocultó su objetivo de eliminar MUFACE, lo cual no ha hecho con Isfas o Mugeju.
Ahora, según ha publicado elDiario.es, Sanidad ha realizado un supuesto estudio que rezuma sectarismo oculto en cifras, datos que sólo buscan justificar la destrucción de MUFACE. En ese documento se acusa a las aseguradoras de derivar a la sanidad pública los tratamientos más costosos. Por experiencia propia, eso no es cierto.
Por otro lado, el informe indica que el impacto en la sanidad pública del trasvase de mutualistas que eligieron el seguro privado no sería muy elevado. Desde un punto de vista estadístico se puede justificar esta afirmación, pero es que la estadística puede justificarlo todo, porque en una tabla de Excel cabe todo y dirá lo que se pretenda que diga. La pretendida destrucción de MUFACE no es una cuestión de cifras, sino ideológica. La vida humana no se puede poner en riesgo por razones ideológicas. Hacerlo, coloca a quienes piensan así en el mismo nivel de inhumanidad del Estado de Israel.
No obstante, la realidad es contraria a lo que afirma el informe sectario de Sanidad, sobre todo en lo que se refiere a los pensionistas y a las personas con discapacidad. Los funcionarios jubilados llevan décadas acudiendo a determinados médicos, siguiendo tratamientos en determinados hospitales. Es decir, todo su historial médico. Ahora, si finalmente el gobierno de Pedro Sánchez provoca que las aseguradoras privadas no firmen el nuevo convenio, se producirá una situación límite en la que cientos de miles de personas mayores serán obligadas a ser tratadas en la sanidad pública, con lo que eso supone en cuestión de listas de espera. El despropósito es de tal calibre que, por ejemplo, un hombre o una mujer que se encuentre en medio de un tratamiento contra el cáncer se verá obligada a interrumpirlo y a meterse en lista de espera. En ese escenario, miles de personas habrán sido obligadas a morir.
Además, la posición del gobierno de Pedro Sánchez va a derivar en un escenario de discriminación absoluta a esas personas mayores, puesto que les será imposible continuar con sus médicos. A partir de los 70 años de edad, ninguna compañía privada de salud da de alta pólizas. Por tanto, Sánchez obligará a los pensionistas de MUFACE a un escenario no elegido, sino impuesto, con la salud y la vida en juego.
Desde el sectarismo radical de una parte de la izquierda se seguirá interpretando que estas mutualidades son un privilegio. Ya hemos dicho que esto es falso. En consecuencia, el gobierno de Pedro Sánchez se verá obligado a subirles el salario y la pensión a los funcionarios para que se les devuelve la capacidad adquisitiva que pierden. Sin embargo, con los pensionistas hay un problema, dado que, por ejemplo, los funcionarios de las categorías A y B cobran la pensión máxima, no se les puede subir más. Entonces, les quitan sus médicos y, además, no les pagan el dinero que les correspondería. El despropósito va a más, aunque con un gobierno liderado por una persona de la estofa del actual, no es de extrañar que todo le dé exactamente igual. Total, si no tienen médico, menos pensiones habrá que pagar.
Otra cuestión son las prestaciones por hijo a cargo que MUFACE da a los funcionarios con hijos con discapacidad. ¿También son un privilegio? Con ese dinero, las familias, en muchos casos de pensionistas, pueden hacer frente a tratamientos que ni siquiera la sanidad pública ofrece. El sectarismo es de tal calibre que el gobierno Sánchez está dispuesto a que se deje a estas personas tiradas.
Mientras se están regateando un máximo de 700 millones de euros para que los pensionistas de MUFACE puedan continuar con sus tratamientos médicos sin ningún tipo de alteración, el gobierno Sánchez ha estado dispuesto a pactar transferencias y concesiones al independentismo catalán y a sus socios vascos que alcanzan los 380.000 millones.