Nacho Cano fue detenido ayer por la Policía acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal por contratar presuntamente de forma irregular a una becaria mexicana para el exitoso musical «Malinche».
La respuesta del empresario, compositor y exmiembro de Mecano fue la politización de la situación al relacionar su arresto con una represalia por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Cano no dudó en afirmar que su situación era comparable a la del hermano de la presidenta madrileña y que, como no pudieron con ella, han ido a por él.
En una entrevista concedida a El Mundo, Cano afirmó que «mi proximidad con Isabel Díaz Ayuso es la clave de todo, la Policía fuerza la detención. No soy ningún criminal, ellos sí son unos criminales. Está imputada Begoña Gómez y han tenido que desviar la atención. Esto es para que todos los españoles pensemos dónde estamos viviendo. Esto es Venezuela, sólo me han detenido para decir que me han detenido».
Para sostener sus acusaciones, Nacho Cano acusó a la policía de coacciones al resto de becarios y citó una supuesta cercanía del comisario de Leganitos con el ministro Fernando Grande-Marlaska. No es de extrañar esta versión teniendo en cuenta el despacho de abogados que le representa, un bufete que no ha dudado en remitir a los medios de comunicación notas de prensa manipuladas y llenas de fake news.
Sin embargo, más allá de lo que pueda derivarse de la investigación policial y judicial, el caso de Nacho Cano muestra el camino que quiere seguir el neoliberalismo radical que pretende implantar Isabel Díaz Ayuso en Madrid y en España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó al poder a caballo de la palabra «libertad» con su oposición frontal a las medidas de prevención de la salud durante los momentos más duros de la pandemia. El propio Nacho Cano ha afirmado que su apoyo a Ayuso fue porque mantuvo abiertos los teatros y los bares durante la pandemia.
Lo que realmente oculta la «libertad» de los neoliberales radicales es la absoluta desregulación de todas las actividades económicas, es decir, eliminar el control de las autoridades sobre los mercados, las empresas y las relaciones con los trabajadores. No hay más que ver la reacción que tuvo cuando desde el gobierno se planteó la idea de limitar los horarios de los restaurantes para evitar abusos en las plantillas.
En el neoliberalismo más radical que representa Isabel Díaz Ayuso se basa en el mantra «menos Estado, más libertad». En consecuencia, se trata de la manipulación bastarda de un concepto como la «libertad» como elemento de impunidad frente a la explotación de los trabajadores o la especulación salvaje de los grandes fondos de inversión.
En el año 2012, el economista Jaime Bravo afirmó con acierto lo siguiente: «Los efectos de la desregulación son temibles. Si no hay nada ni nadie que se encargue de “parar los pies” a los especuladores, la economía se habría ido al garete hace mucho. Los hay que defienden al especulador porque se “arriesga” – ojo, esto es verídico – y porque no hace daño a nadie. Cuando Soros hundió el Banco de Inglaterra haciendo que este tuviese que imprimir más libras para no quedarse sin reservas nacionales, ¿produjo un beneficio? Realmente sí: solo ese día él ganó más de mil millones de dólares. Por el contrario, el ciudadano de a pie sufrió la repercusión de esa acción. Libertad, claro».
El neoliberalismo radical defendido por Ayuso, en armonía plena con la patronal, denuncia que se ha creado una legislación hiperprotectora. Para luchar contra esas leyes se inventaron la palabra «flexibilidad» porque, según ellos, los gobiernos han pensado demasiado en proteger al trabajador y demasiado poco en proteger la viabilidad económica de la empresa, que al fin y al cabo es su fuente de trabajo.
Es más, el tejido empresarial español beneficia más a los trabajadores que están dispuestos a renunciar a sus derechos que a quien los hace efectivos. En España se ha despedido a miles de trabajadores por respetar su derecho a la desconexión o no se contrata a personas por el mero hecho de querer tener hijos. De esto, Ayuso no habla, como tampoco lo hace de la situación salarial que vive el país, y no lo hace por ese concepto pervertido de «libertad» que aplica a su visión de las relaciones laborales.