En los últimos años, los líderes de partidos y movimientos populistas de extrema derecha han promovido con insistencia la idea de que existe una “operación de Estado” en su contra, presentando al adversario político y a los poderes públicos como cómplices de una conspiración oculta para desacreditarlos o ilegalizarlos. En Estados Unidos, el término “Deep State” (Estado Profundo) se popularizó entre ciertas corrientes ultraconservadoras para describir a una supuesta red de burócratas, medios de comunicación y magistrados que, según sus defensores, actúan en las sombras contra el primer gobierno de Donald Trump. Esta narrativa alcanzó cotas extremas con fenómenos como QAnon, que llegó a difundir teorías sobre delitos atroces cometidos por altos cargos del Estado y situó a un líder “elegido” como único capaz de exponer la “verdad”.
Al trasladarse al contexto europeo y español, estas ideas se adaptaron con eslóganes como “golpe blando” u “operaciones pactadas” contra formaciones de derecha radical. Cada vez que se filtran correos internos o se abre una investigación judicial, los dirigentes populistas que se sienten afectados hablan de “persecución política” o de “operación de Estado” más que del resultado natural de los procesos judiciales o periodísticos. En paralelo, canales de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp se han convertido en los altavoces de las acusaciones; portales digitales y emisoras afines repiten titulares sensacionalistas, y en mítines y ruedas de prensa los líderes denuncian una “caza de brujas” urdida desde las instituciones, reforzando la sensación de un nosotros frente a un Estado hostil.
Cada filtración de documentos (sean correos, actas, protocolos o grabaciones) es tachada de manipulada o descontextualizada, y a los periodistas que la publican se les califica de meros “portavoces del poder” que atentan contra la libertad de expresión.
El propósito subyacente de este discurso conspirativo es generar un fuerte sentimiento de victimización en la base electoral, estrechando su vinculación emocional y consolidando un relato de combate desigual. Al mismo tiempo, al presentar a la justicia, los medios y las instituciones como instrumentos de una conspiración, se debilita la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Por otro lado, al centrar el debate en la supuesta persecución, se logra desviar la atención de cuestiones de fondo como la eficacia de las políticas públicas, las responsabilidades internas o los resultados electorales.
La conspiranoia política no es un fenómeno aislado sino una táctica deliberada para redirigir el foco de atención y reforzar narrativas de “nosotros contra ellos”. Este discurso convierte cualquier indagación judicial o periodística en prueba de persecución, lo que dificulta la rendición de cuentas y socava las bases mismas de la democracia. Comprender los mecanismos de difusión de estas operaciones ficticias, así como su impacto en la opinión pública, resulta esencial para preservar la transparencia, reforzar la confianza en las instituciones y garantizar un debate político informado.
El último ejemplo de acusar de una operación de Estado contra un líder político lo dio ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no dudó en afirmar, por tercera vez en un mes, que el gobierno tiene puesta en marcha una operación contra ella y su pareja, un hombre que está imputado por la comisión de varios delitos, entre los que se encuentra el fraude fiscal.
Al hacer referencia a la imputación de dos ex altos cargos de su administración por los protocolos que impidieron que las personas mayores fueran trasladadas a hospitales en los días más duros de la pandemia, los protocolos de la vergüenza, Ayuso no dudó en afirmar: “Esto se archivó hace tres años. Ahora lo reabre la Fiscalía provincial que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”.
Toda esa acusación está plagada de hechos manipulados porque no ha sido la Fiscalía, sino una jueza, la que ha imputado a esos ex altos cargos. Además, hay que tener en cuenta que todas esas afirmaciones de supuestas operaciones de Estado contra ella tienen la misma validez que el visionado de ovnis abductores en Moraleja de Enmedio o la aparición de un cipactli en el parque de las siete tetas en Vallecas.
La realidad es que Ayuso pretende potenciar ese discurso victimista con las últimas grabaciones de la militante socialista Leire Díez. El modus operandi de todo este populismo de extrema derecha es evidente: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Bueno, pues en esa realidad paralela de Ayuso, se podría afirmar que la “Operación Pisuerga” está en marcha.
En España, además, la polarización está provocando que ese fenómeno de la conspiranoia también se esté dando a la inversa, es decir, desde el poder se señalan supuestas persecuciones de una especie de Estado paralelo para debilitar al actual gobierno. En fin, este país es como es y seguirá siendo un verdadero criadero de políticos inútiles y de dirigentes inoperantes.