El presidente del Gobierno está contra las cuerdas porque su Ley de Amnistía, la que le mantiene en el poder, está en un limbo del que es muy dudoso que vuelva a salir. Las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont del juez García Castellón y la instrucción del Caso Voloh, en la que se está determinando si existió injerencia rusa en España y, por extensión, en la Unión Europea, han colocado a la Ley de Amnistía en una situación límite porque Junts no aceptará otra cosa que la amnistía plena, tal y como están repitiendo desde el momento en que votaron en contra de esa ley en el Congreso de los Diputados.
A esto se añade la investigación ordenada por el Parlamento Europeo por la supuesta injerencia rusa que ya está instruyendo un juzgado de instrucción de Barcelona.
Sin embargo, Sánchez sabe que el terrorismo y la alta traición son delitos que no se pueden incluir en la amnistía porque en Europa no lo van a aceptar. Por esa razón ha decidido realizar un movimiento a la desesperada: reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para recortar los plazos de las instrucciones judiciales. En consecuencia, Pedro Sánchez pretende hacer lo mismo que hizo Rajoy para frenar las investigaciones de los casos de corrupción del PP.
Sánchez actúa en este aspecto del mismo modo que Isabel Díaz Ayuso: viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el suyo
Hagamos un poco de memoria y veamos cómo Sánchez está haciendo un fact check de las acusaciones de que su estrategia política se mueve únicamente en función de sus intereses personales.
En el año 2015, cuando Sánchez ya era secretario general del PSOE, el Partido Popular estaba acorralado por los casos de corrupción que se estaban instruyendo en juzgados de toda España. Para frenar la acción de los jueces y provocar el archivo de las causas, el gobierno de Mariano Rajoy acometió una reforma de la LECRIM para reducir los tiempos de instrucción.
En aquel año, el PSOE se opuso frontalmente, tanto en el Congreso como en el Senado con un argumento claro: esa reducción de los plazos de instrucción favorecía la impunidad y, tal y como defendió la diputada Soraya Rodríguez, la reforma del gobierno de Mariano Rajoy era claramente inaceptable.
La mayoría absoluta del PP hizo posible que se redujera el plazo de instrucción a 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Se dejaba en manos del juez instructor la declaración de causa compleja para poder prorrogar.
Pedro Sánchez incluyó en su programa electoral de 2019 derogar esa reforma, algo que también se incorporó al acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. En julio de 2020 se modificó el artículo 324 de la LECRIM ampliando el plazo de instrucción a 12 meses y la posibilidad de prorrogar la investigación en periodos que no superaran los 6 meses.
Sin embargo, se ha vuelto a producir otro «cambio de opinión» de Pedro Sánchez que es producto única y exclusivamente de sus intereses personales. El presidente del Gobierno sabe que su supervivencia política depende de la aprobación de la Ley de Amnistía y, a día de hoy, lo que puede ofrecer a Carles Puigdemont no cubre las exigencias del expresidente catalán.
Junts reclama una ley que se adapte como un guante a la situación legal de su líder. Esa es la razón por la que votaron en contra en el Congreso, lo que obligó a que la amnistía volviera a la Comisión de Justicia. Esa es la razón por la que sólo aceptarán una «amnistía plena» en la que se incluyan delitos de terrorismo y de traición, es decir, los mismos que están investigando el juez García Castellón y el juez Aguirre.
Sánchez sabe perfectamente que no puede aceptar esas condiciones, porque en Bruselas y Luxemburgo no se lo van a permitir, con las consecuencias gravísimas que acarrearía a España una decisión de este tipo.
Por esa razón, Sánchez se ha abonado al «Método Rajoy» que no es otro que si no se puede paralizar la actuación de los jueces que son contrarios a sus intereses políticos y personales, vamos a reformar la ley para frenar los plazos de las investigaciones judiciales e intentar convencer así a Puigdemont.
Esos cambios de opinión de Pedro Sánchez en función de si los acontecimientos le afectan o le perjudican son los que validan las acusaciones del Partido Popular.
Además, es una incoherencia y un gravísimo error político. El PSOE hizo lo que tenía que hacer cuando se opuso a la reforma de Rajoy y cuando amplió los plazos en 2020. Ahora lo que se pretende es un cambio de reglas en medio del partido, es decir, lo mismo que criticaban los socialistas con la reforma del Reglamento del Senado aprobada por el Partido Popular. Sánchez actúa en este aspecto del mismo modo que Isabel Díaz Ayuso: viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el suyo. Así, no se puede gobernar y el daño que está haciendo al PSOE es incalculable.