El año 2023 va a ser muy bueno para los grandes bancos españoles. Se espera que obtengan unos beneficios históricos, dada la comunicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre. En concreto, las principales entidades financieras de España presentaron beneficios por un valor de 19.741 millones de euros.
Estas cifras dan la razón a Pedro Sánchez y a la política fiscal basada en exigir a los que más tienen y más ganan que aporten al Estado lo que les corresponde, sin apoyarse en exenciones fiscales obscenas y bastardas, para sostener los servicios sociales que están reconocidos por la Constitución como derechos fundamentales de la ciudadanía.
Sin embargo, el PSOE, con su secretario general a la cabeza, ha planteado una estrategia política basada en los "cambios de opinión" recurrentes. Del Partido Socialista de Pedro Sánchez no se puede esperar otra cosa que hagan lo contrario a lo que prometen y, lo que es peor, a lo que se comprometen en sus pactos. Respecto a los bancos, el PSOE parece que va a perpetrar otro "cambio de opinión."
Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, ha anunciado que el gobierno va a revisarel impuesto a los bancos porque, según ella, "las circunstancias han cambiado." La cuota neoliberal del gobierno de Pedro Sánchez, por más que en ocasiones haya parecido que había tenido una epifanía socialdemócrata, ha declarado en Antena3 que "es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay una subida tan rápida de los tipos de interés. Tenemos que ver si hay que hacer algún ajuste o no."
Una de las medidas más justas que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en la pasada legislatura fue, precisamente, el impuesto especial a la banca, un sector al que tanto el PSOE como el PP han malacostumbrado, porque no aportan nada pero han recibido mucho.
Nunca un impuesto fue más justo que este. Los bancos se han beneficiado del dinero público en múltiples ocasiones sin que hayan aportado demasiado a la sociedad, más allá de determinadas acciones sociales que no son otra cosa que una herramienta de blanqueo de imagen. Mientras la sociedad demandaba que las grandes empresas crearan empleo, los bancos han acometido reestructuraciones salvaje de plantilla, han cerrado decenas de miles de oficinas que han dejado sin servicios bancarios a mucha gente.
El sector financiero español se benefició de un rescate que ya ha tenido un coste de más de 100.000 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 35.000 millones de deuda de la Sareb que tuvo que asumir el Estado en enero de 2022.
De ese rescate se han beneficiado directa o indirectamente todas las entidades y, sin embargo, han judicializado un impuesto que les va a suponer, siguiendo los cálculos del gobierno, como mucho, 3.000 millones en dos años. Las entidades financieras españolas tienen privilegios tributarios como, por ejemplo, la exención de pagar el IVA en la mayor parte de su actividad y la carencia de fiscalidad en sus transacciones.
Entonces, si se trata de un impuesto justo, que está dando buenos resultados y que no está afectando a los resultados de las entidades financieras, ¿por qué Calviño y, por extensión, Pedro Sánchez, han cambiado de estrategia? Hay que entender que, en la parte socialista del gobierno, nada se hace ni se dice sin el conocimiento y la aprobación de Sánchez. En consecuencia, las palabras de la ministra de Asuntos Económicos son las del presidente del Ejecutivo.
Evidentemente, la reacción del socio de gobierno ha sido inmediata. La vicepresidentaYolanda Díaz ha insistido en que el impuesto a los bancos debe mantenerse porque así está recogido en el pacto entre el PSOE y Sumar.
"Le diría a la señora Nadia Calviño que lo pactado obliga y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la Presidencia al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de una crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar," ha declarado a los medios de comunicación Yolanda Díaz.
Los pactos de Pedro Sánchez en vez de fortalecerle, le están debilitando porque le aíslan. El mundo empresarial lleva denunciando que se está generando un escenario de inseguridad jurídica y son varias grandes compañías las que están estudiando trasladar su domicilio fiscal, y no sólo por la política impositiva. Hay otras razones. Este nuevo cambio de opinión" es un guiño a ese mundo empresarial y un modo de hacer ver al resto de la ciudadanía que, una vez más, la fiesta la va pagar la clase media y trabajadora.