No es bueno sólo lo que nos agrada y malo lo que nos repugna. Esto es un silogismo perfectamente aplicable a la política. El cumplimiento de la ley y de los canales legales es fundamental para el Estado de Derecho que sostiene el régimen democrático. No puede ser que se esté legitimando una ley de amnistía llena de dudas legales y protestar porque los contrarios a la aprobación de esa norma pretendan reformar el Reglamento del Senado para frenar su aprobación. Tan democrática es una cosa como la otra.
Tanto la ley de amnistía, que será la llave para que Pedro Sánchez cumpla con sus intereses personales de mantenerse en el poder al precio que haga falta, como la posible reforma del Reglamento del Senado son estrategias políticas que entran dentro de la legalidad, por muy barriobajeras y sucias que sean.
Sin embargo, desde el PSOE personalista que ha construido Sánchez, ese partido que antes defendía una cosa y ahora la contraria en base a los cambios de opinión del líder supremo, la reforma que propone el PP no es democrática. Para dolor de su corazón pedrista, se equivocan.
Cuando se hace algo por egoísmo, egolatría o mitomanía, el fundamentalismo que genera el pensar única y exclusivamente en los intereses de una persona, la ley puede suponer un obstáculo, sobre todo cuando la norma da herramientas para ello. Es un principio democrático el ir «de la ley a la ley». Eso es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez: se ha topado con la ley y será la ley la que lo frene porque, si el Partido Popular sabe hacerlo bien, sin alharacas ni chorradas propagandísticas, puede pasar toda la legislatura sin que la amnistía se apruebe.
No es una cuestión reglamentaria contra la democracia. Es la democracia contra la democracia, porque tan legal y legítima es la reforma del Reglamento del Senado como que Pedro Sánchez se presente a la investidura sin haber ganado las elecciones. Es exactamente igual de democrática una cosa que la otra. De eso no hay ninguna duda porque la ley es clara y, desde luego, no esconde ningún tipo de atentado de «intencionalidad política».
Gobierno de Sánchez: la amnistía es claramente inconstitucional
Pedro Sánchez era presidente del Gobierno de España cuando, en junio de 2021, el Ministerio de Justicia señaló en un informe que la amnistía era «claramente inconstitucional». Ese documento, realizado por un gabinete del propio Ejecutivo, era absolutamente opuesto a lo que ahora defiende Pedro Sánchez. Evidentemente, la razón de ese «cambio de opinión» obedece a una cuestión aritmética: necesita votos.
El Ministerio de Justicia, según publicó RTVE, aseguraba que la base de la convivencia en Cataluña radica en el «imperio de la ley». Por tanto, el hecho de que Sánchez pretenda asaltar la Presidencia del Gobierno a través de la concesión, de momento, de una amnistía es la prueba de que el secretario general y «administrador único» del PSOE no tiene límites en su mitomanía y que hará lo que sea, incluso aprobar una ley que Justicia definió como inconstitucional, para mantenerse en el poder. Eso, en esencia, sí que va en contra de la democracia.
Una cosa fueron los indultos a los políticos condenados por el Supremo. Fue una medida polémica, pero necesaria, y los líderes independentistas se sometieron al peso de la ley. Eso es democracia, no hay duda, porque el indulto no elimina lo que sí se hizo. Pero el informe del Ministerio de Justicia es claro cuando señala que «la democracia española dio una respuesta dentro de la ley a quienes se situaron fuera de la ley […] quienes actuaron en contra de la Constitución, tuvieron que asumir sus responsabilidades de acuerdo con lo que determina la ley».
Los indultos no vaciaban de contenido las sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, la amnistía que pretende aprobar Pedro Sánchez coloca a las instituciones democráticas españolas como represoras y contrarias al Estado de Derecho. Esos organismos tienen gravísimas fallas y, en algunos casos están corrompidas, pero de ahí a colocarlas en el lugar en que las va a ubicar Pedro Sánchez hay un enorme trecho.
Por otro lado, el Tribunal Supremo, en el año 2021 dio en el clavo al afirmar las amnistías han sido el medio propio de regímenes autoritarios para eliminar gravísimos delitos. «De la memoria colectiva forman parte decisiones políticas de amnistía que sirvieron para ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final, que tuvieron que ser neutralizadas, precisamente, por los tribunales», sentenció el Alto Tribunal.
La Fiscalía, por su parte, en ese mismo año emitió diferentes informes en los que señalaba doctrina del Supremo por la que se deja muy claro que en la Constitución no caben las amnistías.
En consecuencia, Pedro Sánchez se ha encontrado varios obstáculos con los que no contaba: la ley, la democracia y los informes de su propio gobierno. Por no hablar de la hemeroteca, evidentemente. Le dará igual, le dará exactamente igual. Eso sí, debería tener en cuenta que cualquier ciudadano se puede querellar contra él por prevaricación o por algo más grave, y eso pasará.