El contenido de los pactos de investidura de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, además de las prisas de éste en llevarlos a efecto, pueden tener unas consecuencias que el actual presidente del Gobierno no quería, pero que se pueden dar en el corto plazo.
Carles Puigdemont ha lanzado un nuevo órdago. Otra vuelta de tuerca del paciente del «vamos a llevarnos bien». La reclamación para que Sánchez se someta a una moción de confianza es absurda, dado que sólo el presidente podría convocarla. Además, Junts no cuenta con un número suficiente de diputados para una moción de censura. Por eso todo el mundo la ha rechazado.
Sin embargo, lo que se demuestra, una vez más, fue el gravísimo error político que cometió Sánchez hace un año. Firmó acuerdos con el partido independentista catalán que suponían un riesgo muy elevado, además, sólo circunscrito a la investidura, no a toda la legislatura. Por más que hubiera gente en el PSOE que afirmara que el apoyo por los cuatro años estaba sobreentendido, la realidad es que no era así y ahora se está exigiendo el pago de la deuda, un pago que Sánchez no puede acometer en el corto plazo, lo que pone en serio riesgo la continuidad del actual Ejecutivo.
Pedro Sánchez dio por hechas muchas cosas que no tenía atadas. Nunca, ni siquiera en los años más duros de la UCD, hubo en España un gobierno tan débil. Esta es la consecuencia de no haber cogido el camino más lógico y que hubiera evitado muchos males para la ciudadanía.
Los de Puigdemont dicen que Pedro Sánchez no es de fiar. Bueno, eso es algo que si se han dado cuenta ahora es que han pecado de ineptos. Una de las máximas que cualquier partido debería tener en cuenta cada vez que este PSOE se acerca a negociar, lo más probable, es que no cumpla con nada de lo prometido. Así es Pedro Sánchez. Lo hace a nivel interno de su formación y lo ha hecho con el gobierno. Si no, que le pregunten a Podemos por las veces en que el presidente se «la ha clavado».
Carles Puigdemont reclama que de lo firmado el año pasado no se ha cumplido nada. No hay una amnistía plena, como tampoco se han producido las transferencias de competencias ni el catalán es idioma oficial de la Unión Europea. Sánchez y sus lacayos lo han intentado, pero estas decisiones no están ya en sus manos. Han llegado a lo que han llegado y, a partir de ese momento, son otros los que deberán decidir.
Respecto a la amnistía, serán los tribunales de la Unión Europea los que tengan que tomar la decisión. En este sentido, la cosa no pinta bien para los intereses de Sánchez y de Puigdemont, sobre todo después del informe de la Comisión de Venecia, un documento que, por más que los aparatos de propaganda monclovita y sanchista quisieran vender como positivo, la realidad es que fue un duro golpe que mostraba la realidad de una medida claramente ilegal. La inconstitucionalidad de la amnistía aprobada por el gobierno Sánchez no está sólo en los informes del Tribunal Supremo o en los recursos presentados por las comunidades autónomas, algunas del PSOE, sino que ya se concibió así en informes del Ministerio de Justicia, del Consejo de Estado o de los letrados del Congreso de los Diputados. Esos documentos, por cierto, fueron emitidos durante los gobiernos de Sánchez.
Respecto al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, los lacayos de Sánchez se han topado con un muro una y otra vez. Sin embargo, la presión de Junts y de Puigdemont provoca que lo intenten de manera recurrente a pesar de que se les ha dejado claro que eso no va a pasar. «No creo que vayamos a extender el número de lenguas oficialmente usadas en la UE en este momento. No creo que ese sea el tema número uno que tengamos que discutir», advirtió claramente Krisjanis Karins, ministro de Exteriores de Letonia.
En el programa El Chiringuito ponen un «Tic-Tac, Tic-Tac» en los días en los que se cierra el periodo de fichajes. Se hizo famoso en los años en los que el programa de Josep Pedrerol daba por hecha la llegada de Kilian Mbappé al Real Madrid, hecho que no ha sucedido hasta este verano.
Ese «Tic-Tac, Tic-Tac» sobrevuela ahora por la cabeza de Pedro Sánchez. Se le acaba el tiempo, por más que desde los órganos de propaganda monclovita y sanchista se pretenda ofrecer la idea de que van a agotar la legislatura y que Sánchez ganará las elecciones en 2027, algo que no hace, por cierto, desde 2019.
El presidente del Gobierno sabe (o debería saber) que no cuenta con estabilidad parlamentaria porque sólo tiene un voto de margen, pero muchos frentes de oposición abiertos entre los que votaron favorablemente a su investidura. Por un lado, está Junts que sólo actuará en base a sus intereses y al precio que Sánchez esté dispuesto a seguir pagando con el dinero de todos los españoles. Esto supone 7 escaños.
Luego tiene a un adversario inesperado: Podemos. Son 4 escaños que en cualquier momento se pueden colocar en el lado del «no» si no se aceptan sus propuestas maximalistas o si Sánchez sigue engañándoles como, por ejemplo, con la tasa a las energéticas. Ayer ya advirtieron sobre una ruptura con el PSOE.
Y, por supuesto, está José Luis Ábalos que, dada su situación procesal, puede hacer un destrozo en cualquier momento.
El precio que pactó pagar Sánchez a cada uno de los socios parlamentarios por su apoyo en la investidura fue tan elevado (más de 300.000 millones de euros) y tiene tantas espinas legales que el gobierno puede caer en cualquier momento.
Todo esto se habría evitado si Sánchez hubiera cogido cualquiera de los dos caminos que la lógica y la ética le indicaban tras los resultados de las generales de julio de 2023. Por un lado, tras impedir la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el paso correcto habría sido la convocatoria de nuevas elecciones generales, dada la precariedad parlamentaria que se avecinaba y la falta de fiabilidad de los nuevos socios, sobre todo de Junts.
Sin embargo, Sánchez se decidió por el camino fácil: el de conseguir la investidura a través de la compra de los votos que necesitaba por un precio de más de 166.000 millones de euros (el resto hasta los más de 300.000 millones viene de la suma con el coste que tendrá el concierto catalán pactado con ERC para que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat). Es la ventaja de tener la llave de la caja y gastar dinero que no es suyo.
Por otro lado, Sánchez hubiera tenido la oportunidad de quitarse de en medio a los extremismos, los nacionalismos y los independentismos se hubiera tomado la decisión de hacer lo correcto en el momento político actual: gobernar con el Partido Popular, pactar un acuerdo de gobierno para toda la legislatura con medidas muy concretas que incluyeran las reformas profundas que el país y la ciudadanía necesitan. Habrá quien piense que eso es imposible por cuestiones ideológicas. Sin embargo, el propio Sánchez ya demostró en 2016 que, con tal que mantenerse en el poder, está dispuesto a entregar el 90% de su programa electoral a la derecha neoliberal, tal y como sucedió con su pacto con Albert Rivera.
No lo hizo y ahora se pagan las consecuencias. Es de ineptos pensar que la ciudadanía española aceptaría todo lo que hiciera, sobre todo cuando desde que pactó con Podemos hay una parte importante de personas, familias y de sus propios votantes que mira con desconfianza y con desprecio todo lo que hace Pedro Sánchez.
Todavía está a tiempo de revertir la situación, pero ese tiempo se le está acabando. No tiene necesidad de dimitir, ni de convocar elecciones. Sólo tiene que hacer lo correcto, por una vez en su vida. El Tic-Tac, Tic-Tac sigue sonando y las tablas de salvación se acaban.