Como buen político egocéntrico, Pedro Sánchez está malversando los recursos del sistema democrático y utilizando la confianza que los ciudadanos depositaron en él para aprobar aspectos que no fueron presentados durante la campaña ni que están incluidos en el programa electoral. El principal, la Ley Sánchez de Amnistía, pero ha habido otros de impactante relevancia que deberían haber pasado el filtro de la consulta a la ciudadanía.
Por más que un socio de Pedro Sánchez afirme que los acuerdos entre partidos no están sujetos a lo que dicten los programas electorales, la realidad es que ese planteamiento es, cuanto menos, un fraude o, para ser más exactos, un claro ejemplo de corrupción política. Cuando un representante del pueblo actúa o toma decisiones que no se encuentran en los programas con los que se presentan a las elecciones, entonces ese político es un corrupto.
En el mundo real, en el escenario donde se impone el respeto y el cumplimiento de la ley, la violación de las condiciones de un contrato conlleva acciones judiciales. En política, por el contrario, parece que se incentiva incumplir con lo prometido a la ciudadanía. Es más, existe la impunidad de que mentir al pueblo no está penado cuando es la peor traición que un representante público puede cometer. El problema está en que los partidos han creado una maquinaria de la alta traición por la que da igual lo que se haga porque no va a haber una respuesta inmediata de los ciudadanos.
Dentro de las reformas que precisa la democracia española está la penalización de los incumplimientos dolosos de los programas electorales. En un sistema como el español, donde no se vota a una personas, sino a una lista, es fundamental tener presente que lo que se indica en los programas de los partidos es el contrato que se firma con la ciudadanía. Y los contratos están para cumplirlos.
Para evitar esta alta traición contra quien tiene la soberanía nacional, la solución es muy sencilla: convocar al pueblo a que exprese su voluntad en un referéndum, con preguntas claras y sin manipulación del lenguaje, como tiene costumbre hacer Pedro Sánchez en sus consultas a la militancia. Eso está recogido en la ley pero, sobre todo, está en el espíritu del sistema democrático.
La Ley Sánchez de Amnistía no estaba recogida en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones del pasado 23 de julio. Ni se menciona.
En el programa electoral del PSOE, en el Bloque VII, titulado de manera rimbombante como «La España de las libertades y la convivencia», se señala al procés de Cataluña como la causa de «la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978».
En la página 222 del programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones se indica que «la derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas».
A partir de este momento, ni una palabra sobre Cataluña y, por supuesto, ni una mención sobre la Ley de Amnistía.
En el pacto de gobierno PSOE-Sumar tampoco aparece la amnistía en Cataluña por ningún lado. Es más, no hay ni un solo párrafo dedicado a la situación ni al conflicto catalán. Lo más cercano, pero que no tiene nada que ver, se encuentra en la página 40 del documento cuando se indica que «reforzaremos y extenderemos la cogobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial».
A pesar de esta ausencia en los programas electorales, la Ley de Amnistía ha seguido su curso con múltiples negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes. El texto legal cuenta con el rechazo de la gran mayoría de los ciudadanos con derecho a voto, incluido cerca del 60% del votante socialista. Sólo dispone del apoyo de una parte de la militancia del PSOE, que parecen estar abducidos como lo estaban los ciudadanos de la URSS frente a las decisiones del PCUS, y, por supuesto, de aquellas personas que apoyan las tesis independentistas. Nada más.
Millones de españoles que votaron al PSOE el pasado 23 de julio se arrepienten ahora de haberlo hecho. Según la encuesta mundial de aprobación de líderes políticos, publicada por Morning Consult, Pedro Sánchez obtiene una desaprobación ciudadana del 57%. Respecto a los resultados del año 2023, el presidente del Gobierno de España ha incrementado el nivel de desprecio popular en un 19%. Evidentemente, eso sólo tiene una causa única: la Ley Sánchez de Amnistía.
Respecto a otros líderes europeos, Sánchez tiene una percepción mucho más negativa que Donald Tusk, Giorgia Meloni, Leo Varadkar o Ulf Kristenson y sólo supera a presidentes y primeros ministros que están de retirada como Mark Rutte (el neerlandés que le ha cerrado a Sánchez la puerta a la Secretaría General de la OTAN), Emmanuel Macron u Olaf Scholtz.
La aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía será formalmente legítima si finalmente se aprueba. Sin embargo, el hecho de haberse hecho por un cambio de opinión derivado de la necesidad del secretario general del PSOE y en contra de lo que se incluye en el contrato con el que se presentó a las elecciones limita mucho su legitimidad ciudadana.
Cuando en el PSOE se afirma que «esto es lo que decidió la gente en las elecciones» es falso, porque, de haberse incluido en su programa que se iba a pactar una amnistía con el independentismo, el resultado habría sido otro. Por tanto, Sánchez debe convocar un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre un asunto que se les ocultó.