Cada vez que España se enfrenta a una catástrofe (incendios, inundaciones, crisis sanitarias o colapsos de infraestructuras) emerge un patrón que se repite: el Partido Popular y el PSOE, cuando gobiernan, minimizan errores, reparten culpas y enarbolan discursos triunfalistas que esquivan la autocrítica y el reconocimiento de errores.
La consecuencia es doble: por un lado, alimenta la narrativa de la extrema derecha, que capitaliza el descontento social, y por otro, engorda la desafección ciudadana hacia un sistema político percibido como incapaz de asumir responsabilidades.
Gestión marcada por la propaganda
Este fenómeno no es de ahora, pero se ha exacerbado en el momento actual, con un gobierno débil carente de liderazgo, un escenario político polarizado y una oposición que ha entrado en el lado oscuro de la declaración de enemigos. En las últimas décadas, tanto gobiernos populares como socialistas han afrontado episodios traumáticos con una estrategia comunicativa similar: controlar el relato, blindarse ante las críticas y proyectar la imagen de que “se ha hecho todo lo posible” o “la culpa es de otros”. En la práctica, se diluyen las responsabilidades y se evita un examen serio de los fallos estructurales: falta de coordinación entre administraciones, recortes en servicios públicos, planes de prevención obsoletos o demoras en la respuesta inmediata.
Cada vez que la oposición, ya sea del PP como del PSOE, exige dimisiones o comisiones de investigación, el gobierno de turno cierra filas. Y cuando el poder cambia de manos, los papeles se invierten: quien antes reclamaba responsabilidades, ahora justifica la incompetencia. La consecuencia es un círculo vicioso donde la autocrítica brilla por su ausencia.
Dopaje para la extrema derecha
La ultraderecha ha encontrado en este vacío un terreno muy fértil. Vox, al igual que otros movimientos nacional-populistas europeos, se presenta como la única fuerza que “dice lo que nadie quiere decir” y que “se atreve a señalar a los responsables”. En realidad, su propuesta se limita a la explotación del malestar y la búsqueda de chivos expiatorios, pero logra instalar la idea de que el bipartidismo vive de espaldas al sufrimiento real de la población.
Ese discurso conecta con un malestar creciente: amplios sectores perciben que PP y PSOE no asumen fallos, no reconocen carencias, se refugian en la propaganda institucional y no dan soluciones. La falta de autocrítica no solo erosiona la credibilidad de los dos grandes partidos, sino que se convierte en el mejor combustible para el populismo reaccionario.
Es cierto que la gestión de catástrofes es compleja, sobre todo cuando afecta a grandes extensiones de territorio, como es el caso de los incendios que están asolando España. Los afectados quieren la ayuda en el momento, lo cual es humanamente lógico. En cambio, además de una falta de pedagogía escandalosa, utilizar la desgracia como arma de la contienda política y unirlo con la carencia de autocrítica de los posibles errores cometidos, es yesca seca para el fuego de la ultraderecha.
Desafección y vacío democrático
Las encuestas reflejan una ciudadanía cada vez más desconfiada. El descrédito hacia el sistema político no solo se manifiesta en el auge de fuerzas antisistema, sino también en la abstención y en la retirada silenciosa de quienes dejan de confiar en que la política pueda ofrecer soluciones. Cada catástrofe mal gestionada no solo deja daños materiales y humanos, sino también una factura política invisible: menos confianza, más distancia, más rabia acumulada.
El falso mito de “el pueblo salva al pueblo”
En medio de cada crisis circula otro eslogan que merece ser cuestionado: “sólo el pueblo salva al pueblo”. La frase suele difundirse como gesto de solidaridad y orgullo colectivo, pero encierra una trampa. Sí, las redes vecinales, los voluntarios y la sociedad civil se movilizan en situaciones de emergencia; pero cuando esa consigna se convierte en lema oficial o en bandera política, en realidad encubre la incapacidad, o el desinterés, del Estado en garantizar una respuesta eficaz.
Lo que debería ser un complemento (la ayuda ciudadana espontánea) se transforma en sustituto del deber institucional. Con ello, se normaliza que los recursos públicos sean insuficientes, que los recortes pasen factura y que la responsabilidad se diluya en un elogio romántico a la resiliencia popular. En definitiva, el lema “el pueblo salva al pueblo” no solo es falso: también sirve como coartada perfecta para que los poderes públicos eludan su obligación principal.
El desafío pendiente
La gestión de catástrofes no puede reducirse a comunicación política ni a relatos de heroicidad. Requiere planes de prevención sólidos, inversión sostenida en servicios públicos, transparencia y, sobre todo, capacidad de autocrítica. Mientras PP y PSOE insistan en blindarse contra cualquier reconocimiento de errores, seguirán alimentando el crecimiento de la extrema derecha y la desafección ciudadana.
La pregunta que queda en el aire es si los grandes partidos están capacitados y dispuestos a romper el círculo vicioso de la propaganda y abrir un espacio real de rendición de cuentas. Porque si no lo hacen, las próximas catástrofes no solo se medirán en vidas y recursos perdidos, sino también en el deterioro cada vez más profundo de la democracia española.