Pedro Sánchez arremetió el pasado viernes contra el Banco Central Europeo (BCE) tras las advertencias del supervisor sobre el impuesto a la banca aprobado por el gobierno español. Según el BCE, el nuevo gravamen podría a llegar a poner en peligro la transmisión fluida de las medidas de política monetaria y que el importe del impuesto no puede ser proporcional a la rentabilidad de los bancos.
Ese es el argumento estrella utilizado siempre para favorecer los intereses de los bancos. Es decir, que la impunidad y los privilegios son en favor de la estabilidad del sector financiero por más que vaya en contra del interés general de la ciudadanía.
El BCE no analiza que esta medida del gobierno español tiene un calado de justicia social importante. No puede ser que haya un tercio de las familias que estén al borde del umbral de la pobreza mientras los bancos están presentando resultados con miles de millones de euros de beneficios.
Sánchez, ante este dictamen del BCE, no dudó en arremeter contra el supervisor y recordó a la figura de su vicepresidente, Luis de Guindos, quien fue el responsable del rescate bancario que ha costado ya más de 100.000 millones de euros al Estado español y del que no se ha recuperado apenas nada. De Guindos, además, fue director general de Lehman Brothers, la entidad quebrada que provocó la crisis de 2008.
Cuatro años de apoyo judicial al BCE
Sin embargo, este ataque de Pedro Sánchez contra el BCE choca con el hecho de que, desde el primer día que llegó a la Moncloa, su gobierno ha estado apoyando al supervisor en los tribunales europeos al utilizar a la Abogacía del Estado como elemento de defensa de decisiones que se están dirimiendo por la Justicia.
Esa presencia de la Abogacía del Estado en casos como el del Banco Popular para defender las decisiones del BCE es un gasto de recursos públicos que van en contra de los intereses de la ciudadanía. Y eso lo ha hecho Pedro Sánchez.
La Abogacía del Estado, para defender los intereses tanto del BCE como de Banco Santander, ha llegado a justificar la vulneración de derechos fundamentales como el de la propiedad privada o el de la tutela judicial efectiva, derechos que son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Ante esto, Pedro Sánchez no hizo nada, lo permitió.
Sin embargo, la defensa de los derechos fundamentales choca directamente con los intereses de las entidades financieras. En consecuencia, si el derecho a la vida se enfrentase con el «interés general de la estabilidad financiera» podría ser vulnerado.
En concreto, según un documento interno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que ha tenido acceso Diario16, el Estado español, para defender los intereses del Santander y del BCE, alegó en Europa que el derecho fundamental a la propiedad privada no queda afectado «por las medidas relacionadas con la estabilidad financiera».
La Abogacía del Estado alegó que el artículo 17 de la Carta «no prohíbe, de manera absoluta, las privaciones de propiedad y que tales privaciones pueden producirse por causa de utilidad pública, en los casos legalmente establecidos y mediando, en un tiempo razonable, una justa indemnización».
Ante estas barbaridades que ha perpetrado la Abogacía del Estado para defender tanto al BCE como a Banco Santander Pedro Sánchez no movió un dedo. Ahora, cuando el supervisor ha criticado duramente una medida anunciada por él, entonces sí se enfrenta al BCE.
El impuesto a la banca es justo, pero Sánchez debería mirar hacia atrás y reconocer que durante todo su mandato no ha hecho más que favorecer los intereses de los bancos y les ha brindado apoyo con recursos públicos. No es sólo el Caso Popular, sino que, por ejemplo, en el IRPH la Abogacía del Estado también defendió que la supresión de esa cláusula abusiva desestabilizaría el sistema financiero español por los 70.000 millones de euros que las entidades tendrían que devolver. De eso, y de otras cosas, Sánchez no se ha acordado.
El Gobierno va perdiendo frente a la banca
No se reconoce de manera abierta, pero el planteamiento inicial del impuesto a la banca anunciado por Pedro Sánchez va a ser reducido tras las presiones del sector financiero español y, sobre todo, después de las críticas por parte del (BCE).
El gobierno de Pedro Sánchez va a seguir adelante con la implementación de este impuesto que es justo y necesario. La cuestión está en cómo saldrá de la tramitación parlamentaria del mismo. De momento, la banca se está imponiendo, sobre todo después de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunciara el pasado viernes que estaba abierta a la introducción de «mejoras» que, posiblemente, beneficiarán a las entidades bancarias.
Este anuncio llega después de las críticas hechas públicas por el BCE en un duro informe. «Las cuestiones que suscita el BCE ya las habíamos analizado a la hora de diseñar el gravamen y ahora está atravesando el trámite parlamentario, en el que se podrán introducir todas las mejoras que considere adecuadas el poder legislativo», dijo Calviño.
La realidad es que la oposición de la banca a un impuesto temporal resulta, cuanto menos, insolidaria, sobre todo cuando la pasada semana presentaron beneficios de varias decenas de miles de millones de euros.
Sólo estos resultados justifican que el gobierno aplique este impuesto porque todas las entidades demostraron que tienen margen suficiente para afrontarlo. No puede ser que la banca siempre gane, incluso en una situación de crisis.
Los bancos están obteniendo beneficios récord en medio de la situación actual y, sobre todo, se beneficiarán mucho más de la subida de los tipos de interés que el BCE está implementando para reducir la inflación.
Otro de los puntos más polémicos de este impuesto es el mecanismo para controlar que las entidades no carguen el importe del nuevo gravamen a los clientes. En principio, serán la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España los organismos encargados de tal vigilancia.
Sin embargo, en el informe del BCE se deja entrever que es ingenuo pensar que el nuevo impuesto no vaya a repercutir en el consumidor. Este aspecto es clave porque la CNMC no tiene capacidad suficiente para realizar esta vigilancia.
En consecuencia, la banca va ganando porque las «mejoras» que se incorporen siempre serán en beneficio de las entidades financieras, sobre todo si Europa está vigilante para que los bancos sigan obteniendo beneficios pero no para compartir los costes de la actual crisis económica.