The New York Times señaló recientemente a los concesionarios de automóviles como un ejemplo de una tendencia que ha definido la era de la pandemia. En Estados Unidos, con una gran demanda y escasez de coches nuevos, los concesionarios se han acostumbrado a cobrar precios más altos y obtener ganancias récord a expensas de los consumidores. Además, es poco probable que bajen los precios por su cuenta.
Sin embargo, las empresas de venta de automóviles están lejos de ser los únicos que han caído en la codicia corporativa. A medida que la inflación se ha ido disparando por la subida de los precios de la energía y las consecuencias de la guerra de Ucrania, los directores ejecutivos de todos los sectores anunciaron nuevas estrategias de precios. En algunos casos, utilizaron las presentaciones de resultados para presumir de sus ganancias récord.
A pesar de la desaceleración de la inflación que parece atisbarse y la relajación de los problemas de la cadena de suministro, las grandes corporaciones mantienen los precios altos para seguir aumentando sus beneficios y los de sus grandes accionistas a expensas de las clases medias y trabajadoras.
Después de un verano de precios altos y malas noticias económicas, empiezan a surgir algunos puntos positivos en los países desarrollados. A pesar del anuncio de la OPEP de una reducción de la producción de petróleo, los precios van cayendo desde sus máximos históricos.
Sin embargo, los bancos centrales han tomado una serie de decisiones que sólo benefician, precisamente, a esas grandes corporaciones y, sobre todo, a la banca. En los últimos meses, tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo han tomado medidas drásticas en, supuestamente, un intento por frenar la inflación. Sin embargo, las subidas de tipos conllevan una enorme desventaja y no abordarán una causa clave de la inflación reciente: la codicia corporativa.
En lugar de depender únicamente de los dirigentes fanáticos de la Fed o del BCE, que han dejado en claro que estarán dispuestos a llevar la economía mundial a la recesión para reducir la inflación, los gobiernos tienen la obligación con sus clases medias de atacar el problema de manera que se protejan los empleos y los salarios de los trabajadores. Las grandes corporaciones tienen que rendir cuentas por su aumento artificial de precios. Los políticos responsables, sean gobernantes, opositores o presidenta regional, tienen la obligación de proponer medidas que impidan que las grandes corporaciones se aprovechen de las clases medias y trabajadoras.
Es innegable que los precios altos han sido buenos para las grandes corporaciones. En España, durante el primer semestre, los beneficios empresariales se dispararon un 82%. En lugar de gastar sus beneficios en la recompra de acciones y los obscenos paquetes salariales de los directores ejecutivos, las grandes empresas tendrían que haber devuelto a sus trabajadores los esfuerzos y sacrificios de la pandemia y aplicar esas ganancias en una regularización al alza de los salarios. O, directamente, no haber inflado los precios de manera artificial para incrementar sus cuentas de resultados.
Muy pocas empresas están dispuestas a anteponer el bien común a sus intereses. Las clases medias y trabajadoras están pagando el precio de la codicia empresarial. Por esta razón, la única solución responsable y efectiva de los gobiernos para proteger a las clases medias y trabajadoras es subir los impuestos a esas grandes empresas que se están forrando (por utilizar lo que tanto repite Isabel Díaz Ayuso) con su codicia corporativa.
Uno de los mantras neoliberales, que por desgracia está siendo asimilado por una parte de la socialdemocracia, es que hay que luchar para que haya «menos gobierno», es decir, que el Estado no tenga competencias para ejecutar un escudo social digno y efectivo. Por eso defienden siempre bajadas de impuestos irresponsables que, finalmente, sólo benefician a los que más tienen o derivan en privatizaciones.
En una situación como la actual, en la que la desigualdad se está disparando, en la que menos de un 1% de la población ya acumula más del 82% de la riqueza mundial, las medidas fiscales responsables son, precisamente, hacer que los que más tienen mantengan el estado del bienestar. Así ocurrió tras la II Guerra Mundial hasta los años 80 del siglo XX la llegada al poder de fanáticos neoliberales como Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Estos dos dirigentes desequilibraron la balanza en una tendencia que se ha ido agudizando tras la crisis de 2008.
Siempre ha habido ricos y pobres. Buscar la igualdad absoluta es una utopía inalcanzable. Sin embargo, lo que no es una ensoñación es un reparto justo en el que los que más tienen soportan el escudo social. En cambio, el paradigma cambió radicalmente en 2008, cuando se produjo un verdadero «golpe de Estado» de las élites mundiales con un cambio de escenario en el que primó la acumulación indiscriminada de riqueza, no porque se creara más, sino robándola de las clases medias y trabajadoras.
Estas grandes corporaciones, los bancos y los ricos tienen secuestrados a los gobiernos democráticos de tal manera que, en realidad, son los que ejecutan el poder efectivo controlando los legislativos, los ejecutivos y, sobre todo, a la Justicia. Si un gobierno decide subir los impuestos a estas grandes empresas o si se les impone una tasa mínima, aplicarán el chantaje de llevarse sus plantas a otro país donde la tributación sea más laxa o nula.
En el escenario mundial actual, precisamente, la subida de impuestos a los beneficios corporativos es la única solución para evitar que se vuelva a la situación previa a la revolución industrial que, en realidad, es lo que están buscando las élites.