En los últimos meses se ha experimentado un notable repunte de los movimientos y partidos de extrema derecha que han centrado su discurso en la hostilidad hacia la inmigración, alimentando un clima de tensiones sociales y propiciando episodios de violencia xenófoba cada vez más frecuentes.
El eco de esta ola reaccionaria ha llegado a su punto álgido en Torre Pacheco, donde grupos ultras persiguieron a ciudadanos de origen marroquí en plena calle, obligando a la intervención policial y motivando una enérgica condena de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien advirtió del “peligroso auge de discursos de odio” impulsados por partidos como Vox y la pasividad de otros actores políticos.
En España, Vox ha avanzado con una retórica cada vez más agresiva: su campaña “Billete de vuelta” promueve la “deportación” masiva y lanza consignas que reclaman la expulsión de “inadaptados”, a la vez que abogan por prohibir el velo islámico y suprimir programas de enseñanza de culturas extranjeras. Paralelamente, la formación ultraderechista llegó a proponer la deportación de hasta ocho millones de personas, una idea legal y logísticamente inviable que expertos tildan de estrategia oportunista para avivar el sentimiento antiinmigración.
Este fenómeno no se limita a España. En Bruselas, la UE ha diseñado muros y controles internos, y ha explorado acuerdos con terceros países para frenar la llegada de solicitantes de asilo, reflejando la influencia de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD). En enero de 2025, la Unión Demócrata Cristiana alemana impulsó una moción no vinculante para rechazar de facto la entrada de asilo en las fronteras germanas, mientras Italia y Polonia endurecen sus controles y levantan vallas para contener flujos migratorios.
Los servicios de inteligencia alertan de que esta retórica xenófoba ofrece caldo de cultivo para la radicalización violenta. Un informe reciente de Seguridad Nacional advierte de que la polarización puede derivar en acciones terroristas organizadas, y cita detenciones en Alemania por pertenencia a redes ultra que propagan discursos nacionalistas a través de redes sociales.
A nivel social, las encuestas revelan que el 50% de los votantes de derechas en España apoya medidas restrictivas frente a la inmigración, frente al 68% de media en Europa. Sin embargo, persiste una contradicción: pese a la percepción negativa, los ciudadanos valoran positivamente sus experiencias personales con migrantes, lo que evidencia el peso de los discursos políticos polarizados y la desinformación.
El eco de estos movimientos antimigración y su normalización en el discurso público plantean un serio desafío a la cohesión social y al compromiso democrático con los derechos humanos. Frente a ello, expertos y organizaciones instan a una respuesta coordinada que refuerce la educación cívica, la regulación de contenidos de odio en redes y políticas de integración efectivas, con el fin de frenar la propagación de un discurso que, de no atajarse, amenaza con fracturar aún más el tejido social europeo.
Meloni va ganando en la UE
En 2025, la política antimigración en Europa y, de modo especialmente virulento, en varios Estados miembros, ha dado un salto cualitativo hacia medidas de expulsión masiva y externalización forzosa de solicitantes de asilo. En mayo, la Comisión Europea propuso reformar la Directiva de Retornos para permitir a los gobiernos remitir a migrantes cuyo asilo haya sido rechazado no solo a sus países de origen, sino también a “terceros países seguros” con los que se suscriban acuerdos bilaterales. Esta maniobra, que forma parte del Pacto Migratorio de la UE que entrará en vigor prevista para 2026, trastoca el principio vigente hasta ahora de que el retorno solo podía efectuarse a territorios de procedencia, y sienta las bases para la creación de centros de deportación extracomunitarios donde retener hasta 24 meses a los migrantes antes de expulsarlos.
Al mismo tiempo, Bruselas ha allanado el camino para que los Estados miembros levanten vallas físicas (como Italia en su frontera con Albania, Polonia y Lituania ante Bielorrusia) y exploren “modelos innovadores” de internamiento y campos de deportación en terceros países. A diferencia de la polémica “redistribución” planteada en 2023, estas propuestas buscan acelerar los procedimientos de expulsión y evitar el contacto directo con las instituciones de la UE, externalizando costes y responsabilidades a Gobiernos externos dispuestos a cambio de incentivos económicos.
En España, el discurso ultra ha cristalizado en proyectos de ley para deportar a millones de residentes. La formación Vox ha elevado su rédito político al proponer la expulsión de hasta ocho millones de personas (una cifra que incluiría tanto a migrantes en situación irregular como a descendientes nacidos en España, que plagia el Proyecto 2025 de Trump) pese a ser manifiestamente inviable desde el punto de vista legal y logístico. Expertos señalan que estas deportaciones chocarían contra la Constitución y tratados internacionales, y que su ejecución desmantelaría sectores económicos esenciales (agricultura, hostelería, sanidad) provocando pérdidas equivalentes al 13% del PIB español y la destrucción de cientos de miles de empleos.
La normalización de estas ideas ha alentado además propuestas de endurecimiento de las “ciudades santuario” y la penalización de ONG de rescate en el Mediterráneo, así como el refuerzo de redadas y controles policiales en puntos críticos de recepción, replicando el manual de prácticas deportadoras de Trump, pero aplicado esta vez bajo la bandera de la “soberanía nacional europea”. El resultado es una Europa cada vez más blindada, donde la inmigración se convierte en moneda de cambio política, y donde las garantías básicas de due process y protección internacional quedan subordinadas a fórmulas punitivas de expulsión masiva.
La política antimigración de Trump
En 2025, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto la reactivación de su agenda antimigración con medidas más agresivas y visibles que en su primer mandato. Desde los primeros días del año, el nuevo gobierno republicano reinstaló y amplió políticas como el “Remain in Mexico 2.0”, obligando a decenas de miles de solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras esperan audiencias migratorias que, en muchos casos, se retrasan durante meses sin fecha clara.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reactivado redadas masivas de ICE en ciudades consideradas “santuario”, intensificando la presión sobre autoridades locales para que cooperen con la entrega de inmigrantes indocumentados. A diferencia de su primer mandato, Trump ha autorizado a la Guardia Nacional a participar de forma más directa en operaciones de detención y transporte de migrantes hacia centros de retención.
En paralelo, la Administración ha aprobado nuevas partidas presupuestarias para expandir centros de detención a lo largo de la frontera sur, algunos de gestión privada, con el objetivo declarado de elevar las deportaciones a cifras récord. La meta de la Casa Blanca es superar los 1,5 millones de deportaciones anuales antes de 2027, casi el doble de la media registrada durante el pico de la era Obama-Biden.
Otra línea prioritaria en 2025 ha sido la restricción del asilo por vía administrativa: mediante órdenes ejecutivas, se ha ampliado el concepto de “tercer país seguro”, permitiendo deportar solicitantes de asilo no solo a su país de origen, sino a cualquier nación por la que hayan transitado (una fórmula que ya se aplica con Guatemala y Honduras, y que ahora se negocia con El Salvador).
Asimismo, se ha reforzado la construcción de nuevos tramos de muro fronterizo en Arizona y Texas, y se ha autorizado el despliegue de tecnología de vigilancia con drones y sensores que, según la Administración, permitirán “sellar por completo” los puntos de cruce irregular.
Todas estas medidas se enmarcan en la retórica electoral de Trump, quien en mítines recientes ha vuelto a calificar la inmigración masiva como una “invasión” y ha prometido “devolver a millones de ilegales a sus países en aviones o autobuses”. Sus asesores más cercanos, vinculados al ala más dura del trumpismo, impulsan una estrategia de deportación exprés mediante procedimientos acelerados y recortes drásticos de garantías jurídicas, alimentando un clima de tensión y miedo entre comunidades migrantes.
Con este endurecimiento de la política migratoria, Trump refuerza su posición ante su base más fiel, mientras alimenta un efecto de espejo en Europa, donde partidos de extrema derecha utilizan su retórica como ejemplo para justificar sus propias agendas de expulsiones masivas y cierre de fronteras.
Efecto contagio del odio al migrante
En apenas una década, la antiinmigración ha dejado de ser un discurso marginal para convertirse en una corriente que atraviesa fronteras, alimentada por líderes y movimientos de extrema derecha en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y más allá. Las causas de este auge (enraizadas en miedos económicos, crisis identitarias y estrategias políticas calculadas) encienden un efecto contagio que cala en sectores amplios de la ciudadanía, moldeando agendas públicas y redes sociales.
La primera chispa del rechazo se forja en la percepción de inseguridad económica. En tiempos de desaceleración global, con el alza de los precios de la energía y la inflación persistente, muchos trabajadores asocian la competencia por empleos y servicios sociales con la llegada de nuevos flujos migratorios. Esta creencia, que carece de sustento empírico, se amplifica en territorios donde la precariedad ha erosionado la confianza en las instituciones y en los partidos tradicionales. Así, el discurso de líderes ultranacionalistas que acusan a los migrantes de “robar empleos” o de “ahogar” los sistemas de salud y educación arraiga con facilidad.
Al mismo tiempo, la identidad cultural se convierte en campo de batalla. El temor a la pérdida de costumbres y de una “herencia nacional” alimenta narrativas de defensa del “espacio propio” que exhiben símbolos (banderas, monumentos, himnos) como escudos contra lo foráneo. Esta retórica no solo moviliza a sectores conservadores, sino que enreda a ciudadanos que se sienten desorientados por la globalización y el cosmopolitismo, ofreciendo respuestas sencillas a realidades complejas.
El contagio entre sociedades emerge con la viralidad de las redes digitales. Más allá de manifestaciones o mítines, el mensaje antiinmigración salta de un país a otro en cuestión de horas a través de vídeos virales, cuentas automatizadas y foros en los que se mezclan datos manipulados con historias de supuestos conflictos culturales. Cuando un partido nacionalista celebra un éxito electoral reafirmando su línea dura en inmigración, líderes de movimientos homólogos en otros continentes lo citan como “prueba de que funciona”, legitimando así su propia campaña.
La estrategia política, por su parte, refuerza este fenómeno de imitación. Partidos que se consideran “moderados”, como sucede con el Partido Popular en España, asumen gradualmente propuestas de corte ultraderechista (controles más estrictos, límites a la reunificación familiar, expulsiones masivas) para no perder votos con signo populista. De este modo, el discurso extremo florece en el centro del tablero político, normalizando exigencias que hasta hace pocos años eran inapropiadas para la política “seria”.
El efecto contagio no se detiene en la clase política. Entre la ciudadanía, crece la aceptación de mensajes xenófobos cuando se presentan como “sentido común”: se asume sin cuestionar que la inmigración masiva aumenta la delincuencia o que los recién llegados deprimen salarios. Las encuestas reflejan que, incluso donde la convivencia cotidiana ha demostrado lo contrario, persiste la percepción de amenaza. Y, en los medios sociales, grupos de mensajería y comunidades cerradas propagan bulos y testimonios aislados como si fueran pruebas de una conspiración migratoria.
Frente a esta expansión global del rechazo, la respuesta no puede limitarse a medidas de control fronterizo: exige contrarrestar las narrativas del miedo con datos rigurosos, potenciar políticas de integración que demuestren los beneficios económicos y sociales de la migración, y renovar el compromiso cívico para cultivar una identidad abierta y diversa. Porque, en última instancia, cortar el contagio del discurso antiinmigración demanda restablecer la confianza en la solidaridad y en la capacidad de las sociedades para reinventarse sin muros.
Torre Pacheco, el principio
Los disturbios de Torre Pacheco han marcado un antes y un después en la forma en que los episodios de violencia xenófoba se gestan y contagian por toda la geografía española. Lo que comenzó como la reacción a una agresión brutal a un vecino se transformó en noches de “cacerías” organizadas contra personas de origen inmigrante, con palos, fuego en contenedores y persecuciones callejeras. Los testimonios y la investigación de la Guardia Civil apuntan a convocatorias coordinadas a través de redes sociales por grupos ultras desplazados desde otras provincias, que aprovecharon el miedo y el rumor para escalar rápidamente la tensión.
En el corazón del estallido late un cóctel de factores: la normalización de un discurso político que asocia migración y criminalidad; la viralidad de mensajes falsos o manipulados que circulan por canales cifrados y redes sociales y la sensación de abandono institucional en barrios con altos niveles de precariedad y retraso en la prestación de servicios públicos. Vox, con su retórica agresiva sobre “inseguridad” y “remigración”, alimentó el fuego: sus líderes regionales y nacionales publicaron mensajes culpabilizando a los inmigrantes, mientras organizaban mítines locales que funcionaron como llamamiento tácito a la acción directa.
El resultado es un claro “efecto contagio”: otros municipios de Murcia y de comunidades circundantes ya registran concentraciones similares, y fuerzas de extrema derecha en Valencia y Andalucía preparan actos de “vigilancia vecinal” frente a “zonas de riesgo”. La rapidez con que estas convocatorias se difunden demuestra que el odio xenófobo viaja tan rápido como un meme o un audio viral. Por ello, las autoridades insisten en reforzar la detección de desinformación y en perseguir penalmente a quienes inciten al odio, al tiempo que reclaman un refuerzo permanente de los dispositivos de seguridad en puntos vulnerables.