El Partido Popular sabe muy bien lo que es gobernar. El problema para la ciudadanía está en que cuando lo hacen los niveles de sacrificio que se exige a las clases medias y trabajadoras es tan elevado que se convierte en tortura.
El plan de gobierno del PP fue resumido perfectamente por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en el año 2012 cuando afirmó que «gobernar, a veces, es repartir dolor». Esta frase resume a la perfección lo que han sido las diferentes etapas de la formación conservadora en el poder y cuyos terribles efectos fueron recogidos en el libro Gobernar es repartir dolor.
Ahora, tras las elecciones generales, en minoría, el Partido Popular pretende imponer a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno aunque no tenga los números suficientes para garantizar una legislatura estable.
Sin embargo, Feijóo en el gobierno es un peligro porque los sacrificios que se va a exigir a las clases medias y trabajadoras va a ser tremendo. Los poderosos tienen que arramblar con la parte del pastel público a la que aún no han podido acceder y eso sólo se conseguirá con la vuelta a las políticas de austeridad que tanto gustan al PP.
El Partido Popular está llorando por las esquinas que los ciudadanos han decidido que Feijóo es el único que tiene legitimidad para gobernar. Esto es falso y sólo tiene como objetivo deslegitimar a Pedro Sánchez como presidente. Lo que en realidad ha decidido el pueblo es que no quiere a Feijóo como presidente del Gobierno, porque, en realidad, lo que la gente no quiere es volver al sufrimiento que las políticas de austeridad trajeron durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
Lo que Feijóo traerá será un incremento de la precariedad laboral, una reducción de los salarios, bajadas indiscriminadas de impuestos a grandes fortunas y grandes corporaciones con la esperanza de que inviertan (cosa que no suele ocurrir), incrementos radicales de la desigualdad, destrucción del gasto social y, en consecuencia, de las políticas sociales, incrementos exponenciales de los parámetros de pobreza. Eso sí, con esto se lograrán unas cifras macroeconómicas espléndidas, pero las clases medias y trabajadoras serán derrotadas de manera definitiva cayendo al pozo en que se encontraban antes de la Revolución Industrial.
José María Aznar, que ya ha demostrado con creces que es un defensor a ultranza de los privilegios de las élites (y gana mucho dinero gracias a ese trabajo rastrero que realiza) no dudó en afirmar durante la campaña electoral que «España necesita fundamentalmente tres cosas: volver a la disciplina, a la austeridad. Durante todos estos años, con motivo de la pandemia y de muchas otras cosas, la única regla que ha habido en España y la única regla europea es la de que no hay ninguna regla. La regla de barra libre. Sobra el dinero, se invierte el dinero en las economías, se regala dinero... todo lo que haga falta. Ese tema se ha acabado, se tiene que terminar. Hay algunos que dicen volver a la disciplina, al rigor, significa pasar apuros. Pasar apuros van a pasar, si no se vuelve a la disciplina y se vuelve al rigor».
Esta va a ser la política de Alberto Núñez Feijóo si llegara a La Moncloa: la austeridad en el Estado no significa otra cosa que incrementar los beneficios para los que más tienen y reducir la función del Estado a un departamento más de las multinacionales, olvidándose de las clases más vulnerables.
Programa oculto
Una lectura en profundidad del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo demuestra cómo, en primer lugar, no se habla de políticas de austeridad y, en segundo término, En el ámbito económico, las medidas planteadas por la candidatura de Alberto Núñez Feijóo tienen un sesgo neoliberal radical que prácticamente plantean que España se convierta en un paraíso fiscal oculto, tal y como lo son otros países de la Unión Europea como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Chipre, Portugal o Malta.
La premisa fundamental de todo neoliberal radical, como lo son tanto Feijóo como el PP, es la rebaja indiscriminada de impuestos. Ese es el primer punto del programa en materia fiscal: «Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias. Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media. Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal».
A cualquier ciudadano de las clases medias y trabajadoras eso suena a música celestial. La realidad es que es un ataque al estado del bienestar en toda regla y, sobre todo, si se aplican medidas austericidas como las que reclama Aznar.
Es muy hermoso, incluso orgásmico, la frase: «el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano». El analfabetismo y la falta de conciencia fiscal en España es lo que permite que haya millones de ineptos que se crean esa milonga. Es una trampa que favorece, finalmente, a los poderosos que sostienen un sistema corrompido y que sólo genera desigualdad.
Sin embargo, el programa del PP, con el que Feijóo afirma que gobernará (cosa harto improbable) va más allá y amenaza con realizar una reforma integral del sistema fiscal «con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo. Eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas, y simplificaremos el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos».
Además de seguir permitiendo que los que más tienen sigan sin pagar los impuestos que les corresponden, porque lo que ha hecho el gobierno Sánchez es paliar parcialmente una de las mayores deficiencias del sistema fiscal español, el PP promete una simplificación del IRPF y de Sociedades que, finalmente, modificará los tramos para favorecer, precisamente, a los que más tienen.
En un sistema impositivo progresivo, si se reduce lo que aportan al Estado las pymes, también se aplicarán sistemas similares a las grandes corporaciones, tal y como se indica más adelante. En consecuencia, el sostenimiento de los servicios públicos queda en manos de las clases medias y trabajadoras, como siempre, pero con menores ingresos.
Visas doradas y paraíso fiscal
El programa fiscal del Partido Popular es claro en uno de sus objetivos: «Con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico en España y facilitar la movilidad internacional, mejoraremos el régimen fiscal para nuevos residentes, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global».
La traducción de esto no es otra cosa que, incrementar los incentivos para personas físicas extranjeras para que se establezcan en España y reducir los impuestos para grandes empresas.
La experiencia en otros países que son paraísos fiscales encubiertos (Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Liechtenstein, Malta o Chipre, por citar sólo los de la Unión Europea), demuestra que la atracción de domiciliaciones fiscales no genera crecimiento ni empleo.
Pongamos el ejemplo de Luxemburgo. ¿Cuántos empleos genera la domiciliación de Amazon? Y en Irlanda, ¿ha crecido la creación de puestos de trabajo porque Apple tenga su domicilio fiscal allí? Muy pocos. En consecuencia, esta medida no es más que una coartada para, en un segundo paso que no está explicitado en el programa, reducir la tasa impositiva para las grandes corporaciones que ya están en España.
El Estado dejará de recaudar miles de millones de euros a cambio de nada. Eso sí, al quedarse los servicios públicos sin recursos económicos, se abrirán nuevos nichos de negocio y procesos de privatización.
Por otro lado, la atracción de capital privado a través de condiciones especiales para grandes fortunas que inviertan en España es la puerta para que entre más dinero sucio en España. Ya sucedió con las visas doradas de Mariano Rajoy, que permitió que miles de millones de euros procedentes de la corrupción en Venezuela o del crimen organizado fueran invertidos en operaciones inmobiliarias. Una parte importante de ese dinero entró a través de redes de sociedades pantalla que movían el dinero a través de paraísos fiscales hasta que acababan en España. Así se demuestra en varios informes de la UDEF.
El populismo fiscal de Feijóo
En el programa del PP se puede leer una frase que es puro populismo: «Proponemos una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen».
Esta frase es mentira porque no hay que confundir el hecho de que los ricos y las grandes empresas paguen los impuestos que les corresponden, como hacen las clases medias y trabajadoras, con un escenario confiscatorio.
En España no se ha aplicado ningún tipo de política en la que se hayan subido las obligaciones fiscales de los que más tienen, sino que, en algunos casos, se ha planteado una reducción de las obscenas exenciones tributarias de las que gozan sólo un porcentaje mínimo de ciudadanos.