Las guerras en Irak y Ucrania no son iguales, pero ambas han tenido graves consecuencias. También son argumentos sólidos para fortalecer el estado de derecho en lugar de socavarlo con pretextos endebles en favor de un militarismo sin fin.
Al igual que la guerra de Estados Unidos en Irak en 2003, del que se han cumplido 20 años en este mes de marzo, la invasión ilegal de Rusia contra Ucrania es un acto de agresión en flagrante violación del derecho internacional.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha tratado de responsabilizar al presidente ruso, Vladimir Putin, por los delitos cometidos durante la guerra. El pasado 17 de marzo emitió una orden de arresto contra Putin por el secuestro y deportación de niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, Rusia no es miembro de la CPI.
El presidente Joe Biden calificó la decisión de la Corte como «justificada». No obstante, Estados Unidos tampoco es miembro de la CPI. Es importante ver el país norteamericano apoye la justicia y la rendición de cuentas por las las víctimas ucranianas. En cambio, esto debería extenderse a todas las víctimas de las guerras, como la de Irak.
Esa guerra ilegal mató a más de un millón de iraquíes, desplazó a más de 9 millones de sus hogares y destruyó las infraestructuras del país. Los grupos terroristas islámicos, incluido el ISIS, surgieron en respuesta a la invasión y han seguido desatando la violencia en todo el mundo. Las divisiones políticas plagan el país, los iraquíes siguen luchando y Estados Unidos mantiene tropas allí.
La flagrante falta de rendición de cuentas por las acciones de los gobiernos norteamericanos en Irak inhabilita la autoridad de Estados Unidos para promover de manera significativa los derechos humanos, la justicia y el estado de derecho en otros lugares, incluso en Ucrania.
La invasión de Irak contravino directamente los artículos de la Carta de la ONU que prohíben la intervención militar y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estados Unidos envió 130.000 soldados para derrocar al gobierno de Irak sin la autorización de la ONU y con el pretexto fraudulento de que el país estaba acumulando armas de destrucción masiva.
Las violaciones generalizadas de derechos humanos surgieron de la invasión y ocupación. Entre ellos, decenas de miles de iraquíes fueron arrestados y detenidos por personal estadounidense. La mayoría eran civiles inocentes y muchos fueron torturados.
Las fotos del escándalo de la prisión de Abu Ghraib en abril de 2004 revelaron horribles e ilegales actos de tortura. Hombres desnudos fueron atados como perros, electrocutados y golpeados. Esta barbarie fue parte de una red de tortura más amplia posterior al 11 de septiembre que abarcó las prisiones secretas de la CIA en Afganistán y Europa, además de la cárcel estadounidense en la Bahía de Guantánamo.
Años más tarde, WikiLeaks publicó registros clasificados del gobierno estadounidense que incluían pruebas de otros crímenes de guerra en Irak. En el video “Asesinato colateral” publicado en abril de 2010, impactantes imágenes de 2007 mostraban helicópteros artillados estadounidenses matando a civiles y dos periodistas de Reuters en Bagdad, lo mismo que ocurrió con el asesinato de José Couso en el hotel Palestina de la capital iraquí.
Ningún funcionario o alto cargo del gobierno de Estados Unidos que creó, implementó o supervisó la tortura ha rendido cuentas. No han recibido acusaciones judiciales, órdenes de arresto, sanciones o consecuencias profesionales. La justicia, incluso en forma de reparaciones, sigue eludiendo a los supervivientes de la tortura en Abu Ghraib y a otros iraquíes perjudicados por la guerra.
Tampoco ningún funcionario estadounidense de alto nivel se enfrentó a las consecuencias por librar una guerra en la que murieron cerca de 5.000 soldados estadounidenses y que continúa costando billones de dólares.
Los únicos que han sido juzgados por las revelaciones de WikiLeaks fueron las personas que las publicaron. La ex analista de inteligencia del Ejército estadounidense, Chelsea Manning, quien proporcionó cientos de miles de registros militares y diplomáticos a WikiLeaks en 2010, fue procesada, encarcelada y luego indultada por el presidente Obama. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien publicó las pruebas que ayudaron a descubrir la conducta estatal ilegal, se enfrenta hasta a 175 años en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos si pierde su lucha por evitar la extradición.
Si Estados Unidos se toma de verdad en serio la aplicación del derecho internacional, está obligado a rendir cuentas por sus propios errores en Irak y en otros lugares. El primer paso sería unirse a la CPI.
En ocasiones anteriores, Estados Unidos ha socavado a la corte, por ejemplo, descarrilando su investigación de los crímenes estadounidenses cometidos en Afganistán. Más recientemente, según publicó el New York Times, los funcionarios del Pentágono obstaculizaron los esfuerzos para compartir con la CPI las pruebas reunidas por Estados Unidos sobre los crímenes rusos debido a las preocupaciones informadas de que algún día podría preparar el escenario para enjuiciar a los estadounidenses.
Este supuesto «estado de derecho», altamente selectivo, contradice su propia definición y genera una cultura de la impunidad. Como demuestran las acciones de Rusia, estos dobles raseros debilitan el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.
Un ajuste de cuentas largamente retrasado con Irak también es importante para los estadounidenses a quienes se les mintió en esta guerra devastadora para garantizar que nada como esto vuelva a suceder. Mientras tanto, los iraquíes aún esperan que se rindan cuentas. Como todas las víctimas de la guerra, merecen justicia, exactamente la misma que deben recibir las familias ucranianas porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera Estados Unidos y Rusia.