Madrid, año 2014. En el banquillo del Castilla, filial del Real Madrid, se sienta Zinedine Zidane. Un mito viviente, sí, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero también, según los papeles, un entrenador sin el título exigido para ese puesto en aquel momento. La normativa es clara: para entrenar en Segunda B (ahora Primera RFEF) se precisa un título de Técnico Deportivo Superior. Zidane solo tenía una Licencia A de la UEFA, insuficiente. Resultado, sanción de tres meses por intrusismo, dictada por el juez único de Competición de la RFEF el 27 de octubre de 2014, tras una denuncia presentada por Miguel Galán de Cenafe Escuelas. Todo en orden… durante cuatro días.
Intervino el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y suspendió la sanción el 31 de octubre. A toda prisa, la sanción fue anulada definitivamente el 21 de noviembre de 2014, confirmando que el TAD estimó el recurso del Real Madrid. La razón sobre la que se sustentó esta decisión fue que podría causarle “perjuicios de imposible o difícil reparación” al afectado, es decir, el Real Madrid. Y ahí se detiene el reloj. Cuando el gigante tose, la Administración se apura en traerle el jarabe. Exactamente lo mismo que sucedió este invierno con el FC Barcelona con las inscripciones de los futbolistas Dani Olmo y Victor Fort.
Pero el truco fue aún más interesante. La RFEF decidió que la Licencia UEFA Pro es lo bastante parecida a un Nivel 3 en Técnico Deportivo como para “equipararla” al título oficial. Así, sin BOE ni Parlamento. Zidane salió limpio.
Años más tarde, en 2025, esa interpretación es norma dentro del fútbol. La federación se arroga competencias de legislador y otorga equivalencias al margen de la legalidad estatal. Mientras tanto, en 2016, la Comunidad de Madrid aprobó la ley 6/2016 de profesiones del deporte. En su letra pequeña establece que para entrenar oficialmente se requiere título oficial de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior. Nada de licencias UEFA.
Es decir, Zidane, en Madrid, sigue siendo un intruso, a pesar de ser el primer entrenador en la historia en ganar tres Champions League consecutivas. Pero nadie se atreve a señalarlo. La ley madrileña se vuelve repentinamente ciega. La misma ley que, en cambio, sí persigue a los entrenadores personales, a los preparadores físicos sin carrera universitaria, a los autónomos sin amigos en federaciones. La misma ley que, redactada con saña para blindar monopolios, se convierte en plastilina para quien tiene suficiente escudo mediático o una cuenta bancaria con peso específico.
El caso Zidane no fue una anécdota. Fue un precedente. Gracias a él, la llegada de Carlo Ancelotti con licencia UEFA Pro pasó sin resistencia. Cuando tocó renovar su licencia en 2022, nadie se atrevió a levantar la mano. Pero si alguien decidiera aplicar la ley madrileña al pie de la letra, Ancelotti sería, también, un intruso.
Pero no es una cuestión exclusiva del Real Madrid. Diego Pablo "el Cholo" Simeone tampoco se escapa. Entrena al Atlético de Madrid desde 2011. Su situación se regularizó con el mismo ardid: equiparar la Licencia UEFA Pro a un título español. Una circular de la RFEF, la número 63, en enero de 2025 blindó a Simeone y a su equipo. Pero, ¿tiene la RFEF autoridad para modificar los efectos de una ley autonómica? ¿Puede un ente privado dictar equivalencias legales? Y si puede… ¿por qué no pueden hacerlo los colegios de quiromasajistas, o los titulados por el INEF argentino, o los entrenadores autónomos que trabajan día a día en los barrios?. Y no solo eso, autoriza a los entrenadores españoles “sin título” a ejercer y trabajar en el extranjero.
El origen del despropósito está en la falta de algo tan básico como el test de proporcionalidad. Ni la ley 6/2016 ni su reglamento lo aplicaron. La legislación madrileña se construyó para proteger privilegios, no derechos. Se aplicó sin evaluación previa, sin medir daños colaterales. El resultado: una norma desigual que premia al poderoso y castiga al débil. El mismo título, la misma ley, dos varas de medir. Los intrusos de élite entran por la puerta grande. Los demás, a esperar fuera. O al juzgado.