Isabel Díaz Ayuso es una defensora a ultranza de la erradicación de los impuestos, unas políticas fiscales que benefician sólo a las élites económicas, empresariales y financieras, por más que se quiera vender la idea de que «el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en los del Estado». Sin embargo, acabar con este tipo de políticas ultraliberales se ha convertido en una emergencia para toda la humanidad.
Las propuestas que están discutiendo los gobiernos para acabar con el abuso fiscal global y aplicar un pequeño impuesto a la riqueza del 0,5% más rico recaudarían suficientes ingresos fiscales para brindar educación a los 72 millones de niños en edad escolar primaria en todo el mundo, niños que actualmente no pueden ser escoralizados. Además serviría para contratar a los 13 millones de maestros de primaria que se necesitan en todo el mundo. Así se indica en un estudio económico publicado recientemente por la Red de Justicia Fiscal y presentado en la Reunión Mundial de Educación de la UNESCO.
Estos objetivos se lograrían con sólo un 20% de los ingresos fiscales que generarían la eliminación del abuso que generan las políticas defendidas, entre otros, por Isabel Díaz Ayuso o Javier Milei, en línea con los compromisos existentes de los gobiernos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de destinar entre el 15% y el 20% de sus presupuestos a la educación.
La oportunidad de resolver la crisis educativa mundial y, por fin, garantizar que se respete el derecho de todos los niños a la educación es posible gracias a los niveles extremos de riqueza no gravada acumulada y a veces ocultada en paraísos fiscales por las corporaciones multinacionales y los individuos más ricos que no han dudado en apoyar políticamente a personajes como Donald Trump para, de este modo, seguir evitando su responsabilidad fiscal.
Los países podrían recaudar aproximadamente 2,1 billones de dólares al año en ingresos fiscales aplicando una versión simplificada del reciente impuesto a la riqueza de España, con una tasa de hasta el 3% sobre el 0,5% de los hogares más ricos. Poner fin al abuso fiscal global permitiría a los países retener 480.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales. Dedicar el 20% de la suma de estos ingresos adicionales significaría que los países tendrían 536.000 millones de dólares adicionales al año para gastar en educación.
El estudio, cofinanciado por Education out Loud y la TaxEd Alliance, desglosa estas cifras y detalla cuántos ingresos fiscales adicionales obtendría cada país y cuántos estudiantes y docentes más puede incorporar a sus escuelas.
En España, según el informe, se pierden cada año más de 6.400 millones de euros por el abuso fiscal, lo que, de aplicarse los parámetros indicados en el estudio, permitiría a las administraciones públicas poder incrementar en más de 1.200 millones de euros anuales sólo en educación.
En total, contratar a los 13 millones de docentes que la UNESCO predice que se necesitarán en todo el mundo para 2030 costaría 12.800 millones de dólares, y pagar para que los 72 millones de niños en edad escolar primaria que la UNESCO estima actualmente que no asisten a la escuela pudieran asistir a ella costaría 215.000 millones de dólares.
Con una factura total de 227.800 millones de dólares, esto deja un poco más de 300.000 millones de dólares para que los gobiernos los destinen a mejorar los servicios educativos y alcanzar otros objetivos educativos, incluyendo aumentar los salarios de los docentes y mejorar los recursos y la infraestructura de las escuelas.
El estudio se suma a un creciente número de pruebas que muestran que la riqueza extrema y no gravada entre los súper ricos está haciendo que las economías sean inseguras y está directamente vinculada a una menor productividad económica, a que los hogares no ricos tengan que gastar más de lo que ingresan, y a peores resultados sociales, como peores logros educativos, vidas más cortas y el agotamiento insostenible de los recursos del planeta.
La narrativa egoísta, que también ha sido defendida por Isabel Díaz Ayuso, de que permitir que los superricos acumulen niveles extremos de riqueza no gravada se traduciría en una mayor inversión, beneficiando a todos, ha demostrado ser falsa. Las investigaciones muestran que el aumento de la riqueza entre el 1% más rico desde los años 1980 resultó en una descapitalización del resto de la población y en déficits gubernamentales.
En cambio, según supuestos conservadores, la educación representa el 50% del crecimiento económico mundial, el 70% de las ganancias de ingresos entre el 20% más pobre del mundo y el 40% de la reducción de la pobreza extrema desde 1980. También explica más del 50% de la reducción de la desigualdad de género en los ingresos laborales. Según la UNESCO, si todos los niños y jóvenes asistieran a la escuela y aprendieran, el PIB mundial aumentaría en 6,5 billones de dólares al año.
El impulso global para abordar los paraísos fiscales y gravar la riqueza extrema de los superricos siguió ganando fuerza este año. El G20 sigue considerando propuestas para gravar a los multimillonarios a nivel internacional, mientras que un número creciente de países explora la implementación de impuestos a la riqueza nacional.
Una mayoría global de países acordó este verano los términos y objetivos bajo los cuales se negociaría una convención fiscal de Naciones Unidas que cambiaría las reglas del juego. Una convención fiscal de la ONU se considera como la mejor oportunidad del mundo para poner fin a la era de los paraísos fiscales, con un compromiso específico ya acordado para «abordar la evasión y elusión fiscal por parte de individuos de alto patrimonio neto y asegurar su tributación efectiva». Se espera que la Asamblea General de la ONU vote a finales de noviembre sobre si iniciar formalmente las negociaciones sobre la convención fiscal de la ONU sobre la base de los términos acordados este verano.
Mientras tanto, la conexión entre la política fiscal y las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, como el derecho del niño a la educación conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ha ido ganando amplio reconocimiento en las esferas políticas.