El auto del juez José Luis Calama Teixeira por el que propone pasar a juicio oral a Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, y al núcleo duro de su equipo directivo ya ha tenido respuesta.
Ron, en un durísimo comunicado de prensa, ha señalado que «los mismos peritos afirman en su Informe de 8 de abril de 2019 que “las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”. No conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él. Es obvio que nada tuvo que ver con la resolución no investigada que acabó con el Banco, la ampliación de capital de 2016, que reforzó los niveles de solvencia y provisiones, y que fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros, que perdimos con la resolución.»
El expresidente de la entidad intervenida denuncia que, a pesar de lo que indique el juez en su auto, el resultado de las inspecciones que se señalan no tienen carácter contable, sino que fueron recomendaciones prudenciales y que, de haberse adoptado, serían de carácter prospectivo. «La manera de registrarse prospectivamente -como es el caso del Popular- es prueba de que no había errores en la contabilidad anterior, y en particular en la de cierre del ejercicio 2015. Por ello, no había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016. Es más, ante una ampliación de una pericial solicitada por el instructor, los peritos inspectores del Banco de España y dado que el instructor pretendía que los peritos “revisasen los resultados del Banco” de los ejercicios de 2015 y 2016, éstos se manifiestan diciendo: “desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016.»
Ron deja claro que él mismo es un afectado del Caso Banco Popular, como otros consejeros que invirtieron 500 millones de euros en la ampliación de 2016. Recalca también que, según los peritos de Banco de España, el Popular «era en el momento de su resolución un banco solvente (con 11.000 millones de patrimonio neto), viable y rentable (más de 1.150 millones de beneficios anuales recurrentes antes de provisiones).»
Nada de esto ha investigado Calama, mientras el sol ilumina la playa de Junkanoo.
espero que tenga documentación guardada que demuestre todo lo dicho por mi parte yo le creo quien metería 500 millones de euros sabiendo que los perderán LO QUE NO ENTIENDO ES COMO EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO POPULAR SE DEJÓ EMBAUCAR Y FIRMÓ EL ACTA DE INVIABILIDAD CUANDO TENÍAN QUE HABER CESADO AL CUCRACACHO y llevarle a los tribunales por manipulación de las acciones del banco