Es una triste realidad para muchos migrantes infectados por VIH en Madrid; el gobierno de Díaz Ayuso les expone a un calvario y peregrinaje, que puede durar hasta 9 meses, para recibir el tratamiento de retrovirales.
Sin embargo, esta situación no es nueva para los afectados residentes en Madrid: se arrastra desde hace tiempo y se agravó en noviembre del año pasado cuando el gobierno regional publicó los requisitos exigidos para solicitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE).
Desde Cesida, su presidenta Reyes Velayos denuncia que entre las exigencias establecidas en dicho documento se encuentra llevar al menos tres meses empadronado en Madrid. Sin embargo, el Gobierno de Díaz Ayuso realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable y con necesidad de tratamiento urgente, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales.
Madrid se salta la excepción del Real Decreto 7/2028
Ramón Espacio, miembro de la ejecutiva de la Coordinadora, pone en valor la importancia de organizaciones no gubernamentales al afirmar que “Durante estos años, desde las ONG que atienden a las personas migrantes se ha trabajado para vincularlas al sistema sanitario y en Madrid, con más dificultades que en el resto de España, se iba resolviendo”. Por otro lado, Espacio no quiere dejar pasar por alto cómo “La Comunidad de Madrid se ha resistido desde el principio a aplicar el RD7/2018 que, aunque con sus carencias, devolvía el carácter de universalidad a la sanidad pública”.
Sin embargo, a pesar de estar garantizada el acceso a la sanidad pública, mediante un real decreto ley de aplicación en todo el territorio nacional, la Coordinadora alerta de que, desde hace un año, las entidades sociales madrileñas se están encontrando con casos donde el gobierno de Ayuso “retira la tarjeta sanitaria sin previo aviso a personas que estaban siendo atendidas o se deniega el acceso a personas migrantes con el VIH”.
Un proceso farragoso con largas listas de espera
En noviembre del pasado año el gobierno de Díaz Ayuso decidió trasladar desde los centros de salud a las llamadas “Unidades de Tramitación” (UT), la solicitud de informes de urgencias y necesidad, el mecanismo al cual tiene que acudir los inmigrantes infectados con el virus que se encuentren en situación administrativa irregular. Si bien actualmente hay 7 “UT” en toda la Comunidad de Madrid, con una lista de espera de siete meses, desde Cesida insisten en que “Es un tiempo de espera demasiado largo para las personas con VIH que precisan tratamiento diario”.
Reyes Velayos, presidenta de Cesida y también de la asociación Apoyo en Positivo explica que “A pesar de que la apertura de estas unidades pretendía brindar una atención ágil y personalizada, los tiempos de espera para conseguir cita son superiores a siete meses en las UT y en ninguna de ellas hay trabajadores sociales, por lo que no se puede emitir el informe de vulnerabilidad o urgencia”.
En pocas palabras, la falta de dotación de personal y de recursos administrativos del gobierno de Díaz Ayuso “Ocasiona que muchas personas que cumplen todos los requisitos estén meses sin poder acceder ni a la atención ni tratamiento, incluso llegando a los nueves meses de espera” afirma Velayos.
Y un dato no menor que facilitan desde la Coordinadora: la derivación desde los centros de salud a dichas Unidades de Tramitación no se efectúa hasta que el solicitante haya cumplido los tres meses de estancia lo que genera tiempos de tramitación muy largos para la obtención de la tarjeta sanitaria.
Madrid sin compromiso con la salud pública
Para Cristina Arcas, miembro de la ejecutiva de Cesida “Nos parece increíble que, en un contexto en el que estamos saliendo de una crisis sanitaria global desde la Comunidad de Madrid se empecinen en poner trabas administrativas para atender a problemas de salud pública. En las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para la implementación del RD 7/2018 se establecía la figura del informe social para dar solución a situaciones concretas como la falta de documentación, el empadronamiento o la existencia de condiciones de salud urgentes, algo que desde la Comunidad de Madrid parecen ignorar”.
En otras autonomías se dan situaciones concretas de desatención que en la mayoría de los casos se consiguen resolver desde las entidades sociales. “Pero el caso de la Comunidad de Madrid es absolutamente sangrante y siguen pasando los meses sin que se pongan soluciones”, prosigue denunciado Arcas, profesional de la enfermería, y añade: “en la actualidad desde las ONG estamos consiguiendo que se atienda a estas personas a través de los servicios de urgencias lo que implica la firma de un compromiso de pago por parte del paciente que en la mayoría de los casos es inasumible”.
Desde Diario16 hemos tenido acceso a una de esas facturas que, desde los hospitales, por orden de la Consejería de Sanidad del gobierno de Díaz Ayuso, están remitiendo a los inmigrantes en situación irregular con VIH a los que finalmente, se les facilita el tratamiento de retrovirales por urgencias, tal como afirma la enfermera y miembro de Cesida, Cristina Arcas.
Son facturas de importes que no suelen bajar de los 600 euros que vienen a sumar más vulnerabilidad, esta vez acrecentada desde un gobierno regional, a su ya precaria situación laboral, habitacional y económica.
Cuestión de salud pública
Ramón Espacio, miembro de la coordinadora estatal de VIH y Sida, sostiene que “La evidencia científica demuestra que asegurar que todas las personas con el VIH, con independencia de su origen y estado administrativo, tengan acceso a atención y tratamiento, debe considerarse una prioridad para la salud pública en nuestro país”
Desde la misma organización hacen hincapié en cómo “La supresión viral mantenida, con una adherencia completa al tratamiento y el seguimiento en la consulta, disminuye la transmisión del VIH a cifras despreciablesy que por tanto, una de las mejores estrategias de prevención es tratar, siendo necesario asegurar el acceso a los fármacos antirretrovirales”, tal y como se recoge en el informe “Barreras y dificultades en el acceso a la atención y tratamiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo con el VIH en España”, publicado en marzo por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad.
Concentraciones contra la exclusión sanitaria
Vista la falta de respuestas por parte del gobierno de Díaz Ayuso frente a la desprotección de las personas migrantes con VIH, ONGs como Apoyo en Positivo, Cogam, Salud entre Culturas, Imagina Más, Acción Triángulo, Kif Kif y la ya referida Cesida han pasado ya a la acción. En lo que va del año han convocado dos manifestaciones (el 29 de Julio y más recientemente el pasado miércoles 26) frente a las puertas de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana 29 de la capital con el objetivo de reivindicar“la reversión de las barreras y la promoción de una atención sanitaria universal, oportuna, transversal e interdisciplinar que asegure el tratamiento antirretroviral (TAR), medida de prevención indiscutible reconocida a nivel internacional como respuesta contra la epidemia de VIH” .
Desde las instituciones organizadoras han confirmado a Diario16 que estas concentraciones forman parte de un conjunto de iniciativas que verán a a la luz en las próximas semanas dada la proximidad del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que tendrá lugar, como todos los años, el 1 de diciembre. “Es una cuestión de extrema gravedad que atañe a la salud pública y que tenemos la obligación de visibilizar”, añaden.
Murcia y otras CC.AA siguen el ejemplo
Para finalizar, desde la Coordinadora alertan de que se están observando situaciones similares en otras autonomías y ponen como ejemplo a la Región de Murcia, en donde el retraso para acceder a las citas para solicitar la protección internacional, las dificultades para empadronarse o la falta de acceso en casos de personas con permiso de residencia no lucrativa o estudiantes con el VIH suponen barreras insalvables a la hora de conseguir atención médica.
No olvidemos que Calamidad Ayuso se confesó falangista en un programa de televisión, en la del Toro; por tanto todo su quehacer político se corresponde con su ideología. Lo grave es que fue votada por sectores de las clases trabajadoras, en contra de sus más profundos intereses.