El 7 de junio de 2017 se produjo el mayor expolio de la historia de España. Más de 1 millón de personas vieron cómo sus ahorros se desvanecían sin haber una razón sólida para ello. Sin embargo, todo estaba enmarcado dentro de una operación muy bien planificada y calculada con un único objetivo: salvar al Banco Santander.
Además de las múltiples irregularidades que se cometieron, que en cualquier lugar del mundo habrían ya determinado la nulidad de la resolución y la devolución del dinero a las 305.000 familias expoliadas. Sin embargo, en España no es así, sobre todo porque los dos gobiernos del país permitieron una serie de acciones que provocan que la ciudadanía se pregunte sobre las razones por las que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez continúen permitiendo que el Santander y su presidenta sigan recibiendo un trato preferencial por parte del Estado español. ¿Acaso Sánchez y Rajoy le deben algoal Santander?
Diario16 publicó ayer los privilegios de los que disfrutó Ana Patricia Botín –una mujer que pertenece a una familia que se comporta como lo hacían los patricios en el Imperio Romano– durante su declaración en la Audiencia Nacional con la presencia de su mano derecha, Jaime Pérez Renovales, cuando, por su condición de testigo, no debería haber ido a testificar acompañada por nadie.
Durante la etapa en la que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno el Santander contó con privilegios respecto al Caso Popular que tuvieron una importancia clave en el final de la operación, privilegios que se han convertido en causas de nulidad.
En primer lugar, y quizá la más grave, fue la aprobación por parte del FROB de la venta del Popular al Santander fuera del plazo, un hecho que ha sido reconocido por el propio banco presidido por Ana Patricia Botín, un hecho que fue publicado en exclusiva por Diario16 en mayo de 2018. La oferta de compra del Santander se realizó a las 3.27 horas del 7 de junio, según consta en los documentos del Banco Central Europeo (BCE) y del FROB, cuando, en los plazos marcados por éste, la hora límite eran las 0.00 horas:
Este retraso provocó que el Banco Popular fuera vendido fuera del plazo estipulado por el FROB y por la JUR, lo cual debería haber significado la anulación de la operación. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy no hizo nada.
Este hecho provocó que se presentara ante el Ministerio de Economía, ya dirigido por Nadia Calviño, es decir, siendo Pedro Sánchez presidente del Gobierno, de una acción de nulidad que fue archivada casi de inmediato.
La demanda indicaba que la operación de venta y adjudicación del Popular al Santander incurrió en «graves y manifiestas infracciones legales constitutivas de causa de nulidad de pleno derecho», afirma el documento, puesto que concurrieron los motivos de nulidad absoluta según afirma en artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La demanda hacía referencia al sometimiento de todas las Administraciones Públicas al principio de legalidad que exige que todos sus actos estén ajustados al ordenamiento jurídico. Esto es un deber de la Administración que no se cumplió con la operación de venta del Popular al Santander, lo cual supone una falta del tipo más grave.
Por tanto, en lo referente a la presentación fuera de plazo de la oferta del Santander, tanto el Gobierno de Rajoy como el de Sánchez otorgaron un privilegio al banco presidido por Ana Patricia Botín, incluso, pasando por encima de la ley.
Relacionado con el asunto anterior, tenemos la aprobación por parte del Banco de España de la venta del Popular al Santander y que fue registrada un día antes de que el hecho tuviera lugar, en concreto, el 6 de junio de 2017:
La fecha de registro es la que da validez a cualquier documento administrativo, por tanto, el hecho de que se dé validez a un acto que aún no se ha producido en el momento de registrar dicho documento es causa absoluta de nulidad de la aprobación realizada por el Banco de España, en concreto, de la venta del Popular al Santander por un euro.
El documento, dirigido a Jaime Ponce, presidente del FROB, indica que «En contestación a su escrito de 7 de junio de 2017, le comunico que, en el marco del proceso de resolución de Banco Popular Español S. A., la comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión del día de hoy, ha acordado no oponerse a la adquisición de una participación significativa del 100% del capital de Banco Popular Español S. A. por parte de Banco Santander S.A.». Sin embargo, el documento está registrado el 6 de junio, por lo que este error sería la prueba de que todo estaba preparado y mostraría la presunta connivencia de las autoridades dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos con la operación, es decir, del Gobierno de Rajoy.
Diario16 publicó este documento el 15 de marzo de 2019, cuando el presidente del Gobierno ya era Pedro Sánchez. No obstante, lo que en cualquier otro país habría provocado una exhaustiva investigación interna, en España el Ministerio de Economía lo dejó pasar a pesar de que este hecho fue referido en la demanda anteriormente citada y que fue archivada por el departamento dirigido por Nadia Calviño. Permitir una irregularidad de este calibre no es más que la aplicación de otro privilegio al Santander que, al fin y al cabo, es quien se está beneficiando del patrimonio de los accionistas del Popular.
Sin embargo, los privilegios otorgados por el Gobierno de Pedro Sánchez al Santander van más allá. La primera gran decisión económica del Ejecutivo salido de la moción de censura fue, precisamente, la aprobación en septiembre de 2018 de la fusión por absorción del Popular por el Santander y su inscripción en el BORME. Esta decisión va más allá del cumplimiento de un mero trámite, puesto que el Caso Popular está aún dirimiéndose en los tribunales españoles y europeos y Nadia Calviño no esperó a que se dictaran las correspondientes sentencias o se resolvieran los miles de recursos presentados. Al Santander se le concedió el privilegio de pasar por encima de las decisiones de la Justicia. ¿Qué ocurrirá si los tribunales determinan la nulidad de la operación? ¿Qué responsabilidad ha cargado sobre el Estado el Gobierno de Pedro Sánchez al diluir el patrimonio de los accionistas y bonistas del Popular en el Santander? Dar privilegios al banco presidido por Ana Patricia Botín tiene consecuencias muy graves para todos y todas.
Por otro lado, la CNMV, también dependiente de Economía, no paró el ataque de los bajistas contra el capital bursátil cuando, unos días después de la resolución del Popular, sí prohibió las operaciones a corto contra Liberbank que, ni de lejos, tuvo una afectación tan grave como la de la sexta entidad financiera del país.
El propio supervisor de los mercados, presidido por un hombre de la máxima confianza del gobierno del PP y que, sorprendentemente, no ha sido cesado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (Albella recibió aplausos del diputado socialista Pedro Casares –casualmente por Cantabria– por su gestión), no inició una investigación contra el Santander por la ampliación de capital de más de 7.000 millones que comunicó al mercado que era para provisionar al Popular pero que, según documentación que obra en poder de los tribunales y a la que ha tenido acceso Diario16, fue utilizada para tapar pérdidas provocadas por el cambio de divisas.
Otro privilegio para el Santander, por las consecuencias posteriores que tuvo, fue la no aprobación del Proyecto Sunrise por parte del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, el punto clave del Plan de Negocio de 2016 y que hubiese permitido el relanzamiento del Popular. ¿Por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no ha investigado las razones esta decisión, sobre todo porque en principio no hubo problemas y, una vez que Saracho fue nombrado presidente, se cambió radicalmente de opinión?
Una democracia como la española no puede soportar que sean los representantes elegidos por el pueblo los que otorguen a una familia de patricios o a su banco privilegios que al resto de la ciudadanía no se le conceden. Esto, además de ser una actuación falta de ética, podría rozar la presunta comisión de graves delitos que no se quedarán sin ser analizados por la Justicia.