El día 2 de junio de 2017 ocurrieron muchas cosas en el Banco Popular. Una de ellas fue la recepción por parte de Emilio Saracho de un correo electrónico en el que se adjuntaba un informe interno en el que, entre otras cosas, se refería el hecho de que había tres entidades muy interesadas en comprar al Popular antes de llegar a la resolución que, en ese día, sólo estaba en la mente de Saracho, de la JUR, del FROB y del Santander.
En ese documento adjunto se confirma que las tres entidades tuvieron acceso a los datos del banco y que, en concreto, «uno de ellos ha realizado un uso importante de la Virtual Data Room (VDR)».
Estas entidades, según el documento, pudieron acceder «a información sobre los elementos más relevantes del banco: información comercial y financiera, plan de reestructuración, información de la cartera de préstamos y NP, financiación y liquidez, capital y solvencia, activos no productivos». También, en la VDR, estas tres entidades tuvieron acceso a información detallada de los «activos adjudicados, préstamos morosos, sus garantías y valoraciones».
A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que una de las entidades ofertantes, según indica el documento, había valorado al Popular en más de 1.000 millones de euros, lo que suponía cinco veces más de lo que el Santander estaba dispuesto a pagar, según el documento del mes de mayo en el que se marcaron las condiciones para la compra. ¿Cuáles eran las tres entidades que estaban interesadas? En principio, Bankia, BBVA y Santander.
A Bankia no se le permitió continuar en el proceso porque el Banco Central Europeo le negó el acceso a la subasta. Entonces, sólo quedaron la entidad presidida por Ana Patricia Botín, que no estaba dispuesta a pagar más de 200 millones de euros. Por tanto, posiblemente fuera el BBVA quien estuviera dispuesto a pagar más, incluso en un escenario en el que los accionistas no perdieran su inversión. Tal vez esta sea la razón por la que no se le permitió tener más tiempo y por el que se aceleraron los plazos, algo que hizo que se cometieran errores que podrían llevar a la anulación de la operación de venta, entre ellos, la compra fuera del plazo estipulado por el FROB.
Por tanto, si existió una valoración positiva de la entidad por parte de los tres bancos que eran candidatos para comprar el Popular, si se estaban celebrando reuniones y negociaciones con importantes entidades como Barclays o Deutsche Bank para una ampliación de capital y si había ofertas para la venta de activos no estratégicos (WiZkink y TotalBank), entonces, ¿por qué Saracho permitió que se llegara a la resolución?
Lo ocurrido durante el fin de semana siguiente da una idea de lo avanzada que estaba ya la operación para que fuese sólo el Santander quien se hiciese con la sexta entidad financiera de España.
La noche del 2 de junio Saracho recibió un correo con la convocatoria a una reunión con Elke König, presidenta de la JUR, y con Jaime Ponce, presidente del FROB. En ese encuentro, celebrado el sábado 3 de junio, se inicia el proceso de resolución del Popular, el Proyecto Hipócrates, una reunión en la que, según diferentes fuentes consultadas por Diario16, también pudo estar presente el despacho de abogados del Santander.
Al día siguiente, Arcano y Jefferies, el asesor externo del FROB remite las cartas anunciando la resolución a las cinco principales entidades españolas, excluyendo a las extranjeras.
El lunes 5 de junio respondieron positivamente a la entrada en el proceso el Santander y el BBVA. Ese mismo día se producen las salidas de depósitos masivas por parte de las administraciones, organismos y empresas públicas, una fuga de liquidez que llevó al Popular a ser declarado inviable el 6 de junio, en una reunión del Consejo de Administración en la que Saracho ocultó las ofertas existentes tanto para ampliar capital como para la venta de activos no estratégicos y en la que se produjeron las irregularidades denunciadas por los exconsejeros ante el juez Calama y que quedaron reflejadas en el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán. Esa crisis de liquidez fue la única causa por la que el Popular fue resuelto puesto que, como afirmó el informe pericial del Banco de España, la entidad era solvente y viable.
Por tanto, si Saracho sabía que existían tres candidatos que estaban dando una valoración positiva el 2 de junio…, ¿por qué siguió adelante con la resolución? La respuesta ya la saben.