Banco Santander, el principal beneficiario de la operación del Banco Popular, ha decidido no entregar una serie de documentos clave para la instrucción. Tal y como publicamos en Diario16, tras la declaración de Ana Patricia Botín, el juez José Luis Calama Teixeira citó a declarar a dos directivos, Víctor Matarranz, director de Estrategias y José Luis de Mora, director de Desarrollo Corporativo del Santander en 2017.
El magistrado, además, reclamó, tanto a Santander como a Bankia, Sabadell o BBVA todos los expedientes e informes internos realizados en el mes de mayo de 2017 sobre la valoración que hicieron del Popular. Es decir, el juez quiere saber cuánto, para estas entidades, costaba la sexta entidad financiera de España.
Mientras los bancos han ido entregando esa documental a la Audiencia Nacional, tal y como exige la ley, el Santander ha decidido, una vez más, hacer caso omiso a las peticiones del juez y no ha entregado la documentación utilizada para la creación del Proyecto Neptuno, es decir, la compra del Popular en un escenario de resolución y por un valor no superior a los 200 millones de euros.
La razón, o excusa, dada por el Santander para no remitir esa documentación al juez Calama es sorprendente: no se creó ningún tipo de expediente interno ni, según el banco presidido por Ana Patricia Botín, existe en los archivos informáticos un espacio donde se centralizara toda la información recogida para la creación del Proyecto Neptuno.
¿Alguien se puede creer que una entidad como el Santander pueda tener tal desorganización? ¿Por eso «juegan en otra liga»? O es que jugar en otra liga supone reírse de la Justicia. Jamás se puede olvidar lo que Jaime Pérez Renovales le dijo a Andrea Orcel, según señaló el banquero italiano: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos». Esa soberbia no es casual, sino la consecuencia de un hecho.
Sin embargo, esta prepotencia del Santander puede tener consecuencias muy graves para la entidad, puesto que el magistrado instructor puede estar harto ya de la obstrucción a la Justicia que supone no entregar unos documentos o negar su existencia. No sería de extrañar que en los próximos días el juez Calama dictara una orden y la Guardia Civil se presentara en la Ciudad Financiera del Santander para recoger la documentación solicitada e, incluso, otra que el magistrado tenga en mente solicitar, como ya hizo el juez Ruz cuando el Partido Popular se negó a entregar la documentación relacionada con la Trama Gürtel.
Esta negativa a entregar documentación a la Audiencia Nacional coincide con la publicación de Diario16 de una serie de documentos que son clave para determinar que la presidenta del Santander no dijo la verdad respecto al plazo de la subasta del Popular. Recordemos que Ana Patricia Botín no dudó en afirmar, en calidad de testigo y obligada a decir la verdad, que la JUR había comunicado formalmente una ampliación del plazo y que por esa razón el Santander presentó su oferta de un euro a las 3.17 de la madrugada, cuando la hora límite para la presentación de ofertas estaba fijado en las 0.00 horas.
Sin embargo, la JUR afirmó en un documento al que tuvo acceso Diario16 que no existía documentación alguna que sustentara la ampliación de los plazos. Por lo tanto, en base a ese documento oficial Ana Patricia Botín pudo cometer un presunto delito de falso testimonio que está penado con penas de hasta 3 años de prisión. Por otro lado, la aparición sorpresiva de esa ampliación formal de plazos, que ni siquiera el Santander había mencionado cuando quiso justificar la legalidad de haber presentado su oferta fuera de plazo, no es más que la consecuencia de que el banco presidido por Ana Patricia Botín puede ver peligrar toda la operación y contemplar seriamente la anulación de la misma por las diferentes justicias que están instruyendo el Caso Popular.
Además, no es la primera vez que el Santander niega el acceso a documentación clave. Diario16 publicó otro documento de la JUR en el que se exponían los argumentos para no entregar determinados informes sobre la oferta presentada el 7 de junio de 2017: «Se ha consultado tanto a Banco Santander como al FROB, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 1049/2001. El Banco Santander se ha opuesto a la divulgación del texto completo de los documentos y ha justificado su posición de la siguiente manera:
- [estos documentos] contienen intereses comerciales, ya que la oferta responde a una decisión estratégica y comercial de la entidad que se detalla en el acuerdo de compra; y
- el contenido sensible de los documentos se ha reconocido expresamente durante el proceso, ya que la oferta y el acuerdo de compra se han tratado como documentos confidenciales.
» En su respuesta, el FROB también se ha referido a las declaraciones del Banco Santander en relación con la no divulgación de este documento», afirmaba la JUR en una respuesta a un afectado que reclamaba esa documentación.
Estos documentos que el banco presidido por Ana Patricia Botín se negó a que fueran entregados a los afectados son una muestra más de que en la opacidad se vive mejor porque se puede operar dentro de la impunidad. Y eso es algo que la Administración de Justicia no puede tolerar porque se estaría incurriendo en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, se está dejando a los 1,2 millones de personas afectadas en la más absoluta indefensión.
Todo lo relacionado con la subasta y la valoración que se hizo en las semanas previas a la resolución es clave, puesto que el hecho de que la oferta del Santander se presentara fuera de plazo, como el propio banco reconoció en un escrito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), supone una infracción grave de las normas que rigen cualquier acto administrativo y traería como consecuencia fundamental la nulidad de todo el proceso.
La anulación de la operación en base a la presentación fuera de plazo de la oferta es clave y Diario16 lleva años, con documentación, informando y reclamando la anulación de todo el procedimiento, del mismo modo en que afectados presentaron ante el Ministerio de Economía de Nadia Calviño una acción de nulidad y que fue archivada, a pesar de la evidencia de las pruebas, colocando, de este modo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el mismo nivel de connivencia que el Gobierno de Mariano Rajoy y Luis de Guindos.
Banco Santander sabe perfectamente que hay tantas irregularidades en el proceso que llevarán a la nulidad de la operación que oponerse a entregar documentación no es más que un modo de intentar retrasar una decisión que, con la Justicia justa en la mano, llegará tarde o temprano.