Entre los afectados por la resolución de Banco Popular hay cierta inquietud respecto a quién va a ser el responsable de devolverles el dinero que se les arrebató con nocturnidad y alevosía en la madrugada del 7 de junio de 2017.
Hay que tener en cuenta varios factores, entre los que destaca que la decisión de la resolución fue adoptada por los organismos europeos con la colaboración de la administración española, lo que daría como responsable a quien tomó la decisión. Sin embargo, quién realmente se está beneficiando del negocio y los activos del Popular es el Santander y, en consecuencia, debería ser el banco presidido por Ana Patricia Botín quien devolviera el dinero a los afectados.
Sin embargo, el Santander se apresuró a solicitar a la Audiencia Nacional que les fuera la exclusión de la posible responsabilidad civil tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 5 de mayo.
En este sentido, el banco cántabro está tendiendo una trampa al juez José Luis Calama, puesto que la sentencia de Europa, tal y como hemos analizado en Diario16, sólo se refiere a la responsabilidad respecto a los afectados que adquirieron sus títulos en la ampliación de capital de 2016. Además, esa sentencia no sería aplicable a aquellos afectados que tenían participación en el Popular previa a mayo de 2014, fecha en la que entró en vigor la Directiva sobre la que se asienta la sentencia del TJUE. Por tanto, lo que el Santander pretende es que el juez Calama extienda a todo el Caso Popular los efectos de una decisión de los tribunales europeos que sólo se circunscribe a una parte de los afectados.
Lo que pretende el Santander es que, en caso de haber una sentencia contraria en Europa (hay más asuntos pendientes que el de la sentencia del 5 de mayo) o en España es que no pagar nada porque quiere extender lo que afirma la decisión del TJUE por la que no tendría responsabilidad civil subsidiaria respecto a lo heredado del Popular. La sentencia europea se refiere sólo a la ampliación de 2016 pero el Santander quiere la totalidad de exención de responsabilidad.
En Reino Unido sí que paga
Sin embargo, el Santander sí que está pagando lo que heredó de otro banco comprado: el Abbey National Bank. Nos referimos a las indemnizaciones por el escándalo de los Payment Protection Insurance (PPI). Todo viene de la venta de un seguro de protección de pagos vendido junto con préstamos no garantizados, tarjetas de crédito e hipotecas. Se comercializó indiscriminadamente a consumidores que conforme a las cláusulas no podían reclamarlo.
Los bancos que vendieron los PPI, entre los que se encontraba Abbey National, recibían una comisión de hasta el 87% de las primas pagadas por el cliente, de forma que, por ejemplo, el banco que vendía una póliza PPI con un coste de 10.000 libras se embolsaba 8.700 de comisión. Los PPI representaban más de una tercera parte de las ganancias de la banca británica en los años de su comercialización masificada, lo que le hacía un producto muy rentable para las entidades financieras a costa de sus clientes.
Los reguladores británicos declararon su ilicitud y obligaron a todos los bancos involucrados en el fraude que comercializaron indebidamente a indemnizar a los clientes afectados. La suma de las indemnizaciones superaría los 53.000 millones de libras (61.786 millones de euros, al cambio actual). Su venta fue calificada por algunos medios ingleses como «estafa». Según el grupo de expertos y el foro de servicios financieros New City Agendael coste de las indemnizaciones es cinco veces mayor que el de los Juegos Olímpicos celebrados en 2012 en Londres.
El Santander se vio obligado a provisionar para indemnizar a sus clientes afectados 1.800 millones de libras y el total podría ascender a más de 2.200 millones. El fraude ha afectado a 2.7 millones de clientes. Y, sin embargo, en este punto el banco presidido por Ana Patricia Botín está pagando indemnizaciones por algo heredado, es decir, lo contrario que pretende hacer con los afectados del Popular.