La resolución del Banco Popular, que ya debería haber sido anulada por las graves irregularidades que con pruebas documentales lleva demostrando Diario16 desde hace más de 4 años, ha provocado una verdadera guerra judicial que se libra en todas las instancias posibles, tanto en España como en Europa. No es para menos, dado que hay 1,2 millones de personas a las que se arrebató su patrimonio con premeditación, nocturnidad y alevosía, 305.000 familias que se convirtieron, de la noche a la mañana, en las víctimas del rescate encubierto del Santander.
Sin embargo, a pesar de las pruebas documentales, a pesar de las declaraciones en la Audiencia Nacional, los afectados desconfían de lo que pueda ocurrir con la Justicia.
No hay duda de que no todos los jueces y juezas son iguales, y quien piense lo contrario se equivoca. En España hay más magistradas y magistrados éticos que hacen su trabajo con dignidad y cumpliendo con su obligación de impartir justicia justa. Sin embargo, el Santander tiene las influencias necesarias para controlar a la Administración de Justicia. Lo peor es que en el banco presidido por Ana Patricia Botín no se esconden, alardean de ello y lo utilizan como elemento coactivo para que los grandes litigios se resuelvan a su favor.
Las cesiones de crédito, el fraude fiscal y el asalto a Banesto, la ocultación de la participación del 8% en Bankinter, la inversión de 3.000 millones de dólares en la estafa piramidal de Madoff, la operación diabólica del Popular, el patrocinio de los cursos de Baltasar Garzón, el presunto blanqueo de capitales de dictadores como Obiang Nguema, la condena a Alfredo Sáenz por estafa procesal, la compra de los terrenos de la Ciudad Financiera, la finca de Mijas, el fraude fiscal en Alemania de los dividendos Cum-ex, son algunos de los muchos escándalos que el Santander ha protagonizado y en los que algunos miembros de la Administración de Justicia han mirado para otro lado. Los próximos podrían ser el Caso Popular y el Caso Orcel.
La seguridad del Santander de que va a salir sin responsabilidad la dejó clara el secretario general del Consejo, y máximo responsable de los servicios jurídicos del banco presidido por Ana Patricia Botín, cuando afirmó a Andrea Orcel que «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».
El problema de esa afirmación es que guarda una relación muy directa con lo que ocurre en la realidad cuando el Santander se enfrenta en España a los grandes litigios. Podrá perder demandas individuales por cláusulas o productos abusivos, reclamaciones de sus clientes o de sus trabajadores y trabajadoras. No obstante, cuando se enfrenta a un caso que pueda afectar, además, a su reputación de cara al mercado, siempre termina ganando.
Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en lo referido a Valores Santander, donde el banco presidido por Ana Patricia Botín pierde día sí y día también en los tribunales, pero, al tratarse de demandas individuales, no le afecta. Lo mismo que respecto al IRPH, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, Hipoteca Tranquilidad o las Multidivisas. Esas condenas no llegan al mercado.
Sin embargo, el Caso Orcel o el Caso Popular sí que ponen en serio riesgo la posición en los mercados financieros, tanto en España como en el resto del mundo. Por eso, estos dos asuntos son en los que el Santander está poniendo a sus mejores abogados, junto a sus lobistas políticos y jurídicos, que sin duda existen, para lograr que la Justicia haga lo que tenga que hacer para que la entidad salga impune, vía una justicia ni justa ni ética..
En el Caso Popular se pudo comprobar cuando, una vez que el juez Calama imputó a la entidad, se movieron todos los resortes necesarios para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional creara una doctrina ad hoc, la Doctrina Botín II, en la que, para salvar al Santander de la imputación se llegó a no aplicar un artículo del Código Penal, el único modo en el que podía desimputar al banco cántabro.
El verdadero peligro está en que la Justicia justa empezara a apuntar que el responsable de devolver su dinero a los afectados del Popular es el Santander por ser quien se ha beneficiado de banco resuelto. Entonces las alarmas saltarán y las influencias comenzarán a funcionar para que esa parte de la Justicia sometida a los intereses de la entidad cántabra inicie su estudio del Caso para, llegado el caso, retorcer la ley para actuar creando una nueva doctrina legal. Todo ello, evidentemente, aunque las pruebas sean tan contundentes como para condenar al Santander. Eso dará igual porque, como dijo Jaime Pérez Renovales a Andrea Orcel, «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Ministerio de Justicia bien podría investigar esta presunta afirmación, en base a una transparencia democrática y constitucional, con el fin de que no sea presunta y más aun con el fin de informar al pueblo español que nuestra democracia se fundamenta en un Estado de Derecho, de justicia e igualdad real. Ya aplauden a los colaboracionistas del Santander diputados cántabros en el Congreso.
Ya hemos visto sentencias relacionadas con la resolución del Banco Popular que, aunque no favorecen al Santander, demuestran que hay jueces y juezas capaces de obviar información fundamental del caso, ya sea por ignorancia (lo que es muy grave puesto que les acerca a la comisión de una presunta prevaricación) ya sea por desviar la atención hacia otros factores del caso que ya se ha demostrado que no son aplicables.
Eso sí que interesa al Santander. Crear cortinas de humo para que los afectados no focalicen sus reclamaciones hacia el banco presidido por Ana Patricia Botín. A la entidad cántabra no le interesa que los tribunales se llenen de demandas por enriquecimiento ilícito porque entonces la atención judicial se fijaría en ellos. Lo más sencillo es que se busque responsables que no podrían pagar las indemnizaciones a los afectados o que sean el Estado español o la Unión Europea quien se haga cargo de ello, es decir, dinero público que pague el rescate al Santander.
Ni la Justicia ni la democracia pueden permitir que esto ocurra porque entonces se haría efectiva la sospecha de que quien de verdad manda en los tribunales es el Santander y, en consecuencia, que el poder en el Estado español se encuentra en un lujoso despacho del Paseo de la Castellana de Madrid y no en la soberanía popular, tal y como señala la Constitución.