El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, no ha caído en la trampa del Santander y ha rechazado la petición de la entidad que preside Ana Patricia Botín de que se le excluya de la posible responsabilidad civil en el Caso Popular.
En un auto al que ha tenido acceso Diario16, el juez, en línea con la Fiscalía, considera que la petición formulada por Banco Santander el pasado 10 de junio es prematura y, además, que el banco no puede esgrimir la reciente sentencia del TJUE para quedar al margen del procedimiento.
Según explica Calama en el auto, la causa se encuentra en fase de instrucción y todavía no se ha llegado al momento procesal en el que se determinen los hechos investigados que pudieran ser constitutivos de infracción penal para valorar la posible responsabilidad civil.
En relación con la reciente doctrina fijada por el TJUE, el magistrado recuerda que se debe a una cuestión prejudicial que elevó la Audiencia de A Coruña dentro en un procedimiento de naturaleza estrictamente civil y ajeno por completo al ámbito penal.
Calama añade que la posible responsabilidad civil del Banco Santander en este procedimiento de naturaleza penal no se ve afectada por la mencionada sentencia del TJUE “que en ningún caso analiza la normativa sobre responsabilidad civil derivada de un delito penal, en el contexto de un proceso de resolución de una entidad financiera”.
Calama no cayó en la trampa
Tal y como publicamos en Diario16, la petición del Santander de ser excluido de la responsabilidad civil escondía una trampa, puesto que la sentencia del TJUE a la que hacía referencia la entidad presidida por Ana Patricia Botín se refería exclusivamente a aquellos afectados que adquirieron sus acciones en la ampliación de capital de 2016, pero no incluiría a aquellos que hubieran adquirido sus acciones en el mercado o en fecha anterior a la entrada en vigor de la Directiva europea, es decir, 2014.
Esta es la trampa del Santander, ampliar las consecuencias de la sentencia del TJUE respecto a la responsabilidad civil a todo el Caso Popular, es decir, liberarse de golpe de cualquier obligación de cara a la devolución del dinero a los afectados que no adquirieron sus acciones a través de la ampliación de capital o anteriormente a 2014.
La realidad es que al Santander no se le quita el miedo a que surjan nuevos frentes judiciales en los que no salga victorioso. El Caso Popular tiene muchas aristas y, como hemos afirmado anteriormente, la sentencia de Europa no es aplicable a todos los afectados y el Santander lo que pretende es quitarse la responsabilidad de golpe anticipándose a esas decisiones de los tribunales que les pueden perjudicar en un futuro.