El pasado 8 de octubre, Ana Patricia Botín, declaró en calidad de testigo en la Audiencia Nacional. La presidenta de Banco Santander estaba obligada a decir la verdad, porque así lo juró o prometió antes de empezar su interrogatorio. El falso testimonio es un delito tipificado en el Código Penal: «El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses».
Un documento de la Junta Única de Resolución (JUR), al que ha tenido acceso Diario16, señala la petición por parte de un afectado una documentación muy concreta relacionada con los plazos de la subasta que terminó con la venta por un euro y la ruina de más de 1,2 millones de personas. En concreto, este afectado solicitaba
«1. Comunicación remitida a Banco Santander S.A. en la que se informaba de que el plazo acordado para la presentación de oferta en el marco del proceso de resolución, que finalizaba a las 0.00 horas del 7 de junio de 2017, había sido extendido, pudiendo presentar oferta pasado dicho plazo;
» 2. Comunicación remitida a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en la que se informaba de que el plazo acordado para la presentación de oferta en el marco del proceso de resolución, que finalizaba a las 0.00 horas del 7 de junio de 2017, había sido extendido, pudiendo presentar oferta pasado dicho plazo;
» 3. Comunicación remitida a cualquier otra entidad en ese mismo sentido, si es que la hubo».
En la respuesta, a la que ha tenido acceso Diario16, la JUR señala que «tras haber examinado detenidamente su solicitud de acceso a los documentos enumerados en los puntos (1), (2) y (3) de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 y la Decisión sobre Acceso Público, lamento informarle de quela JUR no posee ningún documento que se corresponda con la descripción que figura en su solicitud».
Según fuentes presenciales en la declaración de Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander afirmó en la Audiencia Nacional, con la obligación de decir la verdad, que había recibido una comunicación formal de la JUR en la que se ampliaba el plazo. En concreto, según consta en un escrito presentado por una de las partes en la que solicitaba al juez Calama que reclamara la misma documentación que el afectado pidió a la JUR, «adicionalmente, sorpresivamente, la referida testigo [por Ana Patricia Botín], contestó, a pregunta de uno de los letrados intervinientes, que Banco Santander S.A. presentó la oferta de compra de Banco Popular Español S.A. fuera de plazo porque mediante comunicación formal se les indicó que se había aprobado una extensión de dicho plazo, presentándola finalmente pasados unos minutos de las 3.00 horas».
Por tanto, la presidenta del Santander mintió porque no existe ningún tipo de documentación que soporte el testimonio de Ana Patricia Botín. El juez Calama, que ya advirtió a varios testigos sobre el falso testimonio, ahora tiene la prueba de cómo no se dijo la verdad y, tal y como reconoció el propio banco cántabro en su escrito ante el TJUE, la oferta se presentó fuera de plazo y, en consecuencia, toda la operación es nula.